Una condena por cohecho fuerza el cese de un cargo de la C¨¢mara de Pontevedra

Rosario Lorenzo, secretaria de la C¨¢mara de Comercio de Pontevedra hasta la fusi¨®n de la entidad con la de Vigo y Vilagarc¨ªa en mayo pasado, ha sido condenada este lunes por los delitos de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios que conlleva la inhabilitaci¨®n especial y definitiva del cargo de funcionaria que ven¨ªa desempe?ando desde 1998.

En un juicio que dur¨® apenas cinco minutos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, la exsecrearia cameral y el representante de la entidad en Brasil, Jos¨¦ Mar¨ªa Lago, reconocieron los cargos de la acusaci¨®n ante el tribunal por lo que se les ha aplicado la atenuante de reparaci¨®n del da?o y una rebaja de las condenas.

Por el delito de cohecho, la pena impuesta a Rosario Lorenzo es de un a?o de prisi¨®n, un a?o y seis meses de inhabilitaci¨®n especial y una multa de seis euros diarios durante seis meses. La inhabilitaci¨®n (que en principio era de cinco a?os) supondr¨¢ la renuncia inmediata del cargo de delegada de la C¨¢mara en Pontevedra, para el que fue recientemente elegida, y sin derecho a indemnizaci¨®n. Para poder optar de nuevo al puesto, una vez cumplida la condena, la acusada tendr¨ªa que superar las oposiciones para ocupar la plaza de funcionaria.

Por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, Rosario Lorenzo ha tenido que reintegrar 22.800 euros que retir¨® de la cuenta del delegado comercial como una d¨¢diva por mantenerlo en el puesto, seg¨²n qued¨® probado en el juicio, adem¨¢s de seis meses de suspensi¨®n del cargo y una multa de seis euros diarios durante tres meses.

Para el exempleado de la C¨¢mara Jos¨¦ Mar¨ªa Lago, la condena de conformidad impuesta por el tribunal es de dos a?os de prisi¨®n, multa de seis euros durante 12 meses y cinco de inhabilitaci¨®n para recibir subvenciones o ayudas del Estado.

Los hechos admitidos por ambos acusados en calidad de c¨®mplices se remontan a 2002 y fueron denunciados por antiguos trabajadores de la entidad a ra¨ªz de su despido y que desde entonces todav¨ªa investiga un juzgado de Pontevedra.

Aquel a?o, el ejecutivo cameral acord¨® la creaci¨®n de una oficina en Florian¨¢polis (Brasil) para la cual se nombr¨® representante al condenado, que hasta entonces trabajaba como becario, aprobando por unanimidad la firma de un convenio con la Direcci¨®n Xeral de Comercio de la Xunta que estar¨ªa en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

As¨ª, anualmente, se firmaron contratos con la empresa Contrato Em Comunicacoes Empresariais de arrendamientos de servicios y que ten¨ªan por objeto el asesoramiento y asistencia a las actividades de exportaci¨®n e internacionalizaci¨®n de la econom¨ªa gallega en Brasil que Lago se encargaba de gestionar.

A cambio, la empresa contratante percibi¨® por los trabajos prestados un promedio de 3.800 d¨®lares mensuales, dinero que estaba subvencionado por la Xunta de Galicia entres el 50 y el 80%. Los pagos se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados en una cuenta de la que era titular Jos¨¦ Mar¨ªa Lago.

Sin embargo, se comprob¨® que al menos seis de los cheques emitidos en 2011 fueron endosados a la cuenta bancaria que la secretaria compart¨ªa con Lago como autorizada despu¨¦s de que este le otorgara un poder. En esta cuenta, y entre 2007 y 2011, se detectaron seis retiradas de dinero por importe de 22.800 euros y que la exsecretaria reconoci¨® que hab¨ªa percibido ilegalmente.

En las comparecencias ante el juzgado, ni Lorenzo ni Lago hab¨ªan ofrecido una explicaci¨®n convincente del destino dado a las cantidades retiradas por la secretaria de la cuenta del empleado. De tal forma que el fiscal concluy¨® que ¡°eran pagos autorizados por Lago a Lorenzo a cambio de facilitar la contrataci¨®n de su empresa con la C¨¢mara de Comercio¡±.