Trias pag¨® el alquiler de los okupas en contra de la Intervenci¨®n

La Intervenci¨®n del Ayuntamiento de Barcelona advirti¨® en 2015 al ex alcalde Xavier Trias (CiU) de que el contrato de alquiler del Banco Expropiado con el que pretend¨ªa evitar que los okupas fueran desalojados por el propietario no cumpl¨ªa con el inter¨¦s p¨²blico. El contrato de alquiler, revelado por EL PA?S, especificaba que se firmaba para evitar conflictos posteriores a un desalojo y fijaba que, adem¨¢s de la cuota mensual, el Ayuntamiento se hac¨ªa cargo de todos los gastos ¡ªdesde el IBI hasta la tasa de basuras¡ª y da?os que los okupas pudieran ocasionar. CiU tild¨® ayer de ¡°interesada¡± y ¡°parcial¡± la filtraci¨®n del informe de la interventora y aport¨® un informe posterior que avalaba el alquiler al ser temporal.

El informe de la Intervenci¨®n que desaconseja ese alquiler est¨¢ fechado el 29 de enero de 2015, el mismo d¨ªa que el Consistorio aprob¨® la justificaci¨®n del gasto del contrato, que firm¨® con efectos al 1 de enero el entonces n¨²mero dos del ayuntamiento, el concejal convergente Joaquim Forn.

CiU mantuvo ayer, tal y como afirm¨® Trias la semana pasada, la tramitaci¨®n del expediente fue ¡°impecable¡± y ajustada a la ley. Fuentes del partido explicaron que tras el informe desfavorable de la intervenci¨®n conocido ayer hubo un segundo documento de los Servicios Jur¨ªdicos y de la Direcci¨®n de Patrimonio que le dieron respuesta y que la propia Intervenci¨®n justific¨® finalmente el inter¨¦s p¨²blico del pago del alquiler.

La semana pasada, la v¨ªspera de que trascendiera el contrato de alquiler, la Fiscal¨ªa abri¨® una investigaci¨®n a Trias para averiguar si cometi¨® un delito de malversaci¨®n por pagarlo con fondos p¨²blicos. El local pertenece a Antartic Vintatge, propiedad del empresario Manuel Bravo, y el alquiler ascend¨ªa a 5.500 euros mensuales.

El informe lo firma la interventora adjunta y desestima los argumentos favorables al alquiler que hab¨ªan aportado la Secretar¨ªa Municipal y la Direcci¨®n de Patrimonio semanas antes, que conclu¨ªan que la Carta Municipal de Barcelona prev¨¦ que el Ayuntamiento pueda promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios p¨²blicos que afecten al inter¨¦s general de los ciudadanos. En este texto previo se consideraba de inter¨¦s pagar el alquiler por las actividades que se realizaban en el local y porque la dificultad de hablar con los okupas abocaba al desalojo y posteriores disturbios.

El contrato que acab¨® firmando Trias y que la actual alcaldesa, Ada Colau, decidi¨® no prorrogar al finalizar el 31 de diciembre de 2015, fue pol¨¦mico desde el inicio. Como revel¨® este diario, el gobierno de CiU lo firm¨® a escondidas, sin comunicarlo a los okupas y sin publicitarlo en enero de 2015. Hab¨ªa pasado medio a?o desde los disturbios de Can Vies y faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Quien solicit¨® el pago del alquiler fue la entonces concejal de Gr¨¤cia, Maite Fandos, pero los t¨¦cnicos del distrito ¡°no avalaron el gasto¡± y ¡°lo desaconsejaron¡±, seg¨²n explican varias fuentes. Fue entonces cuando el asunto se elev¨® hasta la Direcci¨®n de Patrimonio, que depende de la gerencia de Econom¨ªa y Presidencia y no del distrito. El gasto se autoriz¨® sin que pasara por el pleno.