Colau prorroga la gesti¨®n privada de la asistencia jur¨ªdica a la polic¨ªa

Las presiones del concejal Jaume Asens para evitar el encarcelamiento de un mantero han resucitado un debate: ?Cu¨¢l debe ser el papel del Ayuntamiento de Barcelona en los procesos penales que afectan a sus agentes? La asistencia legal a los miembros de la Guardia Urbana est¨¢, desde hace a?os, en manos de un despacho de abogados externo. Frente a las voces que reclaman que esa tarea sea asumida por los servicios jur¨ªdicos municipales, el Gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, ha prorrogado el contrato que deja en manos privadas el servicio.

El bufete de abogados penalistas Molins & Silva se encarga desde hace a?os de dar asistencia jur¨ªdica a los miembros de la Guardia Urbana y los Bomberos. El servicio incluye la defensa de los agentes involucrados en procesos penales, bien como acusados o como v¨ªctimas. Este ¨²ltimo es el caso que ha desatado la pol¨¦mica. El pasado mi¨¦rcoles, durante un dispositivo de control de la venta ambulante, Sidil M. agredi¨® con la rama de un ¨¢rbol a un polic¨ªa, que fue herido en la cabeza.

Tras ser detenido, Sidil M. pas¨® a disposici¨®n judicial. La Fiscal¨ªa y el agente perjudicado solicitaron su ingreso en prisi¨®n. Antes de que la juez lo acordara, el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, llam¨® a la abogada de Molins & Silva que se hizo cargo del caso para pedirle que cambiara de parecer. El concejal consideraba excesivo el ingreso en prisi¨®n y as¨ª se lo hizo saber a la letrada. Tanto el bufete como los mandos de la Guardia Urbana ¡ªque tambi¨¦n fueron informados de la maniobra de Asens¡ª lo consideraron una ¡°injerencia pol¨ªtica¡± inaceptable.

La discusi¨®n se centra en saber si el Ayuntamiento de Barcelona -que paga el servicio- puede considerarse tambi¨¦n cliente. Fuentes municipales sostienen que s¨ª, y que como tal puede intervenir y dar su criterio; en especial, cuando el guardia urbano ejerce la acusaci¨®n y no la defensa. Fuentes cercanas a la polic¨ªa local, en cambio, subrayan que no, que la asistencia es "personal" y pertenece a cada agente en su comparecencia ante el juez, no al Ayuntamiento y ni siquiera a la Guardia Urbana, cuya responsable ¨²ltima es Colau. Y recuerdan que nunca antes se hab¨ªa producido una injerencia de estamentos pol¨ªticos.

El contrato vigente data de 2012, durante el mandato como alcalde del convergente Xavier Trias. En abril, el gerente municipal adjudic¨® a Molins & Silva el ¡°contrato para la asistencia y defensa jur¨ªdica¡± de los polic¨ªas para el periodo 2012-2014 por un importe de 360.000 euros. Dicho contrato se prorrog¨® en 2014 y se volvi¨® a prorrogar hace cuatro meses, ya bajo mandato de Colau.

Fuentes municipales consultadas por este diario aseguran que es ¡°la ¨²ltima pr¨®rroga posible¡± y que, a partir de 2018, el consistorio decidir¨¢ qu¨¦ hacer con el servicio. Esas mismas fuentes recuerdan que la pr¨®rroga no fue acordada por los servicios centrales, sino por el ¡°¨¢mbito de Seguridad¡±.

El cuerpo policial es partidario de que la asistencia jur¨ªdica siga en manos privadas. ¡°Queremos evitar cualquier injerencia pol¨ªtica", explic¨® ?ngel Marcos Gonz¨¢lez, portavoz de Sapol, sindicato mayoritario. La renovaci¨®n de la gesti¨®n privada, por el contrario, ha causado malestar en ciertos sectores (tambi¨¦n dentro del Gobierno municipal) que apuestan por eliminarla. En el verano de 2015, poco despu¨¦s de tomar posesi¨®n el nuevo Gobierno, Asens anunci¨® la intenci¨®n del consistorio de reducir un 45% anual el gasto en abogados externos.