La Fiscal¨ªa pide penas de hasta 108 a?os por la venta de datos sanitarios

Una de las derivadas del caso Pitiusa (la mayor red de tr¨¢fico ilegal de datos desarticulada en Espa?a) llega a juicio. Y los acusados ¡ªcuatro detectives privados catalanes¡ª afrontan peticiones de c¨¢rcel ins¨®litas por comprar y vender historiales m¨¦dicos de pacientes de la sanidad p¨²blica, incluidos menores de edad. La Fiscal¨ªa pide la friolera de 108 a?os de c¨¢rcel para el principal traficante de datos sanitarios, Jordi Agust¨ª. Este investigador privado de 59 a?os se hac¨ªa pasar por m¨¦dico para conseguir, con una llamada de tel¨¦fono, que los profesionales sanitarios le facilitaran informaci¨®n confidencial de sus pacientes. El fiscal se?ala que Agust¨ª vend¨ªa los datos a otros detectives, y que estos acababan en manos de aseguradoras.

¡ª?Doctora Mart¨ª? Soy el doctor Jordi Bosch, de aqu¨ª del ICAP de Vallcarca de Barcelona (...) Mira, es referente a un ni?o de 13 a?os... ?Qu¨¦ sab¨¦is de este ni?o?

Con esa llamada telef¨®nica, que consta en el sumario del caso Pitiusa, el principal acusado de la trama logr¨® que una m¨¦dico de un ambulatorio de Sabadell le detallara la situaci¨®n de un menor de edad que, presuntamente, hab¨ªa sufrido malos tratos por parte de su padre.

Otros detectives compraban los datos, que acababan en manos de aseguradoras

El fiscal afirma que ¡°no se ha podido determinar¡± qui¨¦n encarg¨® el historial cl¨ªnico del menor. Lo mismo ocurre con los expedientes de otros pacientes que fueron hallados en el ordenador personal de Jordi A. durante los registros. El fiscal Emilio S¨¢nchez Ulled subraya que es ¡°sumamente significativo¡± que muchas de las personas ¡°cuya intimidad se vio quebrantada¡± se hab¨ªan visto involucradas ¡°en accidentes de tr¨¢fico con reclamaciones a compa?¨ªas de seguros¡±, o ¡°en alg¨²n otro tipo de litigio¡±. El destinatario final de esos datos, por tanto, eran empresas y aseguradoras que utilizaban los servicios de los detectives para investigar a sus trabajadores o clientes.

La instrucci¨®n judicial s¨ª ha identificado a tres personas que encargaron directamente los historiales a Jordi A ¡°con pleno conocimiento de que la informaci¨®n iba a ser obtenida ilegalmente¡±. Se trata de tres detectives considerados ¡°inductores¡± y para quienes el fiscal solicita penas variables, en funci¨®n del n¨²mero de informes solicitados: Francisco Javier V. (40 a?os de c¨¢rcel), Jos¨¦ C. (16) y Rub¨¦n C. (4). El fiscal tambi¨¦n pide que sean inhabilitados para ejercer como detectives.

El escrito de acusaci¨®n atribuye al detective Jordi A. un total de 23 delitos contra la intimidad cometidos entre enero de 2011 y mayo de 2012. Y pide, por cada uno de ellos, una condena de entre cuatro y cinco a?os de prisi¨®n. Desde su despacho de Vic (Osona), el detective ¡°ofrec¨ªa de forma habitual a sus clientes la posibilidad de conocer informaci¨®n m¨¦dica y socio-sanitaria¡±.

400 euros por historial

Por cada expediente, cobraba ¡°entre 200 y 400 euros¡±. El fiscal subraya el car¨¢cter ¡°habitual, reiterado y pertinaz¡± de la conducta de Jordi A., que ¡°rebasa el da?o evidente a la esfera m¨¢s ¨ªntima de personas f¨ªsicas¡± y afecta tambi¨¦n ¡°al inter¨¦s p¨²blico¡±.

El cerebro de la trama consegu¨ªa la informaci¨®n mediante llamadas telef¨®nicas, ¡°simulando ser un m¨¦dico o funcionario de alg¨²n servicio p¨²blico relacionado con la sanidad¡±. Tras ¡°ganarse la confianza de su interlocutor¡±, lograba que le facilitara verbalmente e incluso por escrito los datos que requer¨ªa. En uno de los casos, el investigador logr¨® informaci¨®n sobre las lesiones y secuelas de un paciente, e incluso de su ¡°estado ps¨ªquico¡±. La actuaci¨®n de Jordi A. no se limitaba al ¨¢mbito catal¨¢n: tambi¨¦n llam¨®, haci¨¦ndose pasar por m¨¦dico, a centros de salud p¨²blicos de Tenerife y Sagunto.

La defensa del detective, que ejerce el abogado Fernando Mart¨ªnez ¡ªletrado de otros imputados en Pitiusa que han sido exculpados¡ª argumenta que su cliente se limit¨® a verificar datos que ya conoc¨ªa en el marco de su trabajo como detective y subraya la ¡°desproporci¨®n¡± de la pena solicitada por el fiscal.