Bassa plantea derivar a los municipios la lucha contra la pobreza energ¨¦tica

El nuevo Gobierno de la Generalitat parece querer darle un vuelco a la manera como se afronta la lucha contra la pobreza energ¨¦tica. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, revel¨® ayer que una de las f¨®rmulas para blindar las ayudas de cara a nuevas impugnaciones por parte del Gobierno central podr¨ªa pasar por que fueran los ayuntamientos los que asumieran un papel m¨¢s protag¨®nico en el pago de los recibos a los que no pueden hacer frente muchas familias a causa de la crisis econ¨®mica. Para ello se tendr¨ªa que destinar una dotaci¨®n extraordinaria a los municipios para que pudieran hacer frente directamente a los diferentes casos, como ocurre ahora en Barcelona o L'Hospitalet de Llobregat.

En la pasada legislatura, el Departamento de Empresa y Ocupaci¨®n (con competencias en Consumo) fue el que llev¨® la batuta para dise?ar la pol¨ªtica contra la pobreza energ¨¦tica. En octubre pasado, la Generalitat hab¨ªa pagado los recibos a 13.200 familias y calculaba que pod¨ªa duplicar las peticiones. Adem¨¢s, a¨²n negociaba con las empresas suministradoras la cantidad de dinero que pondr¨ªan en un fondo com¨²n desde el cual se abonar¨ªa el coste de los impagos. Esa bolsa se anunci¨® en octubre de 2014 y cuenta solo con el dinero aportado por la Generalitat.

Bassa tambi¨¦n explic¨®, en una entrevista a La Xarxa, que seguir¨¢n las conversaciones con las compa?¨ªas para evitar los cortes. No aclar¨®, sin embargo, si ser¨¢ su megaconsejer¨ªa la que a partir de ahora lleva la voz cantante o si continuar¨¢ siendo un tema que se lleve desde Empresa, donde est¨¢ la mayor interlocuci¨®n con las suministradoras.

Los servicios sociales de los municipios son ahora los responsables de elaborar los informes de vulnerabilidad social que hacen que una empresa suministradora no realice el corte. Algunos ayuntamientos s¨ª tienen programas con recursos propios para pagar las facturas, a lo que hay que sumar a entidades como C¨¢ritas.

Poner la mirada en el mundo municipal es una manera, de acuerdo con Bassa, de evitar posibles vetos por parte del Gobierno central de una normativa propia, como ya pas¨® con el decreto de septiembre de 2014. Esta norma solo benefici¨® a 900 familias y fue muy criticada pues solo postergaba el pago a despu¨¦s del periodo invernal. A pesar de su ineficiencia, Junts pel S¨ª sacraliz¨® el recurso por parte del Gobierno central como una grav¨ªsima afrenta. En octubre pasado, sucedi¨® algo similar con una parte del C¨®digo de Consumo. Sin embargo, la ley que surgi¨® de la ILP antidesahucios sirve por lo pronto de cobijo al programa contra la pobreza energ¨¦tica que desarrolla Empresa, tal como lo explicaron en su d¨ªa desde ese departamento. ¡°No podemos desobedecer, pero no podemos priorizar una ley por encima de que la gente lo est¨¦ pasando mal¡±, asegur¨® Bassa cuando se le pregunt¨® si sopesaba la desobediencia respecto al veto del Tribunal Constitucional.

¡°El mundo municipal tiene todas las herramientas para la detecci¨®n y la atenci¨®n a las personas afectadas, pero no tiene la fuerza en determinados momentos para lograr la implicaci¨®n de las suministradoras¡±, advierte Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Desde la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica creen que ahora es prioritario el qu¨¦ en lugar del c¨®mo. ¡°Antes de decir que dar¨¢ m¨¢s dinero a los Ayuntamientos, el nuevo Gobierno deber¨ªa comprometerse con una fecha para que est¨¦ firmado el convenio con las empresas para que estas contribuyan realmente en financiar el fondo contra la pobreza energ¨¦tica¡±, pide Maria Campuzano.

Bassa asegur¨® que la lucha contra la pobreza energ¨¦tica no est¨¢ condicionada por la aprobaci¨®n de los Presupuestos aunque abog¨® por la necesidad de tener los recursos para tirar adelante el plan de choque social pactado con la CUP. La Generalitat anunci¨® ayer la ampliaci¨®n de las ayudas urgentes para favorecer la permanencia de las familias en sus viviendas en caso de desahucios.