Colau apuesta por municipalizar el agua tras la anulaci¨®n del contrato
El ?rea Metropolitana de Barcelona no recurrir¨¢ la sentencia en contra de la sociedad mixta controlada por Agbar
La sentencia que anula la actual concesi¨®n del suministro del agua en 23 municipios catalanes, ahora en manos de una empresa mixta controlada por Agbar, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de que un servicio b¨¢sico est¨¦ en manos p¨²blicas o privadas. Janet Sanz, la vicepresidenta del ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB), se?al¨® ayer que tras el fallo ¡°es necesario que desde la administraci¨®n tambi¨¦n se d¨¦ una respuesta y se plantee un modelo de gesti¨®n p¨²blica del agua, que es la propuesta que m¨¢s beneficiar¨ªa a la ciudadan¨ªa¡±. Agbar tiene intenci¨®n de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que no har¨¢ el AMB, gobernada por Barcelona en Com¨², el PSC y ERC. Los socialistas impulsaron la sociedad mixta ahora impugnada.
¡°Se empezar¨¢ a trabajar para plantear el modelo p¨²blico de suministro del agua¡±, dijo Sanz, quien asegur¨® que no se esperar¨¢ a la sentencia del Tribunal Supremo para empezar a valorar la municipalizaci¨®n del servicio, ahora controlado por una empresa en la que est¨¢n Agbar (con el 70% del capital), La Caixa (15%) y el AMB (15%). Fuentes de las empresas que llevaron a los tribunales (Aguas de Valencia, Aqualia y Acciona Agua) la creaci¨®n de esa sociedad p¨²blico-privada por no abrir un concurso se?alaron que se solicitar¨¢ la ejecuci¨®n de la sentencia, pero el recurso que presentar¨¢ Agbar abona la posibilidad de que el fallo quede en suspenso hasta que el Supremo d¨¦ una soluci¨®n definitiva.
Ese periodo que ahora se abre es el que quiere aprovechar el AMB, presidido por Ada Colau, para abrir un debate sobre las posibilidades de crear un operador metropolitano p¨²blico y seguir el camino de Par¨ªs o Berl¨ªn, donde el suministro de agua ha sido rescatado del capital privado. De momento, los planes sobre la empresa mixta est¨¢n congelados. La presentaci¨®n del contrato-programa y del plan de inversiones fueron retirados ayer in extremis del orden del d¨ªa de la Comisi¨®n Informativa de Medio Ambiente de la corporaci¨®n metropolitana, tras conocerse la sentencia.
Diferencias BCom¨²-PP
La sentencia judicial ha abierto una brecha en el modelo de gesti¨®n de agua y tambi¨¦n en el Gobierno de la corporaci¨®n metropolitana, que junto a Barcelona en Com¨² gobierna el PSC y ERC. El PSC aprob¨® junto a CiU la constituci¨®n de la sociedad mixta hace casi cuatro a?os y ahora se encuentra en la tesitura de defender el modelo que aprob¨® entonces o el de asumir el fallo judicial como har¨¢ la formaci¨®n de Ada Colau. De momento evitar¨¢ romper el acuerdo de Gobierno y se negar¨¢ a recurrir la sentencia, lo que supone ir en contra de sus propios actos pasados. Pero los socialistas consideran que se tiene que realizar un an¨¢lisis pormenorizado antes de apostar por una u otra opci¨®n. ¡°Tenemos que pensar en no causar perjuicios a la instituci¨®n¡±, se?al¨® Antoni Balmon, alcalde de Cornell¨¤ y vicepresidente del AMB.
Agbar cifra en unos 500 millones de euros el coste que tendr¨¢ que asumir el ?rea Metropolitana de Barcelona si se decide municipalizar el abastecimiento del agua y desmontar la empresa mixta. Aseguran que ese es el valor de los activos que aport¨® a la empresa p¨²blico-privada. Fuentes del AMB, no obstante, aseguran que esa cifra podr¨ªa situarse por debajo de los 100 millones, si se tiene en cuenta que la sentencia del TSJC asegura que algunos de los activos aportados por Agbar son fruto de una concesi¨®n (o sea, que no son propios y no los puede aportar como propios) y que otros no tendr¨ªan que estar en la sociedad porque no cumplen unas funciones imprescindibles en el suministro a hogares.
Barcelona en Com¨², que presionaba para realizar una auditor¨ªa de la empresa mixta, ha encontrado en la sentencia la mejor auditor¨ªa. Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, reclam¨® que sea cual sea la decisi¨®n que se tome, ¡°esta no tenga impacto en el recibo del agua que han de pagar los consumidores¡±.
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