Imputada una exdirectora general de la Comunidad por el fraude de los cursos de formaci¨®n

¡°No se notifica nada y que pase todo por aqu¨ª¡±. Semanas antes de que estallara el esc¨¢ndalo de los cursos de formaci¨®n de la Comunidad, destapado por EL PA?S, la entonces directora general de Formaci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo, Patricia Herrero, daba estas instrucciones en un correo electr¨®nico. Iba dirigido al subordinado que le ped¨ªa avisar a la fundaci¨®n Tripartida, del Ministerio de Empleo, de posibles irregularidades en el control de las subvenciones regionales.

El funcionario que la avis¨® (Joaqu¨ªn Vel¨¢zquez, entonces subdirector de Formaci¨®n Continua y Emprendedores) fue destituido tres d¨ªas despu¨¦s de declarar ante la polic¨ªa por este asunto. Herrero sigui¨® en el cargo hasta las elecciones regionales de julio de 2015. La magistrada del juzgado de Instrucci¨®n 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, considera ahora que existen indicios de su participaci¨®n en tres delitos: fraude, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n.

Herrero envi¨® ese correo el 15 de noviembre de 2013, cuando el empresario cordob¨¦s Jos¨¦ Luis Aneri estaba ya en el centro de todas las sospechas por un supuesto fraude que inicialmente se estim¨® en 4,4 millones de partidas regionales y 11 estatales. Aneri y su antiguo socio, el exalto cargo de la patronal madrile?a CEIM y de la C¨¢mara de Comercio Alfonso Tezanos, fueron detenidos en 2014 junto a otros posibles implicados.

El auto que imputa a la exdirectora de Formaci¨®n se?ala que, tras las posibles operaciones para captar fondos, existe ¡°una completa trama criminal dedicada a defraudar subvenciones p¨²blicas mediante un entramado de empresas creadas al efecto y controladas por familiares y testaferros¡±. Las firmas ¡°en ning¨²n caso estar¨ªan interesadas materialmente en su realizaci¨®n, sino en la mera obtenci¨®n de un beneficio econ¨®mico fraudulento en detrimento de los fondos p¨²blicos¡±.

Los primeros pasos de la investigaci¨®n judicial se centraron en la red creada por los socios y en una treintena de asociaciones beneficiadas por las ayudas a la formaci¨®n. Algunas de esas entidades defendieron entonces en el juzgado que s¨ª que llevaron a cabo las acciones formativas y denunciaron la falta de control de la Comunidad en la fiscalizaci¨®n de las ayudas y hasta supuestas complicidades pol¨ªticas con la trama. Hace seis meses, la magistrada dio un giro al caso y pidi¨®, a instancias del fiscal, informaci¨®n a la Comunidad de Madrid para identificar e investigar a toda la c¨²pula pol¨ªtica de las consejer¨ªas de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio Gonz¨¢lez entre 2010 y 2014.

En ese listado que reclamaba la magistrada aparece Patricia Herrero, directora general de Formaci¨®n entre el 23 de abril de 2012 y el 23 de julio de 2015, seg¨²n recoge el auto del 28 de abril que la declara investigada, al que ha tenido acceso este peri¨®dico.

La juez se?ala, tras examinar la documentaci¨®n y tomar declaraci¨®n a diversos testigos, que hay indicios de la posible implicaci¨®n de Herrero. Como directora general de Formaci¨®n, ten¨ªa las competencias en la concesi¨®n, justificaci¨®n, revocaci¨®n y reintegro de las subvenciones para cursos de formaci¨®n de la Comunidad. La juez la cita a declarar el 19 de mayo y expulsa como acusaci¨®n particular a la Comunidad de Madrid. El hecho de que Herrero fuera un alto cargo de la Administraci¨®n regional puede dar lugar a que se declare a esta ¡°subsidiariamente responsable¡± de los cargos que se le imputan, seg¨²n a?ade la magistrada en el texto.

Un portavoz de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa ¡ªque integra el ¨¢rea de Empleo en el Ejecutivo que ahora preside Cristina Cifuentes¡ª se?al¨® que a¨²n no les ha sido notificado el auto y que no pod¨ªan poner a este peri¨®dico en contacto con Herrero porque ya no trabaja en la consejer¨ªa.