El Gobierno se desvincula de la gesti¨®n anterior de la Ciudad de la Justicia

El viceconsejero de Presidencia y Justicia Enrique Ruiz Escudero, ha rechazado este martes que la Comunidad de Madrid sea responsable de las "decisiones pol¨ªticas" tomadas por gobiernos anteriores sobre el Campus de la Justicia en aspectos como la contrataci¨®n de personal.

"De las decisiones pol¨ªticas tomadas en su momento no somos responsables. La responsabilidad nuestra ahora es con este archivo del Campus de la Justicia ofrecer transparencia m¨¢xima y que puedan examinar la informaci¨®n necesaria", ha afirmado Ruiz Escudero a los grupos de la oposici¨®n en la comisi¨®n de estudio de la deuda que se ha celebrado este martes en la Asamblea de Madrid, donde la portavoz socialista, Mercedes Gallizo, ha preguntado por la contrataci¨®n de personal y los finiquitos recibidos por estos cargos de libre disposici¨®n.

"Dentro del archivo no hay ning¨²n documento en que se digan los sistemas de selecci¨®n de personas empleados ni las categor¨ªas. La documentaci¨®n al respecto sobre los sistemas de selecci¨®n no consta en la parte del archivo que hemos analizado", ha explicado Ruiz Escudero, ante quien Gallizo ha criticado que los responsables pol¨ªticos en esta materia en aquel momento "no quieren venir a la comisi¨®n" y los actuales responsables pol¨ªticos "se desentienden de la gesti¨®n pol¨ªtica".

La parlamentaria socialista ha sostenido que "hay una responsabilidad pol¨ªtica y una irresponsabilidad del Gobierno de la Comunidad, de sus viceconsejeros y consejeros de Presidencia que pon¨ªan a estas personas". "Veremos c¨®mo se tienen que acabar dirimiendo estas responsabilidades", ha apostillado.

A pesar de no dar la informaci¨®n de los criterios que se siguieron para contratar al personal, Ruiz Escudero ha detallado el personal que trabajo en la Sociedad Campus de la Justicia entre 2005 y 2012.

En 2005, hab¨ªa cuatro empleados con un coste total de 102.135 euros; en 2006, seis trabajadores con un coste 246.710 euros; en 2007, diez con un coste de 373.665 euros; en 2008, diez con un coste de 818.773 euros; en 2009, ocho empleados (657.165 euros); en 2010, cuatro, con un coste de 415.830 euros; en 2011, dos empleados y 83.985 euros y en 2012, dos empleados y un coste total de 68.145 euros.

Lo que no tiene, ha a?adido, es el dato concreto del finiquito de estas personas, ya que, ha asegurado, "no figuran" en el archivo del Campus de la Justicia al que han tenido acceso desde el Gobierno.

Gallizo tambi¨¦n ha preguntado por el coste global de la exposici¨®n 'IUSTITIA, la Justicia en las Artes', organizada en 2007. A este respecto, Ruiz Escudero ha afirmado que el coste global de la exposici¨®n, dise?o y edici¨®n del libro, organizado y editado en 2002, "no figuran como datos concretos en el archivo".

Lo que s¨ª consta son los gastos totales de ese a?o, que ascendieron a 4,8 millones de euros, y "ah¨ª est¨¢ incluido el gasto del libro" junto con los de otras treinta actividades que se realizaron al respecto. En cuanto a la recaudaci¨®n del libro, tampoco tienen el dato concreto. Eso s¨ª, los ingresos totales ese a?o fueron de 2,1 millones de euros.

En otro orden de cosas, Gallizo ha preguntado por el coste del dise?o y la edici¨®n del libro 'Norman Foster - Edificios de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia' del que la sociedad Campus de la Justicia edit¨® 3.058 ejemplares, a lo que Ruiz Escudero ha contestado diciendo que el dato concreto del coste del dise?o y edici¨®n del libro fue de 38.958 euros, una factura que fue remitida a la Editorial Everest. No obstante, tampoco ha aportado los datos de recaudaci¨®n.

INDICIOS DE DELITOS CONTABLES

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisi¨®n, Eduardo Guti¨¦rrez, ha criticado que no aparezcan los finiquitos de las indemnizaciones o que no se conozcan los gastos de los libros publicados, ni los ingresos logrados por los mismos.

A su juicio, estamos ante "ante indicios de delitos contables porque existen obligaciones legales, como la Ley General de Contabilidad, que exigen a los gestores de empresas p¨²blicas cumplir con la legislaci¨®n".

Cuando haya indicios suficientes de la existencia de un delito contable, ha avanzado que propondr¨¢n a la comisi¨®n un dictamen separado y espec¨ªfico del Campus de la Justicia para ponerlo a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa de delitos Econ¨®micos porque son "meros indicios pero apuntan a un sentido muy malo".

Adem¨¢s, ha criticado que pidieron hace m¨¢s de un mes el Libro Mayor del Campus de la Justicia y "el Gobierno de Cristina Cifuentes no ha facilitado esa informaci¨®n", por lo que est¨¢n considerando "seriamente realizar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Por ¨²ltimo, el diputado popular, Juan Antonio G¨®mez-Angulo, ha asegurado que el viceconsejero "est¨¢ dando toda clase de informaci¨®n" que tiene a su alcance y ha se?alado que est¨¢n a la espera de la comparecencia del exconsejero del ramo Alfredo Prada, que pidi¨® comparecer en este organismo a petici¨®n propia.

A su juicio, es la persona que "m¨¢s puede aportar sobre la concepci¨®n inicial del Campus de la Justicia" y sobre por qu¨¦ finalmente el proyecto se frustr¨®.

El popular ha asegurado que se ha amparado la petici¨®n de informaci¨®n de cualquier diputado y ha aseverado que "no hay ning¨²n tipo de labor obstruccionista".