Se buscan pobres
En Catalu?a hay 50.000 familias que no pueden pagar los suministros b¨¢sicos. La Generalitat solo ha encontrado a 3.770 que merezcan ser ayudadas por pobreza energ¨¦tica
Algunos pol¨ªticos observan la realidad con la misma expresi¨®n de asombro que el explorador John Speke debi¨® poner cuando, m¨¢s all¨¢ del lago Tanganika, se top¨® con las cataratas Ripon y el lago Victoria. La noticia avanzada esta semana por este diario de que el Gobierno catal¨¢n solo se ha gastado el 22% del fondo destinado a pobreza energ¨¦tica invita a esa cara de sorpresa. En medio de una crisis galopante en la que 50.000 familias ¡ªseg¨²n la Generalitat¡ª o 683.000 personas ¡ªde acuerdo con el Idescat¡ª no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, el Ejecutivo no encuentra tanto pobre para ayudar: solo ha hallado 3.770 familias. Eso significa que algo no va bien, que en las relaciones entre gobernantes y gobernados hay un proceso de la desconexi¨®n.
Tal como Speke y Burton se enzarzaron por el protagonismo en el descubrimiento de las fuentes de Nilo, los Ejecutivos de Madrid y Barcelona debaten sobre muchas cosas: el reparto injusto ¡ªque lo es¡ª del techo de d¨¦ficit catal¨¢n, sobre la inequitativa financiaci¨®n auton¨®mica ¡ªque lo es¡ª, o sobre el d¨¦ficit fiscal ¡ªque lo hay¡ª, asunto al que, crecidos por el oleaje independentista, llaman incluso expolio. Sin embargo, a la hora de administrar los bienes propios, de mostrar la capacidad para gobernar las estructuras de Estado existentes, la eficacia de la Generalitat no es marca de la casa.
El bot¨®n de muestra es el fracaso en la aplicaci¨®n del fondo de pobreza energ¨¦tica planteado, que ha sido tan est¨¦ril como el intento de Le¨®n Tolstoi de liberar a sus siervos, avanz¨¢ndose al decreto del zar. ?Por qu¨¦ los afectados prefieren acudir a los ayuntamientos o a las organizaciones sociales para hacer frente a los recibos de la electricidad, agua o gas? Muchos ciudadanos tal vez perciban la Generalitat como una instancia administrativa ajena a sus problemas cotidianos.
Ayuntamientos y entidades sociales, tras el preceptivo informe de los trabajadores sociales, pagan directamente los recibos, mientras que la Administraci¨®n auton¨®mica requiere el mismo tr¨¢mite inicial pero dirige al ciudadano a la empresa suministradora que, a su vez, se hace cargo del abono. En L¡¯Hospitalet, desde septiembre del a?o pasado se han dado 1.474 ayudas. En Barcelona, el a?o pasado se concedieron 5.062 ayudas. Es evidente la preferencia por la instancia pr¨®xima. Independientemente del color pol¨ªtico, el ciudadano percibe que su ayuntamiento est¨¢ mucho m¨¢s cerca de sus problemas. Y eso sin contar con las papeletas que resuelven las entidades sociales, como C¨¢ritas Barcelona, que en 2015 atendi¨® a 1.067 personas.
Pero en Catalu?a la pobreza energ¨¦tica ha servido m¨¢s a la ret¨®rica pol¨ªtica que a los pobres. El recurso del Ejecutivo de Rajoy al Constitucional contra el decreto de redactado por la Generalitat ha actuado de detente bala a la Administraci¨®n catalana. Fue uno de los argumentos de campa?a de Junts pel S¨ª, blandiendo la tesis de que Madrid ¡°no nos permite ni ayudar a nuestros pobres¡±. Tambi¨¦n fue un acicate para insistir en el argumento de la independencia, con la que reinar¨¢ la equidad y la fraternidad universal.
De momento, recordaba hace unos d¨ªas en estas p¨¢ginas Teresa Crespo, presidenta de la Entitats Catalana d¡¯Acci¨® Social, el fr¨ªo ha llegado y Espa?a es el tercer pa¨ªs de Europa con los precios de los suministros m¨¢s altos. Tras dos a?os de conversaciones, seguimos sin saber cu¨¢l es el compromiso de las el¨¦ctricas que en otros pa¨ªses se hacen cargo del recibo. Mientras, en Catalu?a se habla del plan de choque social y no se conoce la normativa que medir¨¢ cu¨¢l ser¨¢ su grado de cumplimiento, algo imprescindible visto el ¨¦xito emp¨ªrico de las medidas 2015.
Montserrat Bassa, nueva consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, est¨¢ lanzando una mirada distinta a la del anterior Gobierno catal¨¢n sobre el problema. Habla de derivar a los municipios la lucha contra la pobreza energ¨¦tica. En favor de esta tesis arguye que as¨ª la blindar¨ªa contra las impugnaciones que pudiera hacer el Ejecutivo central y reconoce indirectamente que municipios y entidades sociales lo administran de forma m¨¢s eficaz. Tanto ONGs como ayuntamientos se han ofrecido a ello. Por lo menos, ahora todos conocen la existencia del fondo en cuesti¨®n, porque no deja de ser paradigm¨¢tico que el alcalde socialista de Mollet, Josep Monr¨¤s, o la alcaldesa convergente de Figueres, Marta Felip, aseguraran que se hab¨ªan enterado de la famosa partida a trav¨¦s de terceros, no de una manera oficial. Ahora ya no hay excusa: si la Generalitat busca pobres, los encontrar¨¢. Solo tiene que dejar actuar a quienes saben d¨®nde se esconden.
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