La Generalitat regulariza 300 familias que viv¨ªan en pisos del banco malo

La Secretar¨ªa de Vivienda de la Generalitat est¨¢ regularizando la situaci¨®n de 300 familias que ocupan ilegalmente pisos cedidos por la Sareb al Gobierno catal¨¢n. La situaci¨®n se remonta a 2014, cuando el banco malo, que gestiona los activos t¨®xicos de las entidades financieras, cedi¨® 600 pisos a la administraci¨®n auton¨®mica para que los incorporara a la bolsa de alquiler p¨²blico. La mitad de aquellas viviendas estaban ocupados ilegalmente por familias sin ingresos. 150 familias ya han legalizado su situaci¨®n y otras tantas est¨¢n en tr¨¢mite. Las familias okupas pagan en funci¨®n de sus posibilidades o incluso nada. En estos casos, la Generalitat negocia con los ayuntamientos el coste de los suministros de luz, agua y gas.

El nuevo reglamento que prepara el Ayuntamiento de Barcelona tambi¨¦n prev¨¦ regularizar la ocupaci¨®n de pisos del parque p¨²blico o procedentes de bancos.

El Secretario de Vivienda, Carles Sala, explica que son casos de familias con pocos o ning¨²n ingreso que en su d¨ªa ocuparon pisos porque no ten¨ªan alternativa. En algunas ocasiones dieron una patada en la puerta; en otras eran pisos que hab¨ªan comprado, pero de los que no pod¨ªan pagar la hipoteca y el banco ¡ªy despu¨¦s la Sareb¡ª se los qued¨®. ¡°Si como administraci¨®n p¨²blica no ayud¨¢bamos en estos casos, las familias hubieran acabado siendo usuarios de servicios p¨²blicos por otro lado¡±, argumenta Sala. ¡°Vale la pena que se puedan quedar pagando lo que puedan¡±, considera.

Hasta ahora se ha utilizado como paraguas legal el reglamento de la Agencia de Vivienda de Catalu?a, una norma que no contemplaba como motivo para optar a un piso de emergencia la situaci¨®n de ocupaci¨®n ilegal, pero s¨ª ¡°situaci¨®n de emergencia econ¨®mica y social¡±. El nuevo reglamento, del 1 de febrero, s¨ª incluye a ¡°las personas residentes en una vivienda sin un t¨ªtulo jur¨ªdico habilitante que acredite derecho sobre el mismo¡±. Son casos en los que la administraci¨®n demuestra que no tienen otro remedio que ocupar ilegalmente.

El reglamento acaba de actualizarse para dar cabida a las novedades que introduce la ILP contra los desahucios y la pobreza energ¨¦tica. El redactado incrementa (de acuerdo con la nueva ley) los ingresos m¨ªnimos para acceder al parque p¨²blico de emergencia y reduce la cuant¨ªa de los alquileres sociales de entre 80 y 100 euros mensuales hasta 50. La reducci¨®n se explica porque la nueva ley especifica, en funci¨®n de la situaci¨®n, que las familias no pueden destinar m¨¢s de entre el 10% y el 18% de sus ingresos a la vivienda.

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la propuesta del nuevo reglamento de adjudicaci¨®n de viviendas por emergencia social tambi¨¦n contempla regularizar situaciones de ocupaci¨®n ilegal. Tanto de pisos del parque p¨²blico como de los que se incorporan a la bolsa del Ayuntamiento fruto de convenios con entidades financieras o porque los compra el Consistorio. La propuesta est¨¢ en exposici¨®n p¨²blica.

La medida entronca con la observaci¨®n que hizo la alcaldesa Ada Colau cuando anunci¨® el convenio de cesi¨®n de 200 pisos por la Sareb. Igual que con los pisos cedidos a la Generalitat, la mitad de los cedidos al Ayuntamiento est¨¢n ocupados ilegalmente. Colau explic¨® entonces que se buscar¨ªa la f¨®rmula para que las familias que viven en ellos se puedan quedar si no tienen alternativa. El Ayuntamiento tambi¨¦n ha reconocido en varias ocasiones que tiene okupas en el parque p¨²blico (que suma 15.000 pisos), pero desconoce la cifra, a pesar de que los est¨¢n inspeccionando.

El texto del Ayuntamiento barcelon¨¦s prev¨¦ varios escenarios de regularizaci¨®n de las ocupaciones, en funci¨®n del tiempo. En todos los casos es preciso que las familias tengan informe favorable del Servicio de Prevenci¨®n, Intervenci¨®n y Mediaci¨®n en Viviendas y que no hayan protagonizado conflictos con los vecinos o tengan arraigo en el barrio. La ocupaci¨®n no llega al a?o, ¡°no tendr¨¢n derecho a ser regularizadas necesariamente¡±, salvo que los Servicios Sociales emitan un informe favorable. En cualquier caso, tendr¨¢n que ser familias que no se pueden pagar un piso.