Respeto al profesorado

Hoy hace un a?o de la muerte del profesor Abel Martinez del IES Joan Fuster de Barcelona. Muri¨® asesinado por un estudiante de 13 a?os que sufri¨® un brote psic¨®tico y le apu?al¨®. Aprovecho para mostrar mi profunda solidaridad a toda la comunidad educativa del instituto, y muy en particular a la familia de Abel. Esta triste conmemoraci¨®n tambi¨¦n nos puede servir para reflexionar sobre el trato que recibimos maestros y profesores de la Administraci¨®n educativa de la Generalitat de Catalunya, hoy regentada por una consejera formada en los ¨¢mbitos opusde¨ªstas, tan bien concertados por el gobierno catal¨¢n.

Transcurrido un a?o desde el luctuoso suceso, ?han mejorado los protocolos de atenci¨®n a los estudiantes con problemas de salud? No, no ha cambiado nada. El Gobierno de la Generalitat proclama que su programa Salut i Escola es suficiente para atajar el aumento de las consultas relacionadas con la salud de los adolescentes escolares. La Associaci¨® Catalana d'Infermer¨ªa i Salut Escolar (ACISE) denunciaba la insuficiencia de un programa que consta de un solo profesional de enfermer¨ªa durante una o dos horas a la semana en cada instituto (y no en todos). La misma asociaci¨®n recomendaba que hubiera una persona de enfermer¨ªa, como m¨ªnimo, por cada 750 alumnos durante todo el horario escolar.

En realidad, los recortes han sido dr¨¢sticos en los Equipos de Atenci¨®n Pedag¨®gica, en los psicopedagogos, en las Unidades de Apoyo a la Educaci¨®n Especial. Se han reducido a¨²n m¨¢s los tiempos del profesorado para la atenci¨®n tutorial de alumnos y familias, sobrecargando el horario lectivo. En estas condiciones de recorte es muy dif¨ªcil detectar las conductas de riesgo de los estudiantes.

Ahora, el Gobierno central y el de la Generalitat proponen que el profesorado detecte tambi¨¦n las conductas de riesgo relacionadas con el terrorismo yihadista. Pretenden que los docentes contribuyan a estigmatizar a un grupo de estudiantes por su religi¨®n y que su estancia en el centro escolar sea controlada para detectar alg¨²n cambio en su conducta, que pueda darnos pistas sobre su presunta futura vinculaci¨®n al yihadismo. ?Se imaginan la cantidad de cambios que generan los estudiantes durante su adolescencia? Una actitud irascible, una mala respuesta a la profesora, el uso intensivo de Internet, dejarse crecer la barba, ?ser¨ªan conductas susceptibles de avisar a la polic¨ªa?

Esa abusiva utilizaci¨®n del profesorado y de la escuela por parte de las administraciones demuestra una falta de confianza en la educaci¨®n y la formaci¨®n como instrumentos de superaci¨®n de muchos de los problemas que padece la sociedad. Claro que los docentes debemos y queremos participar en educar a los adolescentes para que sean ciudadanos de pleno derecho, con capacidad cr¨ªtica y capaces de valerse por s¨ª mismos. Pero esto solo se consigue con recursos econ¨®micos y humanos, con m¨¢s horas para la acci¨®n tutorial que nos permita interactuar con las familias y con el barrio, plantillas con profesionales de la salud, de la psicopedagog¨ªa, con ratios de alumnos m¨¢s bajas o sustituyendo desde el primer d¨ªa al profesorado de baja.

Y con respeto. Es irrespetuoso exigir al profesorado un certificado de penales que demuestre que no nos han sancionado o penado por actividades relacionadas con la pederastia para ejercer la actividad docente, por m¨¢s que lo prescriba la Ley de Menores. Es absurdo que nos impongan nuevas leyes educativas cada vez que hay un cambio de gobierno y generen el caos y la desaz¨®n en la comunidad educativa ante la falta de decisi¨®n e informaci¨®n sobre c¨®mo organizar el pr¨®ximo curso escolar. Tambi¨¦n es indecente querer evaluar si somos buenos o malos profesionales a partir de las notas de los estudiantes del centro educativo, que es una foto fija f¨¢cilmente manipulable. Si quieren evaluarnos, y nosotros queremos, antes hace falta, como afirma el soci¨®logo Jaume Funes ¡°describir qu¨¦ queremos exactamente del profesorado y valorar la totalidad de influencias que produce sobre su alumnado¡±.

Como conclusi¨®n, si el Gobierno catal¨¢n quiere mejorar la educaci¨®n p¨²blica, que deje de recortar y vuelva a las inversiones en educaci¨®n de los presupuestos del 2010, que representaban un 2,53% del PIB, mientras que los del 2014 apenas llegan al 1,99%, lo que significa aproximadamente 1.200 millones de euros menos. En cinco a?os se ha reducido en un 22% la inversi¨®n en el Departament d'Ensenyament. As¨ª no se construye un pa¨ªs.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.