La juez impone 500.000 euros de fianza al exdirector de Vaersa

La juez que investiga supuestos pagos irregularidades a los exdirectivos de la empresa p¨²blica? de la Generalitat Valenciana de Aprovechamiento Energ¨¦tico de Recursos Sociedad An¨®nima (Vaersa) ha impuesto a uno de sus exdirectores, Felipe Espinosa, una fianza de 500.000 euros. Y al otro exresponsable de la entidad imputado en la causa, Enrique Sim¨®, otra de 50.000 euros.

La magistrada del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia considera que existen "indicios de criminalidad" suficientes contra ambos como para aplicar la medida cautelar. La fiscal¨ªa atribuye a ambos los delitos de malversaci¨®n de fondos y prevaricaci¨®n por haberse embolsado entre ambos unos 100.000 euros de la empresa p¨²blica de forma presuntamente irregular bajo la f¨®rmula de complementos de productividad.

En total, entre 2007 y 2011 Sim¨® y Espinosa repartieron entre los directivos de la empresa, a partir del rango de jefes de servicio, 1,9 millones de euros.

La ley prev¨¦ que para poder hacer pagos en concepto de productividad deban obtenerse previamente dos autorizaciones del Gobierno valenciano en cada ejercicio. Uno que justifique la adecuaci¨®n del abono, y otro en el que se acredite la existencia de presupuesto para ello.

Los entonces directores de Vaersa habr¨ªan procedido a pagar y cobrar los pluses sin atender a tales requisitos. Unos importes anuales que fueron creciendo de 360.000 euros en 2007 a 501.706 euros en 2010. La juez dispone de dos requerimientos de la direcci¨®n general de Presupuestos de la Generalitat, de 2010 y 2011, en los que se advert¨ªa a los directores de Vaersa "que no exist¨ªa autorizaci¨®n para su abono y que no constaba que se hubiera emitido el informe preceptivo sobre existencia de cr¨¦dito presupuestario".

El ministerio p¨²blico hab¨ªa pedido fianzas superiores: de un mill¨®n de euros en el caso de Espinosa y de 500.000 euros en el de Sim¨®. La justificaci¨®n que da la juez para imponer las medidas cautelares es que, ante la posibilidad de que el procedimiento se alargue, existe el "riesgo de que los querellados se coloquen en una situaci¨®n de insolvencia" que impida que respondan al pago de una eventual condena.

Los acusados, en un procedimiento en el que est¨¢ imputada tambi¨¦n la presidenta de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, Mar¨ªa ?ngeles Ure?a, han negado los hechos que se les imputan.

La resoluci¨®n judicial da 10 d¨ªas a los ex directores generales para depositar la fianza, y advierte de que de lo contrario sus bienes ser¨¢n embargados. Contra la decisi¨®n caben, sin embargo, recursos de reforma y apelaci¨®n.

El procedimiento, iniciado con una denuncia del sindicato Confederaci¨®n General del Trabajo (CGT), ha pasado, por otra parte a ser "causa compleja", despu¨¦s de haberlo declarado la magistrada. La f¨®rmula, derivada de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el a?o pasado por el Gobierno, implica que el plazo m¨¢ximo de instrucci¨®n inicialmente previsto en seis meses se ampl¨ªa a 18.

"Teniendo en cuenta los hechos por los que se sigue el presente procedimiento, que afectan al inter¨¦s p¨²blico, el n¨²mero de investigados contra los que se sigue, algunos de ellos pendientes de tomarles declaraci¨®n, la evidente necesidad de practicar periciales y, en definitiva, la realizaci¨®n de diligencias instructoras, se estima necesario declarar compleja la investigaci¨®n".