Defraudar

La mayor virtud de los #papelespanama, la investigaci¨®n que est¨¢ haciendo p¨²blicos los nombres de personas y empresas que operan a trav¨¦s de sociedades opacas, es poner sobre la mesa el debate sobre el fraude fiscal, y quiz¨¢s empezar a generar un estado de opini¨®n menos tolerante con aquellos que mienten y esconden para no participar en la financiaci¨®n de lo p¨²blico.

Este debate es especialmente bienvenido en nuestro pa¨ªs por, como m¨ªnimo, tres motivos. Por una parte, porque las cifras de fraude en Espa?a son vergonzosamente elevadas. Seg¨²n un informe sobre El avance del fraude en Espa?a durante la crisis publicado por el sindicato de t¨¦cnicos de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira y Virgili, m¨¢s de 253.000 millones de euros (?) escapan en Espa?a al control del fisco. Esto supone el 25,6% del Producto Interior Bruto, y 6,8 puntos por encima de las cifras de 2008, antes de la crisis. B¨¢sicamente, si fu¨¦ramos capaces de poner fin al fraude fiscal, aqu¨ª atar¨ªamos a los perros con longanizas. Si nos ci?¨¦ramos a objetivos m¨¢s realistas y realizables y aspir¨¢ramos a armonizar nuestro fraude fiscal con la media europea o mundial (10 puntos por debajo de la espa?ola) podr¨ªamos decirle adi¨®s a la crisis ma?ana mismo. ?Se lo imaginan? Volver a encontrar trabajo, no sufrir por si enfermamos, recuperar a los que se han ido a buscarse la vida lejos lej¨ªsimos.

El segundo motivo es la tolerancia pol¨ªtica con el fraude. Ni siquiera en los momentos m¨¢s duros de esta crisis interminable, cuando los recortes empezaron a erosionar estructuras clave del estado del bienestar, cuando empezamos a saber que hay ni?os y ni?as a nuestro alrededor que no consiguen comer tres veces al d¨ªa, cuando supimos de suicidios por no poder pagar la hipoteca, ni siquiera entonces, ni ahora, hemos visto a ninguno de los grandes partidos apostar por la lucha contra el fraude fiscal como prioridad pol¨ªtica. Al contrario, las poqu¨ªsimas medidas emprendidas con las grandes fortunas se han limitado a una amnist¨ªa fiscal para recuperar las migajas de lo defraudado anteriormente. El mismo estado que entra a golpes en las casas de los que no pueden pagar la hipoteca, se viste de mayordomo, agacha la cabeza y, haciendo genuflexiones, pide disculpas a los defraudadores por pedirles que cumplan un poquito de la ley.

Finalmente, la necesidad de empezar a encarar el debate sobre el fraude fiscal responde tambi¨¦n a la tolerancia social. Aunque es evidente que el problema principal para las arcas p¨²blicas no son los aut¨®nomos que a veces facturan o pagan sin IVA o no declaran, sino las grandes empresas evasoras que, a trav¨¦s de mecanismos tanto ilegales como legalizados, consiguen esconder y desviar millones, lo cierto es que ser¨¢ imposible cambiar mentalidades y pr¨¢cticas pol¨ªticas si el debate no se aborda a todos los niveles. Mientras el ¨¦xito defraudador del aut¨®nomo siga siendo recibido con palmaditas en la espalda y no con miradas de reprobaci¨®n, hasta que el imaginario p¨²blico no conecte cada euro defraudado con peores escuelas, listas de espera m¨¢s largas en la sanidad p¨²blica o menos coches de bomberos, ser¨¢ dif¨ªcil que la mirada de reprobaci¨®n se extienda hasta los grandes defraudadores.

Afortunadamente, los casos de la infanta Cristina y los Pujol han ido generando ya un clima de opini¨®n m¨¢s severo ante la apropiaci¨®n de lo p¨²blico o la ingenier¨ªa fiscal. Igualmente, el sistema ideado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n de repartir la informaci¨®n entre periodistas de 76 pa¨ªses ha conseguido algo hasta ahora impensable: la imposibilidad de censurar ninguna parte de la informaci¨®n por parte de ning¨²n medio debido a sus conexiones pol¨ªticas o empresariales. Gracias al trabajo colaborativo, las miles de p¨¢ginas de la filtraci¨®n paname?a se ir¨¢n haciendo p¨²blicas y ninguna persona o ente tiene capacidad para pararlo.

Se abre, pues, la posibilidad de empezar a regenerar las finanzas, la pol¨ªtica y la econom¨ªa, poniendo sobre la mesa que la ingenier¨ªa fiscal, a pesar de ser a menudo legal, es antisocial. Y mientras no se creen los mecanismos legales para atajarla, podemos activar mecanismos sociales de ostracismo. Al defraudador, ni agua.

Gemma Gald¨®n es doctora en Pol¨ªticas P¨²blicas.