El juez archiva el ¡®caso Rabasa¡¯ al no apreciar delito de Castedo y Ortiz

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante ha archivado el?caso Rabassa, en el que se investigaban las presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tres t¨¦cnicos municipales y el empresario Enrique Ortiz en la tramitaci¨®n del Plan de Actuaci¨®n Integrada del barrio alicantino de Rabassa.

Castedo, Ortiz, el gerente de Urbanismo, la jefa del departamento jur¨ªdico de Planeamiento y el jefe del Servicio de Coordinaci¨®n estaban investigados ¡ªfigura que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal¡ª por los delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y cohecho. El juez sobresee total y provisionalmente las presentes actuaciones por ¡°no haber quedado suficientemente justificada la comisi¨®n del delito que ha dado lugar a la formaci¨®n de la causa¡±.

En un extenso auto, el magistrado C¨¦sar Mart¨ªnez D¨ªaz, desgrana una a una las acusaciones que pesaban sobre Sonia Castedo, Enrique Ortiz, y los t¨¦cnicos Enrique Sanus, Isabel Campos y Jos¨¦ Luis Ortu?o, y establece que ¡°no basta con referir esa especie de sospecha generalizada de corrupci¨®n o de existencia de una trama que ha venido a sostener tan extensa acusaci¨®n. Hay que identificar con toda claridad esa o esas resoluciones prevaricadoras o influidas, el motivo por el que se consideran como tales y el encaje en todos y cada uno de los elementos del tipo delictivo, porque, se ha de repetir, no cabe ahora otra valoraci¨®n que la jur¨ªdico penal¡±. En opini¨®n del magistrado, la identificaci¨®n precisa de los delitos por parte de la acusaci¨®n ¡°no se ha hecho, porque no basta con la transcripci¨®n de unas conversaciones, ni siquiera con la interpretaci¨®n que de esas conversaciones pueda hacer la polic¨ªa, que ha de servir para iniciar o encaminar una investigaci¨®n, pero no para continuarla y sostener una acusaci¨®n¡±.

El juez considera leg¨ªtimo que Enrique Ortiz, en su condici¨®n de agente urbanizador de los terrenos de Rabassa donde pretend¨ªa instalarse la mercantil Ikea, mantuviera contacto frecuente con el Ayuntamiento de Alicante porque ¡°la confluencia entre el inter¨¦s p¨²blico y el privado es en este caso evidente. La persecuci¨®n por el se?or Ortiz de un beneficio econ¨®mico es el sustento mismo de su actividad, y la persecuci¨®n de funcionarios y autoridades de la ejecuci¨®n de lo que se ha aprobado legalmente, en tanto no sea dejado sin efecto, es su obligaci¨®n¡±.

En esa l¨ªnea, el juez aduce que ¡°no existe incompatibilidad entre ambos, no solamente porque la condici¨®n de urbanizador otorga aqu¨ª al se?or Ortiz el car¨¢cter que se ha visto en la legislaci¨®n, sino porque los intereses de urbanizador y Administraci¨®n discurren en paralelo, no son opuestos. Exactamente lo mismo se puede decir del inter¨¦s de la Administraci¨®n en el establecimiento de un centro comercial Ikea y del inter¨¦s de los propietarios de los terrenos y afectados por el plan en esa implantaci¨®n¡±.

En el documento, el juez razona que ¡°aunque alguna de las conductas enjuiciadas sea impropia de figurar entre las pr¨¢cticas institucionales de un Estado de derecho, no puede forzarse el principio de legalidad para sancionarla como delito, pues constituye un principio aun m¨¢s determinante del Estado de derecho el escrupuloso respeto de los l¨ªmites punitivos establecidos por el legislador¡±.

Citando jurisprudencia del Supremo, el magistrado sostiene que ¡°la consideraci¨®n ¨¦tica sobre la reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanci¨®n penal del hecho, con independencia de la opini¨®n personal del Juzgador, si en la conducta enjuiciada no concurren rigurosamente los elementos t¨ªpicos integradores de la figura delictiva objeto de acusaci¨®n¡±.

El auto da carpetazo, provisional, porque todo hace prever que la decisi¨®n ser¨¢ recurrida por la acusaci¨®n, a un asunto que procede del a?o 2008, cuando las escuchas realizadas a Enrique Ortiz en el transcurso de la investigaci¨®n del llamado caso Brugal sacaron a la luz las presuntas irregularidades en la tramitaci¨®n del Plan Rabassa de Alicante, que el juez no ha considerado delictivas.

Castedo y Ortiz, junto con el exalcalde Luis D¨ªaz Alperi, est¨¢n a la espera de juicio en el caso Brugal, que investiga el presunto ama?o para beneficiar al empresario en la redacci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana.