Absuelta una exedil de Ourense de un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica

La socialista ?urea Soto ha sido absuelta de un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica durante su etapa como concejala de Urbanismo de Ourense, en relaci¨®n con la concesi¨®n de licencia a los edificios de la Plaza de San Antonio y el aparcamiento subterr¨¢neo.

El juicio se celebr¨® a mediados del pasado mes de noviembre y, en su declaraci¨®n, la exedila neg¨® haber incurrido en prevaricaci¨®n con esa decisi¨®n e incluso lleg¨® a denunciar que el objetivo de la vista era forzar su salida de la pol¨ªtica local. As¨ª, sostuvo que "nadie" en el consistorio le manifest¨® dudas sobre la legalizaci¨®n de ese conjunto para rebatir la petici¨®n de diez a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico que pesaba sobre ella.

La investigaci¨®n judicial se inici¨® a ra¨ªz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana en 2011, que acab¨® retir¨¢ndose del caso, y la acusaci¨®n la ejercieron tanto la Fiscal¨ªa como la hija de un empresario local.

En la sentencia, la titular del juzgado de lo Penal n¨²mero dos de Ourense, Noem¨ª Gonz¨¢lez Camba, indica que "no ha quedado probado" que las decisiones tanto de la exconcejala como de Carlos Hern¨¢ndez, el abogado --tambi¨¦n absuelto-- que redact¨® el informe jur¨ªdico externo para tratar de frenar la demolici¨®n de las viviendas y del parking, "contraviniesen de modo claro y manifiesto el derecho vigente".

Y es que, como recuerda la magistrada, existen "diferentes interpretaciones" tanto sobre las licencias como sobre el car¨¢cter p¨²blico o privado del subsuelo de la citada plaza, de modo que no puede concluirse que la concejala y el experto contratado hayan obrado "con el conocimiento de actuar en contra del derecho".

As¨ª las cosas, en lo que ata?e a la posibilidad de que se haya cometido una irregularidad urban¨ªstica, la juez deja en manos de "la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa" su an¨¢lisis al no existir "una infracci¨®n palmaria de las normas jur¨ªdicas".

Por tanto, lo que se?ala no es que el planteamiento defendido por ?urea Soto y Carlos Hern¨¢ndez "sea correcto desde el punto de vista urban¨ªstico", sino que su conducta "no re¨²ne el plus de antijuricidad exigido para la comisi¨®n del delito de prevaricaci¨®n".

La Plaza de San Antonio estaba ocupada por un asilo de ancianos regentado por una congregaci¨®n religiosa, pero el gobierno liderado por Manuel Cabezas (PP) autoriz¨® en 1998 la construcci¨®n de viviendas y de un aparcamiento subterr¨¢neo para su explotaci¨®n privada.

Sobre estas obras lleg¨® a haber una sentencia de demolici¨®n del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2004, pero el nuevo gobierno que entr¨® en 2007, con Francisco Rodr¨ªguez (PSOE) a la cabeza, decidi¨® dar licencias de obra y ocupaci¨®n a las casas, locales y garajes y pedir al alto tribunal gallego la inejecuci¨®n de su fallo, algo que logr¨®.

?urea Soto siempre llam¨® la atenci¨®n sobre que el derribo de las viviendas de cerca de un centenar de familias supondr¨ªa un pago de indemnizaciones por parte de la administraci¨®n local que rondar¨ªa los 40 millones de euros.

Otro asunto cuestionado en sede judicial fue el pago por parte del Ayuntamiento de Ourense de casi 359.000 euros de indemnizaci¨®n a la propietaria de un edificio en la zona, como afectada por la no demolici¨®n de los edificios, dada la p¨¦rdida de luz en la trasera de su inmueble.

La jueza tambi¨¦n exculpa a ?urea Soto en este aspecto, pues --argumenta-- "no se ha probado que la concejala decidiese la cantidad concreta que se deb¨ªa abonar", como sostiene la acusaci¨®n, sino que "consta un informe de valoraci¨®n elaborado por un arquitecto municipal".

As¨ª las cosas, absuelve tanto a Soto como a Carlos Hern¨¢ndez de un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica y se?ala que contra su resoluci¨®n cabe recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia Provincial en un plazo de 10 d¨ªas.

En este escenario, el abogado de la acusaci¨®n particular, Antonio Feij¨®o Miranda ha avanzado que estudiar¨¢ con su cliente la posibilidad de recurrir esta sentencia absolutoria.

Con todo, hace hincapi¨¦ en que esta resoluci¨®n no avala la legalidad de las licencias concedidas, sino que remite su estudio al juzgado de lo contencioso-administrativo, donde ya pidi¨® su revisi¨®n.