La trama de cursos que investiga a cargos p¨²blicos salpica a Feij¨®o

Dos cargos de la Xunta de Galicia y uno del Servicio de Empleo Estatal han sido citados a declarar, junto con otras 22 personas, en calidad de investigados por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de A Coru?a que instruye la Operaci¨®n Zeta, la trama de los cursos falsos de empleo. Entre los nuevos implicados se encuentra Francisco Ram¨®n de Lucas Blanco, conocido como Pachi Lucas, un amigo del entorno m¨¢s ¨ªntimo del presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, a quien los investigadores consideran el nexo entre la trama que captaba subvenciones para cursos de empleo falsos y la c¨²pula del PP. Lucas, sobre quien Fej¨®o nunca quiso dar explicaciones hasta que estuviera imputado, est¨¢ acusado de un delito de tr¨¢fico de influencias.

La juez instructora ha emitido este viernes un auto en el que califica de ¡°demoledoras¡± las conclusiones del informe realizado por la Agencia Tributaria sobre la Confederaci¨®n de Aut¨®nomos y Profesionales de Espa?a (Caype), presidida por el investigado Eliseo Calvi?o. La magistrada da por confirmados los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas desde hace m¨¢s de un a?o. Los citados a declarar son supuestos colaboradores del entramado a los que se investiga por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La juez ha citado como investigados por prevaricaci¨®n a tres cargos p¨²blicos: Ana Mar¨ªa D¨ªaz L¨®pez, exdirectora de Formaci¨®n de la Xunta y actual directora general de Conservaci¨®n da Natureza en el gabinete de Feij¨®o; Pastor Fuenteseca D¨ªaz, exdirector de Formaci¨®n del anterior gobierno bipartito de PSOE y BNG; y Juan Jos¨¦ Barrera Cerezal, cargo del Gobierno central.

La instructora de la Operaci¨®n Zeta, un caso que ya provoc¨® la dimisi¨®n de Odilo Marti?¨¢, director general de Traballo de la Xunta, considera confirmados "con rotundidad"? los indicios sobre Pachi Lucas puestos de manifiesto por la investigaci¨®n policial. Tanto el supuesto cabecilla de la trama, el militante del PP Gerardo Crespo, como la polic¨ªa aseguran que el empresario madrile?o afincado en Galicia era uno de los principales ¡°abrepuertas¡± de la trama y que recib¨ªa por este supuesto servicio 3.000 euros al mes. En el auto de la juez se hace referencia a un correo electr¨®nico en el que Lucas proporciona un n¨²mero de cuenta bancaria a Crespo.

El pasado mes de marzo la juez dict¨® una providencia en la que ped¨ªa a la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Financieros (UDEF) de la polic¨ªa que le remitiese un informe con la relaci¨®n ¡°de las empresas que pudiera tener a su nombre¡± Lucas Blanco. Orden¨® entonces remitir oficio al Ministerio para las Administraciones P¨²blicas y a la Xunta para que certificaran si Lucas ¡°ocupa cargo alguno o lo ocup¨® en su caso entre los a?os 2008 a 2012¡±, periodo en el que se centra la investigaci¨®n. La UDEF considera al amigo del presidente de la Xunta un ¡°intermediario¡± entre los imputados y la c¨²pula del PP y asegura que Lucas estaba a sueldo de la trama por realizar ¡°gestiones de inter¨¦s¡± como entrevistas e incluso ¡°adjudicaci¨®n y/o cobro de proyectos¡±.

En el auto dictado este viernes, la juez sostiene que los cargos p¨²blicos implicados en este caso mostraron ¡°una total dejaci¨®n en la verificaci¨®n de los requisitos de concesi¨®n y justificaci¨®n del gasto¡± y aprecia ¡°indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva¡± . La instructora destaca que a la vista de los informes obrantes en la causa, ¡°el enga?o¡± permiti¨® a la trama ¡°acceder a fondos p¨²blicos por importe superior a los cuatro millones de euros¡± presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejer¨ªa de Empleo y Asuntos Sociales del Pa¨ªs Vasco y de la Consejer¨ªa de Industria, Innovaci¨®n y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.

El auto destaca que los ingresos de Caype por cuotas de supuestos afiliados ¡°son inexistentes¡± y que los que figuran como donaciones ¡°no se aplican a fin social alguno¡±. Precisa adem¨¢s la juez que la representatividad de la asociaci¨®n era ¡°nula¡± y que simulaba estar implantada en todo el territorio espa?ol mediante ¡°sedes ficticias¡± y utilizando contratos de alquiler y de trabajo con el objetivo de captar fondos p¨²blicos destinados a actividades formativas.

La instructora atribuye a la empresa Azetanet, que dirig¨ªa el entonces militante del PP Gerardo Crespo, un papel fundamental en la trama ya que considera que no era una consultora de formaci¨®n a la que se contrataba para desarrollar las actividades sino que ¡°era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gesti¨®n de la misma¡±, incluyendo el control de las sedes ficticias de Caype.

Con relaci¨®n a Azetanet, concluye la magistrada que se ha verificado la forma en que se instrumentalizaban los acuerdos y que ¡°se ha descrito pormenorizadamente la cuantificaci¨®n y destino de las cantidades detra¨ªdas¡± que superan los 2,8 millones de euros, ¡°todos ellos procedentes de fondos p¨²blicos porque CAYPE no ten¨ªa otros ingresos¡±.