El Ayuntamiento de Madrid pide cuentas a Gallard¨®n y Botella por los 12 a?os de gesti¨®n del PP

Esta ma?ana se ha constituido la comisi¨®n, bajo la presidencia de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), con la participaci¨®n de cuatro concejales del partido de gobierno (adem¨¢s de Higueras, Rita Maestre, Carlos S¨¢nchez Mato y Mauricio Valiente), dos del Partido Socialista (Mercedes Gonz¨¢lez y Ram¨®n Silva) y uno de Ciudadanos (Miguel ?ngel Redondo). Los cuatro concejales que le correspond¨ªan al Partido Popular no se han presentado.

Tras intentar (sin ¨¦xito) frenar la comisi¨®n alegando ante la Junta Electoral que no pod¨ªa constituirse antes de las elecciones generales del 26 de junio, el PP interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n¨²mero 9 de Madrid. Ahora espera que el juez decida sobre petici¨®n de paralizaci¨®n cautelar. Alega el PP que el art¨ªculo 138 del Reglamento Org¨¢nico del Pleno permite crear una ¡°comisi¨®n no permanente para un asunto concreto¡±, pero no con car¨¢cter de ¡°causa general¡±, como considera que es el caso.

De 990 a 7.700 millones de deuda

La comisi¨®n fue acordada en el pleno municipal del pasado 30 de marzo por consenso entre Ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos, y con la oposici¨®n del PP, para investigar el origen del fuerte endeudamiento municipal (de 990 millones a finales del a?o 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012) y todas ¡°aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales¡±.

Los trabajos de la comisi¨®n se han dividido en cuatro bloques: el primero analizar¨¢ entre junio de 2016 y febrero de 2017 a cuatro sociedades y consorcios municipales: la Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid (Ifema). En opini¨®n del concejal de Hacienda, Carlos S¨¢nchez Mato, estas sociedades ¡°tienen un enorme poder econ¨®mico que han utilizado a menudo en los ¨²ltimos a?os de forma irregular o en beneficio de intereses econ¨®micos particulares, con un perjuicio importante para las arcas p¨²blicas¡±. ¡°Todo ello hace necesario una profunda investigaci¨®n para detectar las malas pr¨¢cticas con el objeto de depurar responsabilidades pol¨ªticas¡±, ha a?adido S¨¢nchez Mato.

El Ayuntamiento ha detectado numerosas irregularidades en Calle 30, entre ellas el pago de 1,5 millones por una red meteorol¨®gica inexistente. Adem¨¢s, ha cuestionado su modelo de gesti¨®n p¨²blico-privada, que ha evaporado 502 millones entre 2006 y 2014. La Funeraria ser¨¢ municipalizada este a?o para ahorrar tambi¨¦n gastos millonarios derivados de la participaci¨®n privada. En Mercamadrid, el Ayuntamiento ha denunciado ante la Fiscal¨ªa un presunto delito de malversaci¨®n en la ¨¦poca en que la presid¨ªa Concepci¨®n Dancausa, ahora delegada del Gobierno. Y en Ifema han trascendido alt¨ªsimos gastos de protocolo de algunos directivos.

El IBI se dispara

Entre marzo y junio de 2017 se investigar¨¢ la pol¨ªtica fiscal y financiera y la gesti¨®n de la deuda, y en concreto los intereses de demora, el pago a proveedores, los derivados financieros (swaps), y los impuestos y tasas. Seg¨²n S¨¢nchez Mato, la pol¨ªtica fiscal ¡°ha sido irresponsable¡± por financiar gasto a trav¨¦s de endeudamiento en vez de a tributos.?

Cuando Gallard¨®n lleg¨® a la alcald¨ªa, en mayo de 2003, Madrid deb¨ªa a la banca 1.441 millones. A finales de 2012, eran 7.733 millones. En esa d¨¦cada invirti¨® 10.500 millones en modernizar Madrid, la mayor parte con pr¨¦stamos. La presi¨®n de la deuda (que lleg¨® a consumir uno de cada tres euros de presupuesto) vino acompa?ada por un subida de tributos. Sirva como ejemplo que la recaudaci¨®n del Impuesto de Bienes Inmuebles pas¨® de 408 millones en 2004 y a 1.335 millones en 2014.

En cuanto a la deuda comercial, cuando Gallard¨®n dej¨® la alcald¨ªa, en diciembre de 2011, los proveedores municipales cobraban con hasta un a?o de retraso. El Gobierno (PP) oblig¨® a remediarlo, lo que s¨®lo se logr¨® tras dos rescates consecutivos para abonar m¨¢s de 1.350 millones de euros en facturas atrasadas. Madrid pas¨® as¨ª tres a?os intervenido por el Ministerio de Hacienda.

El Ayuntamiento investigar¨¢ tambi¨¦n los contratos de instrumentos derivados (swaps) firmados por el PP, que act¨²an como cl¨¢usula suelo impidiendo beneficiarse de un Euribor bajo cero. De 2011 a agosto de 2015 costaron 247 millones a las arcas p¨²blicas.

?Obras con sobrecostes o sin terminar

Entre julio de 2017 y mayo de 2018 se tratar¨¢n la contrataci¨®n p¨²blica, las obras y sus sobrecostes. En opini¨®n de S¨¢nchez Mato, ¡°en multitud de ocasiones los gobernantes locales han favorecido determinados intereses econ¨®micos en perjuicio del intereses general, ocasionando un deterioro de la calidad de los servicios p¨²blicos¡±.

