Debate sin l¨ªmites

En dos ocasiones el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse de forma directa sobre los l¨ªmites del debate pol¨ªtico respecto a la independencia de Catalu?a. La primera, en marzo de 2014 con motivo del recurso presentado por el Gobierno contra la declaraci¨®n soberanista; la segunda, esta pasada semana, en relaci¨®n a la petici¨®n de suspensi¨®n del debate previsto para hoy sobre la declaraci¨®n de independencia presentada por C's y PP. En ambas, el TC ha decidido por unanimidad que la c¨¢mara catalana tiene reconocido el derecho a debatir sin l¨ªmite alguno sobre las propuestas encaminadas a convertir a Catalu?a en un Estado independiente.

El t¨®pico del argumentario independentista descalifica al TC como un instrumento pol¨ªtico en manos de los partidos mayoritarios espa?oles y m¨¢s espec¨ªficamente del PP, pero no hay nada que permita deducirlo de las dos decisiones, ni de la sentencia sobre la declaraci¨®n soberanista, ni de las providencias que rechazan la suspensi¨®n del primer pleno del nuevo parlamento programado para hoy lunes, perfectamente imaginables en un tribunal que no respondiera a las caracter¨ªsticas y vicios que se le achacan desde el movimiento soberanista.

El choque de legitimidades ser¨¢ entre los 72 diputados? independentistas, encabezados por Carme Forcadell, y el TC con los poderes constitucionales en la mano para frenarla

No est¨¢ de m¨¢s recordar que la sentencia contra la declaraci¨®n soberanista considera ¡°inconstitucional y nulo¡± el principio que atribuye al ¡°pueblo de Catalu?a (...) car¨¢cter de sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±, pero como contrapartida ve aceptables dentro de la Constituci¨®n las referencias "al derecho a decidir de los ciudadanos de Catalu?a", considerado como una aspiraci¨®n pol¨ªtica a la que se puede llegar siguiendo los principios de legitimidad democr¨¢tica, pluralismo y legalidad. En la misma l¨ªnea, las dos providencias de la pasada semana consideran ¡°como uno de los fundamentos del sistema democr¨¢tico que el parlamento es la sede natural del debate pol¨ªtico¡± y que en consecuencia ¡°el eventual resultado del debate parlamentario es cuesti¨®n que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate¡±. Para simplificar, en los ¨®rganos de representaci¨®n democr¨¢tica cabe debatir propuestas que desbordan el marco legal e incluso mociones que proponen su superaci¨®n o anulaci¨®n. Pero que todo se pueda discutir no significa que todo lo que se discuta y decida en un parlamento sea democr¨¢tica y constitucionalmente aceptable.

C's y PP defend¨ªan en su recurso que no cabe admitir a tr¨¢mite propuestas de debate que desbordan o pretendan anular la Constituci¨®n. El PSC, que considera inconstitucional la declaraci¨®n y por ello la recurri¨® en amparo, no pidi¨® la suspensi¨®n del debate. El resto de fuerzas, incluida al menos una parte de Catalunya S¨ª que es Pot, piensa que el Parlamento tiene legitimidad para discutir y tambi¨¦n aprobar cuantas mociones y propuestas que considere en la medida en que cuenta con el aval de las urnas.

Para la consejera y portavoz del Gobierno catal¨¢n, Neus Munt¨¦, es una cuesti¨®n de respeto a la libertad de expresi¨®n y al mandato democr¨¢tico, aunque ambos argumentos han sido rebatidos por el TC. Respecto a la primera, el tribunal la resuelve al aceptar el debate de hoy y tambi¨¦n en la sentencia sobre la declaraci¨®n de soberan¨ªa al considerar que el texto ¡°puede producir efectos jur¨ªdicos¡± y no es una mera declaraci¨®n fruto de la libertad de expresi¨®n. Respecto a la segunda, el mandato democr¨¢tico, el TC no entra, como es natural, a valorar los resultados electorales que, ciertamente, han proporcionado una mayor¨ªa de diputados independentistas, pero sin el aval plebiscitario de una mayor¨ªa de votos que pidieron en la campa?a; pero s¨ª coloca ciertos l¨ªmites a dicho mandato a la hora de tomar ciertas resoluciones.

Las providencias del TC que autorizan el debate parlamentario de hoy recuerdan ¡°el deber de fidelidad a la Constituci¨®n por parte de los poderes p¨²blicos¡±, de forma que es ¡°a la propia C¨¢mara auton¨®mica a la que corresponde velar porque su actuaci¨®n se desarrolle en el marco de la Constituci¨®n¡±, aunque a?ade que eso se producir¨¢ ¡°sin prejuicio de que la ¨²ltima palabra, cuando as¨ª se le pida, le corresponder¨¢ a este TC¡±. En estos p¨¢rrafos, reforzados por la unanimidad, los magistrados reivindican su autoridad ¨²ltima e incluyen una advertencia impl¨ªcita a la presidencia del Parlament de forma que, al final de las cuentas, el choque de legitimidades ser¨¢ entre los 72 diputados de la mayor¨ªa independentista, encabezados por Carme Forcadell, y el TC con los poderes constitucionales en la mano para frenarla.

Todo se puede discutir en democracia, pero no todo se puede hacer en democracia. Y lo que menos, vulnerar la legalidad por mayor¨ªa simple, como en una asamblea de facultad, y sin seguir las reglas legales establecidas para modificar las leyes.