Las urbanizaciones ilegales siguen creciendo y se enquistan en la regi¨®n

En 2009, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid denunciaron una docena de viviendas que se estaban construyendo en terrenos no urbanizables en El Molar, a 39 kil¨®metros al norte de la capital. Una de ellas es la de la imagen de su izquierda que, como se puede comprobar, se termin¨® de edificar y est¨¢ habitada actualmente. Quiz¨¢ por eso, muy cerca de esa casa hay al menos otras dos en construcci¨®n en este momento, una de ellas, a escasos metros del r¨ªo Jarama.

Solo en El Molar, hab¨ªa en 2001 contabilizadas 600 viviendas irregulares (y un total de 3.400 viviendas censadas), que hoy, seg¨²n los lugare?os, pueden llegar f¨¢cilmente a las 800. En el sureste de la Comunidad, en la Vega del Taju?a, se calcula que hay m¨¢s de 700. En Chinch¨®n, la localidad de la zona m¨¢s afectada por este problema, se han presentado al menos 179 denuncias entre 2006 y 2010, unas 67 de ellas correspondientes a viviendas levantadas entre 2009 y 2010, seg¨²n fuentes de la UGT de los agentes forestales. El Ayuntamiento de Chinch¨®n, dirigido por Francisco Javier Mart¨ªnez Mayor (de la Agrupaci¨®n Transparencia y Servicio) no ha respondido a los reiterados intentos de este peri¨®dico de obtener su opini¨®n sobre este problema.

En el municipio de al lado, Morata de Taju?a, donde el Ayuntamiento calcula que unas 150 viviendas irregulares, el alcalde ?ngel S¨¢nchez Sacrist¨¢n (PSOE) si ha contestado. S¨¢nchez, que antes de llegar a la alcald¨ªa fue polic¨ªa local, conoce bien un problema que creci¨® entre los a?os sesenta y ochenta con casas de segunda residencia y que, cuando se quiso atajar en los noventa, ya era demasiado grande. Habla de "una sensaci¨®n de impunidad" que hace que la gente "no se crea las normas", y cuenta que, aunque denuncien, buena parte de las veces las decisiones judiciales no llegan a tiempo: las infracciones administrativas prescriben a los cuatro a?os y los delitos penales (v¨ªa utilizada muy poco y que solo es posible en determinados casos, por ejemplo, si la casa est¨¢ en dominio p¨²blico) a los cinco a?os. Transcurrido ese tiempo, se convierten en construcciones ¡°alegales¡±, que muy dif¨ªcilmente pueden acaban demolidas.

En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno regional ha explicado en distintas ocasiones que su funci¨®n en estos casos es tramitar cada denuncia que les llega, pero que son los Ayuntamientos que deben hacer cumplir la normativa. Pero esta vez, preguntada por la magnitud del problema y sus posibles soluciones, una portavoz de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente se ha limitado a decir que est¨¢n actualizando el mapa de construcciones ilegales de la regi¨®n y que, cuando se tenga, ¡°se actuar¨¢¡±.

Mar¨ªa ?ngeles Nieto, de Ecologistas en Acci¨®n, se queja de que el problema no deja de crecer mientras las Administraciones se pasan la pelota entre ellas y no hacen nada. ¡°Si a la Comunidad de Madrid llega una denuncia, normalmente se limitan a avisar al Ayuntamiento para que act¨²e, pero este suele mirar para otro lado¡±, asegura. Los Consistorios pueden ordenar el precinto de las obras o de la vivienda; si no se les hace caso, poner multas y, finalmente, denunciar ante la fiscal¨ªa.

¡°Las Administraciones m¨¢s id¨®neas para actuar en este campo [la Comunidad], dejan en manos de Administraciones menos potentes y con much¨ªsimas mayores dificultades, la ejecuci¨®n de la disciplina urban¨ªstica, lo que da, en consecuencia, a mi juicio un sistema equivocado e ineficaz, siendo del todo punto imposible para los Ayuntamientos la realizaci¨®n de una pol¨ªtica urban¨ªstica de control eficaz¡±, insiste el acalde de Morata.

