El juez indaga si la Generalitat us¨® datos sanitarios para organizar el 9-N

La investigaci¨®n judicial por la consulta independentista del 9-N ampl¨ªa horizontes. El juez indaga ahora, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa, si la Generalitat utiliz¨® datos sanitarios para organizar la jornada de participaci¨®n. Un t¨¦cnico y un responsable de T-Systems -la empresa contratada para poner en marcha la "arquitectura" de la base de datos- declarar¨¢n como testigos el pr¨®ximo enero.

El fiscal cree que los trabajos asumidos por T-Systems y otras empresas se enmarcaron en un proyecto m¨¢s amplio, bautizado como Invictus, que fue "directamente impulsado" por el Departamento de Presid¨¨ncia y ten¨ªa como objetivo "crear dos bases de datos de ciudadanos" de cara a la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Uno de los ficheros iba a cargarse con datos "extra¨ªdos del Registro Central de Asegurados" del Servicio Catal¨¢n de la Salud (CatSalut); el otro, con datos del Registro de Poblaci¨®n de Catalu?a. "Cabe concluir", se?ala el fiscal, que la aplicaci¨®n creada por T-Systems e instalada en los 7.000 ordenadores que la Generalitat compr¨® para la consulta y distribuy¨® en los centros de votaci¨®n, "inclu¨ªa el tratamiento e datos personales" con origen en "ficheros de titularidad p¨²blica".

Los fiscales Francisco Ba?eres y Emilio S¨¢nchez Ulled pidieron la declaraci¨®n de los dos empleados de T-Systems, que este lunes ha sido acordada por el juez: Bernat R. -encargado de coordinar los trabajos con la Generalitat- y el t¨¦cnico Alejandro N. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha solicitado (y as¨ª lo ha acordado el juez) que se pida a Presid¨¨ncia si las bases de datos del proyecto Invictus "fueron efectivamente creadas".

En su declaraci¨®n como imputado por un delito de desobediencia, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, neg¨® que se usaran datos de ficheros p¨²blicos en la consulta. En la misma l¨ªnea se expresaron las otras dos personas imputadas en la causa del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Ense?anza en funciones Irene Rigau. Todos ellos asumieron su responsabilidad pol¨ªtica, pero afirmaron que, tras el veto del Tribunal Constitucional (el 4 de noviembre), la Generalitat se desentendi¨® del proceso, que qued¨® en manos de "voluntarios".

Campa?a institucional

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) Joan Manel Abril, instructor de la causa del 9-N, tambi¨¦n ha acordado nuevas diligencias pedidas por la Fiscal¨ªa sobre los gastos en que incurri¨® la Generalitat para organizar la consulta. La "partida m¨¢s cuantiosa" asumida por el Departamento de Presid¨¨ncia, se?ala el fiscal, es la relativa a la "inserci¨®n en los medios de comunicaci¨®n de los contenidos de la campa?a institucional para informar sobre el proceso de participaci¨®n": un total de 806.403 euros.

La empresa adjudicataria fue Media Planning Group, propiedad de la familia Rod¨¦s. El fiscal considera que, por ahora, "se carece de suficiente informaci¨®n tanto en relaci¨®n con el encargo efectuado" a esa empresa como su ejecuci¨®n. Y por ello ha pedido a Media Planning la "relaci¨®n completa de las actuaciones efectuadas", incluyendo una "descripci¨®n detallada" de cada actividad. Tambi¨¦n ha solicitado a Presid¨¨ncia que remita "el expediente completo de contrataci¨®n".