L¨®gica del proceso

A medida que pasan los d¨ªas, se van comprobando los devastadores efectos que la declaraci¨®n de insurgencia adoptada por el Parlament produce sobre el proceso soberanista. La Resoluci¨®n 1/XI ha suscitado rechazo en la comunidad internacional, puesto en alerta m¨¢xima a la poderosa maquinaria del Estado y desencadenado gran inquietud en importantes sectores sociales, as¨ª como en muchos ciudadanos de Catalu?a, incluso entre los votantes de las opciones independentistas.

Desde el punto de vista jur¨ªdico e institucional, la declaraci¨®n ha conducido a una situaci¨®n de absurdo l¨®gico, como demuestran las alegaciones del Parlament contestando a su impugnaci¨®n por parte del Gobierno. Para empezar, su sola personaci¨®n ante el Tribunal Constitucional es una flagrante desobediencia de la propia moci¨®n, por cuanto en ella se proclama que ¡°esta C¨¢mara no se supeditar¨¢ a las decisiones de las instituciones del Estado espa?ol, en particular del Tribunal Constitucional¡±. Presentando alegaciones, el Parlament no desobedece al Estado sino al Parlament. No es una cuesti¨®n jur¨ªdica, sino de l¨®gica aristot¨¦lica. Por si fuera poco, ¨¦ste invoca en su escrito la doctrina establecida por el tribunal ¡ªla declaraci¨®n le ¡°considera carente de legitimaci¨®n y de competencia¡±¡ª, le solicita su reconsideraci¨®n y revisi¨®n, y le pide la aplicaci¨®n del sel-restraint para asegurar que no se extralimite e invada la esfera propia del Parlament.

Pero, ?No es ¨¦ste el ¡°depositario de la soberan¨ªa y el poder constituyente¡±? ?Son acaso las alegaciones la primera ¡°medida necesaria¡± para abrir el proceso de ¡°desconexi¨®n democr¨¢tica¡± del Estado? Sostiene el Parlament, como hizo en la impugnaci¨®n de la Declaraci¨®n de soberan¨ªa, de 2013, que las resoluciones no producen efectos jur¨ªdicos al carecer de la fuerza legal de obligar y no poder anular el principio de legalidad al que est¨¢ sujeto el Gobierno. Sin embargo, resulta que la resoluci¨®n independentista ¡°insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente con las normas o mandatos emanados de esta C¨¢mara¡±. ?C¨®mo quedamos? ?El gobierno est¨¢ sujeto a la ley pero debe desobedecerla? En las alegaciones se afirma que los efectos de las resoluciones se despliegan en el ¨¢mbito propio de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. Y en el anexo de la declaraci¨®n se detallan las ¡°medidas que ha de aplicar el futuro gobierno¡±, como la inaplicaci¨®n de leyes estatales en Catalu?a, o la aplicaci¨®n de leyes catalanas ahora suspendidas. ?Son una ¡°simple instrucci¨®n indicativa¡± como dice el escrito del Parlament? Entonces el futuro Govern no debe forzosamente aplicar las medidas del anexo. ?O el cumplimiento de esos mandatos debe ser objeto de control parlamentario? En este caso, el ejecutivo deber¨¢ dar cuenta en la C¨¢mara del cumplimiento de la declaraci¨®n e incumplir las leyes espa?olas y las resoluciones del TC. El futuro Govern no podr¨¢ seguir el principio l¨®gico del tercero excluido: o incumple la ley o incumple la declaraci¨®n de insurgencia. Tertium non datur.

Enric Fossas Espadaler es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.