Carmena reh¨²sa multar con la ¡®ley mordaza¡¯ y env¨ªa las actas al Gobierno
El departamento de Concepci¨®n Dancausa ha devuelto todos los expedientes y recuerda que las competencias son del Ayuntamiento
La Concejal¨ªa de Salud, Seguridad y Emergencias ha remitido a la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid todas las multas que ha impuesto la Polic¨ªa Municipal desde la entrada en vigor de la Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, m¨¢s conocida como la ley mordaza. Los responsables de este departamento, pese a que puede suponer altos ingresos para las arcas municipales, creen que no tienen competencias para tramitar estas sanciones por lo que remitieron todos los casos. Por su parte, la delegaci¨®n se los ha devuelto esta semana con un escrito en el que les recuerda que el Ayuntamiento es el competente para imponer las denuncias y cobrar las sanciones tanto de la ley mordaza como por practicar botell¨®n en la calle.
La secretaria general t¨¦cnica de la Concejal¨ªa de Salud remiti¨® un escrito el pasado 5 de octubre un escrito a la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid en el que afirmaba que exist¨ªan ¡°dudas interpretativas¡± de a qui¨¦n le correspond¨ªa imponer las cuant¨ªas y cobrar las sanciones de las multas recogidas en la ley mordaza. La funcionaria reconoce en su escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, que existen dificultades para determinar esa potestad sancionadora ¡°sin caer en discrecionalidades¡±.
Las sanciones podr¨ªan prescribir a los seis meses
El hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya remitido las denuncias por la ley mordaza a la Delegaci¨®n del Gobierno ha sorprendido tanto en la Polic¨ªa Municipal como en el propio departamento que dirige Concepci¨®n Dancausa. Esta nueva norma impone sanciones muy altas en algunos procedimientos, que ingresa el departamento que las tramita.
En el caso de las faltas leves, la cuant¨ªa oscila entre los 100 y los 600 euros. Las graves van de los 601 a los 30.000 euros. Las muy graves (de 30.001 a 600.000 euros) s¨ª son competencia directa del Ministerio del Interior o de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad, dependiente del anterior.
El problema que puede haber con este env¨ªo y devoluci¨®n entre ambas Administraciones es que parte de esas multas se queden al final sin cobrar. Ni siquiera en v¨ªa ejecutiva. Las faltas leves tienen un plazo de prescripci¨®n de seis meses, mientras que las graves llegan hasta el a?o. Si el Ayuntamiento se retrasa en las primeras, quiz¨¢s no las cobre.
El documento afirma que son las delegaciones del Gobierno las que tienen la potestad para sancionar las infracciones graves y leves (las m¨¢s frecuentes), por lo que les pas¨® un listado con distintas infracciones. En concreto, les mandaron las actas levantadas por los polic¨ªas municipales por consumo o tenencia de droga en la v¨ªa p¨²blica; por portar objetos peligrosos para la vida y la integridad f¨ªsica de las personas (todo tipo de armas) y el consumo de bebidas alcoh¨®licas en la calle o en transportes p¨²blicos. Estos ¨²ltimos hechos tambi¨¦n se pueden denunciar por la llamada ley antidroga de la Comunidad de Madrid, como ha venido haciendo hasta ahora la Polic¨ªa Municipal.
La respuesta de la Delegaci¨®n ha sido r¨¢pida. Justo tres semanas despu¨¦s de recepcionar todas las infracciones, el departamento que dirige Concepci¨®n Dancausa devolvi¨® con un oficio del secretario general todas las actas con una premisa clara: ¡°Este departamento considera, en relaci¨®n con la aplicaci¨®n del art¨ªculo 32.1.c) de la ley, que no puede interpretarse del mismo que la iniciaci¨®n y tramitaci¨®n de los procedimientos sancionadores le corresponda competencialmente¡±. A rengl¨®n seguido, explica que los Ayuntamientos son los que deben sancionar en materias como seguridad, sanidad e higiene y de defensa del consumidor y el usuario.
El secretario de la delegaci¨®n hace un compendio de todas las leyes que est¨¢n vigente y que hasta la fecha han sido utilizados por los distintos Ayuntamientos para sancionar todos y cada uno de los procedimientos relacionados. Recuerda, incluso, que Madrid tiene un cuerpo de Polic¨ªa Municipal propio. Es m¨¢s, califica como ¡°n¨ªtidamente definida¡± toda la regulaci¨®n previa y critica incluso la postura de la Concejal¨ªa de Salud: ¡°No cabe ampararse en la Ley Org¨¢nica para hacer una interpretaci¨®n de cesaci¨®n competencial de aquellas que fueron inicialmente asumidas¡±.
El escrito del secretario general de la Delegaci¨®n del Gobierno pone fin a la controversia. Cierra el documento con la devoluci¨®n de todas las actas ¡°a los efectos procedentes¡±, por lo que el Ayuntamiento ser¨¢ el que tenga que tramitarlos. O, al menos, si prescriben por el paso del tiempo ser¨¢ por su ¨²nica y exclusiva causa.
Fuentes municipales explicaron que exist¨ªa ¡°una duda legal¡± por lo que remitieron las actas a la Delegaci¨®n. Tras ser devueltas, se est¨¢n tramitando y remitiendo a los sancionados. Estas fuentes tambi¨¦n destacaron que hay ¡°tiempo suficiente¡± para cobrarlas porque algunas prescriben en un a?o.
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