Los jueces podr¨¢n suspender desahucios a personas excluidas
Los servicios sociales tendr¨¢n acceso r¨¢pido a la informaci¨®n sobre la poblaci¨®n vulnerable
Nuevas medidas para evitar que las personas que puedan caer en riesgo de exclusi¨®n sean desahuciadas. Los jueces comunicar¨¢n a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad e incluso podr¨¢n suspender sus decisiones, seg¨²n se recoge en un convenio firmado este martes por la Junta de Andaluc¨ªa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? y la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). "Esto permite abordar de forma coordinada el drama social que suponen los desahucios y la detecci¨®n pronta de los que supongan problemas de riesgo de exclusi¨®n para poder actuar con tiempo", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Miguel ?ngel V¨¢zquez tras la firma del convenio en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, Susana D¨ªaz.
El acuerdo, que entra en vigor este mi¨¦rcoles, permite a los t¨¦cnicos de los servicios sociales tener acceso inmediato a la documentaci¨®n de los afectados para que, tras analizar sus perfiles, se propongan medidas alternativas al desahucio. La medida incluye que los jueces puedan paralizar los lanzamientos, seg¨²n se considere en cada caso concreto, si detectan situaciones de riesgo. "El convenio contempla un Protocolo de Actuaci¨®n que, en situaciones de ejecuci¨®n hipotecaria, se inicie con la informaci¨®n sobre el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones", se lee en la informaci¨®n divulgada por la Consejer¨ªa de Presidencia.
Proceso de escolarizaci¨®n
Desde este martes hasta el pr¨®ximo 31 de marzo queda abierto el proceso de escolarizaci¨®n para el curso 2016-2017, en el que se gestionar¨¢n las matr¨ªculas de 1,46 millones de alumnos. La cifra supone 39.350 plazas m¨¢s que en este curso, un aumento que se debe tanto a la evoluci¨®n demogr¨¢fica como al nuevo alumnado de otros territorios y al trasvase de poblaci¨®n de la escuela privada a la p¨²blica, seg¨²n informa la consejer¨ªa de Educaci¨®n.
"Hay que recordar que esta gesti¨®n solo se debe hacer para menores en primera matriculaci¨®n o para aquellos que vayan a cambiar de centro", ha apuntado la consejera de Educaci¨®n, Adelaida de la Calle, tras presentar en el Consejo de Gobierno un informe sobre esta gesti¨®n. "Es un proceso hecho para que nadie tenga duda de que va a estar bien atendido. El pasado a?o, el 93% consigui¨® plaza en su primera opci¨®n, el 97% en alguno de los centros elegidos y las reclamaciones se redujeron a un 3%", ha apuntado la consejera.
La informaci¨®n se puede consultar en el Portal de Escolarizaci¨®n de la Consejer¨ªa, en el n¨²mero de tel¨¦fono gratuito 900 848 000? y mediante la aplicaci¨®n de m¨®vil ?Escolariza.
Entre los compromisos de las distintas administraciones, la consejer¨ªa de Justicia informar¨¢ a los deudores la opci¨®n de solicitar un abogado de oficio, el CGPJ fomentar¨¢ la colaboraci¨®n con el cuerpo de justicia, y la FAMP promover¨¢ la adhesi¨®n al convenio de las entidades locales, entre otras funciones. El Ayuntamiento de Sevilla ya ha informado de su adhesi¨®n inmediata al convenio.
Estas medidas se suman a las propuestas por Izquierda Unida en la anterior legislatura en la Ley de Funci¨®n Social de la Vivienda. Desde 2012, el Gobierno andaluz ha atendido a cerca de 10.000 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. "Contamos con una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totallidad por el recurso que interpuso el Gobierno popular para que no fuese as¨ª", ha declarado V¨¢zquez.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno se ha posicionado en contra de la proposici¨®n del ley del PP sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. "Los que pagan este impuesto son los que m¨¢s tienen, los ricos", ha declarado Miguel ?ngel V¨¢zquez, que no obstante, ha matizado que la Consejer¨ªa de Hacienda ya revisa la figura tributaria y que la Junta mantiene su compromiso de modular el salto del m¨ªnimo exento para no tributar, que se sit¨²a en 175.000 euros. Durante el 2015, el n¨²mero de declarantes fue de 267.553, de ellos el 7% tuvo que pagar impuestos, seg¨²n datos del portavoz. La secretaria general del PP en Andaluc¨ªa, Dolores L¨®pez, ha pedido a D¨ªaz y a Ciudadanos que reflexionen sobre este impuesto despu¨¦s de que hayan logrado 80.000 firmas en 15 d¨ªas, recoge Europa Press.
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