¡°Solo se ha aceptado el 5% de nuestras medidas contra la corrupci¨®n¡±

Pedro Viguer (Valencia, 1965) lleva ocho a?os como decano de los jueces de Valencia, un cargo que eligen los propios magistrados. Viguer vuelve a presentarse a la votaci¨®n del 27 de noviembre sin que de momento se conozcan m¨¢s candidatos.?

Pregunta. Hace un a?o los jueces decanos plantearon 60 medidas contra la corrupci¨®n. ?Qu¨¦ eco han tenido?

Respuesta. Las sugerencias eran planteadas por quienes conocen lo que podr¨ªa mejorar el funcionamiento de la jurisdicci¨®n penal porque est¨¢n todos los d¨ªas trabajando en los procesos. Muchas de las medidas son solo de car¨¢cter legislativo y no necesitar¨ªan desembolso. Algunas han sido incorporadas.

P. ?Cu¨¢les?

R. Ped¨ªamos una modernizaci¨®n de la regulaci¨®n de las medidas de investigaci¨®n tecnol¨®gica, como la intervenci¨®n de las comunicaciones. Era muy importante porque las intervenciones telef¨®nicas estaban reguladas en cuatro l¨ªneas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso generaba muchas dudas y funcion¨¢bamos a golpe de jurisprudencia. Ahora se le ha dado una regulaci¨®n mucho m¨¢s completa.

"Ha de plantearse ya un cuerpo de peritos contables a disposici¨®n de los jueces. Tenemos conocimientos jur¨ªdicos, pero no econ¨®micos"

P. ?Qu¨¦ cambios echa m¨¢s en falta?

R. Se tiene que plantear ya muy seriamente que se cree un cuerpo de peritos contables a disposici¨®n de los jueces. Nosotros tenemos conocimientos jur¨ªdicos, pero no econ¨®micos. Y que se regulen los recursos durante la instrucci¨®n. No puede ser que todo sea recurrible porque retrasa y paraliza las investigaciones. Tambi¨¦n la supresi¨®n en la medida de lo posible de los aforamientos, quiz¨¢ manteniendo los que prev¨¦ el texto constitucional.

P. ?Qu¨¦ porcentaje de las 60 medidas que plantearon se han aplicado?

R. Pocas, puede ser un 5%. Y pese a no aplicarse, nos hemos encontrado con otra que parece destinada, m¨¢s que a facilitar el trabajo de los jueces, a obstaculizarlo. Me refiero al establecimiento de un plazo l¨ªmite en la instrucci¨®n de seis meses.

P. ?No es bueno que haya un plazo para que los procedimientos no se alarguen indefinidamente?

"Limitar a seis meses la investigaci¨®n judicial no tiene sentido cuando una comisi¨®n rogatoria a otro pa¨ªs puede tardar dos a?os"

R. Yo creo que tiene un car¨¢cter voluntarista. No por decir que las causas tienen que durar seis meses van a durar ese tiempo. No se soluciona as¨ª. Sobre todo porque durante la investigaci¨®n hay numerosos par¨¦ntesis que no dependen del juzgado. Si remites una comisi¨®n rogatoria a Estados Unidos o Gran Breta?a, no digamos a un pa¨ªs del Tercer Mundo, puede costar dos a?os que te la respondan contestada. O cuando se practica una entrada y registro y se interviene abundante documentaci¨®n, la polic¨ªa no va a traerte el atestado ampliatorio tras analizarla hasta transcurridos unos meses. Si pides una pericial de ADN o cualquier informe t¨¦cnico, va a tardar. Todos estos tiempos muertos hacen que se pueda llegar a cerrar procedimientos en situaci¨®n de impunidad.

P. El Gobierno argumenta que habr¨¢ pr¨®rrogas cuando sea necesario investigar m¨¢s.

R. Los plazos son generosos. Pero no acabamos de entender qu¨¦ necesidad hay de establecer esta limitaci¨®n de plazo cuando gran parte de los tiempos muertos no dependen de los juzgados o tribunales. Adem¨¢s, se transmite la idea de que los procedimientos se retrasan por hechos imputables a los jueces.

