El TSJC anula la adjudicaci¨®n a Agbar del suministro de agua en Barcelona

La concesi¨®n que habilita el suministro del agua a los hogares de 2,9 millones de catalanes ¡ªentre ellos los habitantes de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Badalona¡ª es nula. As¨ª lo considera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que ve ¡°motivos de anulaci¨®n por vicios en el proceso de contrataci¨®n¡± durante la constituci¨®n en noviembre de 2012 de una empresa mixta entre el ?rea Metropolitana de Barcelona y Agbar, operadora privada que pas¨® a controlar el 85% de la sociedad. El fallo censura que la corporaci¨®n metropolitana, entonces cogobernada por CiU y el PSC, decidiera crear la sociedad asumiendo como ¨²nico socio posible a Agbar, sin publicidad, y asignarle directamente el suministro de los hogares de 23 municipios barceloneses.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha dado la raz¨®n a las tres compa?¨ªas que recurrieron la creaci¨®n de la sociedad mixta porque la AMB ni siquiera las tuvo en cuenta: Acciona Agua, Aqualia (de FCC) y una filial de Aguas de Valencia. A la empresa mixta y a sus accionistas les queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para salvarse de la anulaci¨®n del contrato. De momento, el fallo que est¨¢ en vigor pone en duda un contrato que Agbar ha llegado a cifrar en unos ingresos de 3.500 millones de euros durante sus 35 a?os de vigencia. O para hacerse otra idea, Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa privatizada que tambi¨¦n est¨¢ pendiente de los juzgados, factura al a?o unos 150 millones de euros; la sociedad mixta Empresa Metropolitana de Gesti¨® del Cicle Integral de l'Aigua, ahora en el alambre, ingresa en torno a 385 millones anuales.

Son diferentes los frentes que utilizan los magistrados para desmontar los argumentos utilizados por la AMB para aliarse con Agbar. Uno es el que se basaba en que la operadora filial de Suez Environnement ten¨ªa contratos de suministro en Barcelona y otras ciudades. El fallo dice: ¡°Carece de t¨ªtulo concesional otorgado por la Administraci¨®n competente¡± y ¡°viene actuando como concesionario t¨¢cito del servicio de abastecimiento de agua¡±.

Aunque as¨ª fuera, dice el texto, la autorizaciones ¡°no le otorgan un derecho exclusivo de abastecimiento en baja en Barcelona y poblaciones de su entorno. Asimismo, la sala pone en entredicho la valoraci¨®n econ¨®mica efectuada por Agbar, al considerar que incluye entre sus aportaciones un activo que ¡°pertenece a la Administraci¨®n y no al concesionario¡± y otras, como la planta potabilizadora de Sant Joan Desp¨ª, que no tienen nada que ver con el suministro en baja (llevar el agua hasta los hogares), que es la finalidad de la empresa mixta.

Inclusiones como esas obligan a la empresa mixta a pagar 190 millones de euros a la propia Agbar durante las tres pr¨®ximas d¨¦cadas. ¡°El coste econ¨®mico de la operaci¨®n que justificar¨ªa la renuncia a la competencia no est¨¢ acreditado¡±, se?ala el fallo, que echa en falta el hecho que el AMB hubiera realizado un estudio sobre el coste del rescate de las concesiones (que datan de 1953, 1957 y 1960).

El futuro de la sociedad mixta queda ahora a expensas de lo que decidan hacer los accionistas. Los dos privados son Agbar, que controla el 70%, y La Caixa, que se qued¨® un 15% derivado de un intercambio de acciones con Suez Environnement. La pol¨¦mica tambi¨¦n est¨¢ servida en el ?rea Metroplitana, otro accionista minoritario. Est¨¢ presidida por Ada Colau, cuya formaci¨®n, Barcelona en Com¨², era partidaria de revertir el contrato. Pero el PSC, a¨²n con un peso preponderante en la entidad, es defiende el contrato.