Enorme arraigo

Porque, adem¨¢s, a?ade, si a pesar de todo el Consistorio sigue adelante para dar ejemplo, los asentamientos est¨¢n tan arraigados, que la presi¨®n social acaba impidiendo los derribos (que pueden costar unos 60.000 euros), como le ocurri¨® hace a?os al alcalde de Arganda del Rey con algunos inmuebles de la urbanizaci¨®n de Valdecorzas. Tan arraigados est¨¢n, que muchos de esos asentamientos han ido siendo dotados de agua y luz. En muchos casos, incluso, los vecinos, censados, pagan impuestos como el de recogida de basuras o el de Bienes Inmuebles (IBI).

En El Molar, los centenares de vecinos de la zona Este del municipio que viven en torno al Camino Viejo Madrid-Burgos, muy cerca del Jarama, pagan tasas. Eso s¨ª, tienen los cubos de basura a la entrada del pueblo. Un poco m¨¢s arriba, tambi¨¦n cuentan con unos buzones donde recibir el correo ¡ªel cartero no llega hasta sus casas¡ª, aunque estos son solo para aquellos vecinos que pagaron a medias con el Consistorio el asfaltado del camino que une su urbanizaci¨®n con el casco urbano (la alcaldesa del municipio, Yolanda Sanz, de Ciudadanos, tampoco ha respondido a las llamadas de este diario).

Cuando carecen de luz, ponen paneles solares y si no tienen agua, usan pozos (con o sin permiso); pero lo que no tienen nunca estas zonas es alcantarillado. Y esto ¡ªm¨¢s all¨¢ de lo injusto que le pueda parecer a alguien que quien se salta impunemente las reglas consiga una casa en el campo mucho m¨¢s barata que el que las cumple¡ª provoca un verdadero problema de contaminaci¨®n y de insalubridad, por la acumulaci¨®n de fosas s¨¦pticas, de pozos negros e, incluso, de vertidos hechos directamente los r¨ªos. ¡°Encima, suelen estar en zonas de vega, donde el nivel fre¨¢tico [la primera capa de agua que se puede encontrar en cada zona bajo la tierra] est¨¢ mucho m¨¢s alto¡±, es decir, que es m¨¢s f¨¢cil que se filtren los residuos.

Dif¨ªcil soluci¨®n

El ¨²ltimo gran intento de soluci¨®n por parte de la Comunidad de Madrid fue en 1985: se elabor¨® un cat¨¢logo de 137 urbanizaciones ilegales y se dio un plazo de dos a?os para regularizarlas como ¡°n¨²cleos urbanos¡±, entre otras cosas, para poder dotarlos de servicios. Pero solo llegaron a completar el proceso una treintena.

Ahora, la situaci¨®n est¨¢ tan enquistada, que las posibles soluciones se antojan tremendamente complicadas. Los ge¨®grafos Daniel Devesa Crespillo, Antonio Romero Nieto, autores de un trabajo de 2014 sobre el tema, solo ven dos salidas y ambas con graves inconvenientes. La primera ser¨ªa expropiar y realojar, como se est¨¢ haciendo en las dos zonas m¨¢s identificadas con el chabolismo: la Ca?ada Real, entre Madrid, Rivas y Coslada, y las Sabinas, entre los municipios de M¨®stoles y Arroyomolinos. Esta v¨ªa tendr¨ªa dos problemas: el coste y la pr¨¢ctica imposibilidad de devolver la zona a su estado natural. La segunda soluci¨®n ser¨ªa la legalizaci¨®n, pero en este caso se tendr¨ªa que eliminar la posibilidad de comprar y vender y los regularizados vecinos deber¨ªan asumir los costes, al menos en parte, de los nuevos equipamientos y servicios, algo que dif¨ªcilmente iban a aceptar muchos de ellos. As¨ª, mientras nadie decide entre M¨¢laga o Malag¨®n, todo el mundo parece m¨¢s c¨®modo mirando hacia otro lado.