Siete meses sin el reglamento de la ley contra la pobreza energ¨¦tica

El verano pasado, despu¨¦s de un tortuoso camino parlamentario, la Iniciativa de Legislaci¨®n Popular (ILP) contra los desahucios y contra la pobreza energ¨¦tica termin¨® convertida en ley. Siete meses despu¨¦s, sin embargo, los reglamentos que deben acompa?ar el texto para hacerlo efectivo siguen sin estar aprobados. La Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) se ha manifestado hoy en las calles de Barcelona para pedir a la Generalitat que apruebe sin m¨¢s dilaciones los anexos que vehiculen los compromisos de las suministradoras con la norma.

La ley 24/2015 establece un cambio en la manera como las empresas se enteran de la vulnerabilidad de las familias. Anteriormente, el mecanismo dise?ado por la Generalitat para evitar los cortes obligaba a los afectados a ir a los Servicios Sociales a solicitar un informe que acreditara su situaci¨®n precaria. Ya con este documento, las suministradoras no ejecutan el corte y pasaban a la Generalitat las facturas impagas. La nueva normativa establece el principio de precauci¨®n, es decir, que no sea la familia la que tenga que hacer todas las gestiones sino que se obliga a las propias empresas a ponerse en contacto con los Servicios Sociales antes de realiar un corte para verificar la situaci¨®n de la unidad familiar.

La portavoz de APE, Maria Campuzano, denunci¨® ayer que empresas como Endesa contin¨²an sin aplicar este principio. ¡°Es indignante que estas compa?¨ªas contin¨²en salt¨¢ndose la ley con total impunidad y no haya respuesta por parte de la Administraci¨®n¡±. Un portavoz de la empresa respondi¨® que hasta que la Generalitat no publique los reglamentos no tienen que ejecutar el principio de precauci¨®n y que por lo pronto seguir¨¢n pidiendo a las familias vulnerables que lleven el informe para no cortarles el suministro. E insiste, a diferencia de los que sostiene APE, que no se realizan cortes.

La Alianza le afea a la Generalitat, especialmente al departamento de Empresa, que ¡°no se haya desplegado ning¨²n reglamento o se hayan cerrado los convenios con las empresas para que se hagan a cargo ¨ªntegramente de las facturas impagadas¡±. La ley 24/2015 fija que ¡°Las administraciones p¨²blicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compa?¨ªas para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situaci¨®n de riesgo de exclusi¨®n residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos m¨ªnimos¡±.

?¡°Desde hace un mes Empresa tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que hemos hecho desde la comisi¨®n promotora. Una vez m¨¢s la calle va por delante de las Administraciones¡±, recuerda Campuzano. Miembros del Gabinete de la Presidencia de la Generalitat recibieron ayer a una delegaci¨®n de APE, que le entregaron una copia de los convenios.