El juzgado exculpa a la Generalitat del ¡°corralito¡± de l¡¯Aldea
El magistrado alega que a los inspectores les era dif¨ªcil descubrir las artima?as en las cuentas
Los t¨¦cnicos de la Generalitat a quien se les encomend¨® supervisar las cuentas de la cooperativa agr¨ªcola de l'Aldea (Baix Ebre) ten¨ªan la misi¨®n de redactar un informe de inspecci¨®n pero, en ning¨²n caso, de tramitar un expediente sancionador. As¨ª lo manifiesta el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Tortosa en un auto que desimputa al exdirector general de Pol¨ªtica Financiera de la Generalitat, Ferran Sicart, y a dos inspectores del cuerpo, Ramon Cortacans y Pau Benito. El juzgado les libera de las diligencias previas que se siguen contra la quiebra de la secci¨®n de cr¨¦dito de la cooperativa agr¨ªcola y, de esta manera, la Generalitat se exime de responsabilidad en un asunto que mantiene entrampados 4,5 millones de euros de unos 300 ahorradores.
El juzgado tampoco encuentra justificado mantener en la causa a la auditora BDO y a su responsable, Juan Carlos Torres. A pesar de reconocer que la Generalitat deber¨ªa haber llevado a cabo un "control m¨¢s escrupuloso" de la entidad, de aceptar que no se actu¨® con la diligencia debida y que hubo fallos en la vigilancia financiera de la oficina de l'Aldea, el auto judicial argumenta que no era tarea sencilla para los inspectores descubrir el falseamiento de cuentas y la pignoraci¨®n de activos que hab¨ªan realizado los directivos de la secci¨®n de cr¨¦dito.
La Generalitat detect¨® irregularidades en las auditorias de 2007 pero, sin embargo, Sicart y sus colaboradores optaron por archivar el asunto sin escarbar m¨¢s. Los inspectores se limitaron a dar un toque de atenci¨®n a los encargados de llevar al d¨ªa las cuentas de la entidad y dieron por bueno el prop¨®sito de enmienda que manifestaron los dirigentes de la cooperativa -los mismos que se apresuraron a poner a salvo su dinero cuando la quiebra ya era inminente-.
Este proceder les terminar¨ªa costando a los t¨¦cnicos de la Generalitat una imputaci¨®n por un supuesto delito contra la administraci¨®n p¨²blica , pero ahora el mismo juzgado les ha redimido. Los socios afectados por la quiebra han anunciado la presentaci¨®n de recursos y reclamaciones patrimoniales ya que, con la desimputaci¨®n de la Generalitat y de la auditora BDO, ven seriamente comprometidas sus pretensiones para que alguien responda, ni que sea subsidiariamente, de la quiebra. Solo les queda la carta de Bankia, que aun sigue imputada por un presunto delito de apropiaci¨®n indebida. Bankia supuestamente operaba con los impositores de la secci¨®n de cr¨¦dito como si fueran clientes suyos, abriendo cuentas sin su autorizaci¨®n. Esto le permiti¨® incrementar sus beneficios econ¨®micos pero cuando la secci¨®n de cr¨¦dito quebr¨®, Bankia quiso desvincularse completamente del negocio.
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