P. ?Por qu¨¦ cree que no se les escucha m¨¢s?

R. Yo creo que s¨ª se nos escucha.

P. Entonces ?por qu¨¦ no se les hace caso?

R. No lo s¨¦. Habr¨¢ criterios de oportunidad pol¨ªtica, no me atrevo a decir. Pero hay muchas reformas, las m¨¢s sensatas dir¨ªa yo, de los ¨²ltimos cuatro o cinco a?os, no solo en el ¨¢mbito penal, que est¨¢n basadas en propuestas de los jueces decanos. Por ejemplo, que la Administraci¨®n pueda ser condenada en costas si se opone a una pretensi¨®n de forma temeraria. La desjudicializaci¨®n de gran parte de la jurisdicci¨®n voluntaria -aquellos casos donde no hay litigio pero se necesita un auto judicial, como la venta de una finca de un menor, que tambi¨¦n pueden hacer notarios o secretarios judiciales-. La despenalizaci¨®n de las faltas. La ley de segunda oportunidad. Y muchas otras.

"No soy partidario de suprimir el Consejo del Poder Judicial. Otra cosa es que haga falta reformarlo"

P. Los partidos est¨¢n proponiendo reformas de la justicia. Una de ellas prev¨¦ suprimir el Consejo General del Poder Judicial. ?Qu¨¦ opina?

R. No soy partidario. Uno de los grandes logros de la Constituci¨®n Espa?ola fue conseguir un ¨®rgano de gobierno de los jueces. Otra cosa es que haya que modificar el sistema de nombramiento de los vocales. Creo que el sistema genuino ser¨ªan 12 vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces y ocho de procedencia parlamentaria.

P. ?No implicar¨ªa ello dejar demasiado poder en manos de los jueces al margen de las Cortes?

R. Es el sistema que est¨¢ vigente en Italia, parecido al que hay en Francia y el que originariamente preve¨ªa la Constituci¨®n. Combina la participaci¨®n de los jueces y, para estar abierto a las distintas corrientes del mundo jur¨ªdico, tambi¨¦n se elegir¨ªan cuatro vocales por el Congreso y cuatro por el Senado. Precisamente para evitar el corporativismo.

P. Los atentados de Par¨ªs han abierto el debate sobre si hay que reformar el marco legal antiterrorista. ?Necesitan los jueces y la polic¨ªa m¨¢s herramientas?

R. Es un tema que se est¨¢ desarrollando en Francia, pol¨ªtico y en el que no debo entrar. En Espa?a desde luego los derechos est¨¢n sobradamente protegidos, creo que contamos con suficientes herramientas y tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que funcionan muy bien.

P. ?El proceso secesionista en Catalu?a preocupa a los jueces?

"Pilar de la Oliva ha presidido el Tribunal Superior valenciano con dignidad, neutralidad y discreci¨®n"

R. Es un tema pol¨ªtico. Nos preocupa como puede preocupar a cualquier ciudadano. En todo caso, la ley est¨¢ para cumplirla.

P. ?Cree que Pilar de la Oliva deber¨ªa seguir como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana?

R. No puedo interferir en la elecci¨®n del presidente del Tribunal Superior. Todos los candidatos son id¨®neos. Lo que s¨ª puedo decir es que me une una relaci¨®n de amistad y de admiraci¨®n hacia Pilar que es indudable. Creo que es una magn¨ªfica magistrada y que ha ejercido el cargo con dignidad, con neutralidad y con discreci¨®n, pero es una opini¨®n personal.

P. ?Qu¨¦ impresi¨®n tiene del nuevo Gobierno valenciano?

R. Creo que hay voluntad y ganas de hacer cosas para dar un empuj¨®n a la Administraci¨®n de justicia, pero el tiempo lo dir¨¢.

P. ?Cu¨¢les son las principales necesidades de los juzgados valencianos?

R. El problema es que est¨¢ todo por hacer. Lo primero ser¨ªa elevar el n¨²mero de jueces para acercarnos a la media espa?ola. Tenemos 11 por cada 100.000 habitantes frente a la media de 21 de los pa¨ªses del Consejo de Europa. En la UE estamos en el puesto 21 de 28 pa¨ªses. No hemos logrado una apuesta decidida en justicia, a pesar de que cambian los gobiernos. Llevo ocho a?os en el decanato y estamos pr¨¢cticamente en el mismo punto. No se crean apenas plazas judiciales. Tenemos una organizaci¨®n territorial, de partidos y juzgados, que es casi la misma que en 1870. Una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, no se acaba de acertar con un procedimiento judicial oral, moderno y flexible. M¨¢s de la mitad de los juzgados de Espa?a tienen una carga de trabajo del 150%. Y hay tres jurisdicciones en una situaci¨®n bastante lamentable que son la civil, la mercantil y la social, con se?alamientos a dos a?os vista. Un Consejo del Poder Judicial en el que los jueces no se sienten representados...