Se analizar¨¢ as¨ª la construcci¨®n de la Caja M¨¢gica y del Centro Acu¨¢tico, las principales instalaciones ol¨ªmpicas. La primera se adjudic¨® por 139,8 millones de euros y termin¨® costando 294 millones, a los que se sumaron hace un a?o 32,6 millones por sobrecostes ocultos. Se inaugur¨® en 2009, pero apenas ha tenido uso. El Centro Acu¨¢tico ni siquiera est¨¢ terminado: ha costado 55 millones y precisa 55 millones m¨¢s. El Ayuntamiento ha convencido al Atl¨¦tico para que lo asuma.

La comisi¨®n investigar¨¢ tambi¨¦n la reforma del Palacio de Cibeles, que Gallard¨®n obtuvo del Estado a cambio de inmuebles valorados en 360 millones; la obra posterior se inici¨® con un presupuesto de 80 millones y termin¨® en 138 millones. En total, el edificio cost¨® 500 millones. Y, por ¨²ltimo, se estudiar¨¢ el caso del pabell¨®n deportivo Gallur, cuyas obras concluyeron el pasado verano pero, tras una inversi¨®n de 23 millones, requiri¨® de un mill¨®n adicional por m¨²ltiples deficiencias.

En cuanto a los contratos municipales, se analizar¨¢n varios, incluido el de limpieza viaria (que Botella adjudic¨® con una rebaja del 23,7%, y ha supuesto un deterioro evidente del servicio); tambi¨¦n se tratar¨¢ la posible huella de la trama corrupta P¨²nica (la Audiencia Nacional ha requerido documentos al Ayuntamiento relacionados con la organizaci¨®n de fiestas y cabalgatas de Reyes).

Por ¨²ltimo, entre junio y diciembre de 2018 se pondr¨¢ el foco en las actuaciones patrimoniales y, en concreto, en las desinversiones y convenios lesivos, las expropiaciones forzosas, las operaciones p¨²blico-privadas y las grandes operaciones urban¨ªsticas de los ¨²ltimos a?os. Entre otras, por ejemplo, la Operaci¨®n Calder¨®n o la reforma del estadio Santiago Bernab¨¦u. En este ¨²ltimo caso, la Comisi¨®n Europea obligar¨¢ tras las elecciones generales al Real Madrid a devolver 25 millones de euros en ayudas p¨²blicas derivadas de sus acuerdos urban¨ªsticos. Seg¨²n S¨¢nchez Mato, se trata de ¡°estudiar las actuaciones patrimoniales sospechosas de haber incurrido en malas pr¨¢cticas¡±.

Venta de viviendas sociales a fondos de inversi¨®n

La comisi¨®n empezar¨¢ investigando pues, en junio y julio, la gesti¨®n de la Empresa Municipal de la Vivienda, que estuvo al borde de la quiebra en 2013 debido a su fuerte endeudamiento contra¨ªdo durante la burbuja inmobiliaria. Botella paraliz¨® entonces la construcci¨®n de vivienda p¨²blica (que Ahora Madrid ha retomado), aceler¨® la colocaci¨®n de 2.159 pisos sociales, y vendi¨® al fondo de inversi¨®n Blackstone otros 1.860 alquilados a familias sin recursos. En total, la exalcaldesa se deshizo de una cuarta parte del parque de vivienda p¨²blica municipal; su intenci¨®n era reducirlo a la mitad, pero el PP perdi¨® las elecciones de mayo de 2015. Por entonces, el Ministerio de Hacienda ya alertaba de que la mayor¨ªa de desahucios se concentraban en las viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a fondos de inversi¨®n.

Para investigar este asunto, Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos han acordado esta ma?ana la comparecencia en comisi¨®n el pr¨®ximo 17 de junio de Ana Botella y de su concejal de Urbanismo, Paz Gonz¨¢lez; y del exconsejero delegado de la EMVS Ferm¨ªn Osl¨¦. Adem¨¢s, a iniciativa del PSOE, se convoca a Pablo Cavero y Borja Carabante, que entre 2012 y 2015 fueron, respectivamente, consejero y viceconsejero regional de Vivienda; ahora son concejales del PP en la capital. La concejal socialista Mercedes Gonz¨¢lez lo justifica en que los pisos vendidos por la EMVS estaban calificados como de protecci¨®n p¨²blica, y por tanto su enajenaci¨®n requer¨ªa de la autorizaci¨®n del Gobierno regional. ¡°Se trata de comprobar si los requisitos exigidos para su venta cumplieron con las preceptivas normas, y cu¨¢les fueron las actuaciones desarrolladas al efecto por la Consejer¨ªa¡±, razona Gonz¨¢lez.

Se convocar¨¢ adem¨¢s a los exdirectores regionales de Vivienda Juan Van-Halen (2007-2013) y Ana Gomendio (2013-2015). Ambos fueron imputados por un presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y por prevaricaci¨®n en la venta de 2.935 viviendas sociales al fondo de inversi¨®n Azora-Goldman-Sachs en 2013. Esa operaci¨®n, realizada por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), es similar en apariencia a la de la EMVS; el PSOE llev¨® a los tribunales ambas, pero s¨®lo prosper¨® en la que afecta al Gobierno regional.

Han sido convocados adem¨¢s cuatro ex altos cargos municipales: Pablo Olangua (director de Gesti¨®n de la EMVS ente 2012 y 2013), Rafael Requena (director de Servicios Jur¨ªdicos de la EMVS entre 2012 y 2015), Juan Jos¨¦ de Gracia (coordinador de Gesti¨®n Urban¨ªstica entre 2011 y 2015) y Javier Tena (interventor de Urbanismo desde 2011 hasta la actualidad). En el caso de Tena, al seguir siendo trabajador municipal, s¨ª estar¨ªa obligado a presentarse ante la comisi¨®n.

Queda por decidir a¨²n los comparecientes de la segunda sesi¨®n sobre la EMVS, prevista para el 13 de julio.