Una medida pedag¨®gica

Los abajo firmantes hemos sido encargados por el Ayuntamiento de Madrid de revisar el callejero y la simbolog¨ªa existente en lugares p¨²blicos con el fin de cumplir el art¨ªculo 15 de la Ley 52/2007 (habitualmente conocida como Ley de la Memoria Hist¨®rica y referida a la reparaci¨®n debida a las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo), que exige la retirada de todo s¨ªmbolo p¨²blico que exalte la sublevaci¨®n militar, la Guerra Civil o la represi¨®n de la dictadura franquista. Querr¨ªamos hoy justificar p¨²blicamente nuestra tarea.

?Las medidas reparatorias que unas autoridades democr¨¢ticas deben tomar despu¨¦s de un per¨ªodo de guerra civil o dictadura constituyen un terreno de gran complejidad en t¨¦rminos de filosof¨ªa y ¨¦tica pol¨ªtica. Hay que rechazar, desde luego, todo ¨¢nimo revanchista. No se trata de enmendar la historia, ni de demostrar que han llegado ahora al poder quienes perdieron la guerra hace ochenta a?os.

Tampoco nos hemos dejado llevar por la idea, expuesta por el fil¨®sofo Georges Santayana, de que los pueblos que no recuerdan su pasado est¨¢n condenados a repetirlo.

El recuerdo ayuda, sin duda, a prevenir riesgos futuros. Pero el pasado no se repite de manera mec¨¢nica y fatal. La ley de la historia es m¨¢s bien el cambio, y uno de esos cambios son las transiciones a la democracia. En el caso espa?ol, hay muchas razones para creer que acontecimientos tr¨¢gicos como los iniciados en 1936 no volver¨¢n a ocurrir. La sociedad ha cambiado radicalmente, se ha elevado nuestro nivel econ¨®mico y cultural, hay una democracia estabilizada y han desaparecido aquellas pasiones pol¨ªticas que llevaron a la gente a la barbarie del exterminio mutuo.

Tampoco nos gu¨ªa la idea de hacer justicia, en sentido literal del t¨¦rmino, es decir, restaurar la situaci¨®n en el estado en que estuvo antes de que se conculcara el derecho. Esto es raras veces posible, y menos a¨²n cuando ha transcurrido tanto tiempo.

Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni la juventud a quienes la pasaron en la c¨¢rcel, en el exilio o como miembros de una familia que, adem¨¢s de haber perdido a un ser querido, se vio obligada a vivir en el oprobio y la marginaci¨®n. Lo ¨²nico que ahora podemos hacer es rehabilitarles moralmente, pagar la deuda pol¨ªtica y simb¨®lica que tenemos con esas v¨ªctimas. Hay que proclamar en voz alta y delante de todos que muchos espa?oles sufrieron un tratamiento inmerecido y que sus familias pueden y deben caminar hoy con la cabeza bien alta. Si alguien debe sentir verg¨¹enza somos los dem¨¢s, por haber tardado tanto tiempo en rendirles este homenaje.

La raz¨®n m¨¢s profunda que inspira medidas de este tipo fue explicada hace tiempo por Pablo de Greiff, comisionado de la ONU para el caso espa?ol, que visit¨® este pa¨ªs hace tres a?os y elabor¨® un informe muy cr¨ªtico hacia la actitud de las autoridades espa?olas en este problema. Seg¨²n ¨¦l, estas medidas se justifican porque es necesario aumentar la confianza de los ciudadanos entre s¨ª y entre ellos y las instituciones p¨²blicas. Las instituciones que toleran que una parte de la ciudadan¨ªa cargue con un tratamiento injusto se desprestigian. Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se gu¨ªan por los valores y normas dominantes entre el conjunto de los ciudadanos.

No se trata, pues, de establecer una versi¨®n can¨®nica del pasado que fije los m¨¦ritos y responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas de tales actuaciones. Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer proyecciones de culpas y m¨¦ritos pret¨¦ritos sobre grupos sociales del presente. Se trata de resolver un problema de los ciudadanos espa?oles actuales. Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral c¨ªvica.

A partir de estas consideraciones, nuestro grupo ha trabajado sobre una treintena de calles cuya nomenclatura hab¨ªa sido cuestionada por Juntas de Distrito, asociaciones de vecinos o de memoria hist¨®rica o ciudadanos particulares. Y hemos acordado una primera propuesta sobre los casos m¨¢s llamativos: principalmente, personajes que participaron de manera destacada en la rebeli¨®n militar de 1936 u ostentaron altos cargos del r¨¦gimen represivo establecido en 1939.

Aunque otorgar nuevas denominaciones a esas v¨ªas p¨²blicas no era exactamente nuestra funci¨®n (pues esto implica una voluntad pol¨ªtica y debe corresponder por tanto a los ¨®rganos representativos de la ciudadan¨ªa madrile?a), nos hemos atrevido tambi¨¦n a lanzar, como sugerencias, una serie de propuestas alternativas. Con ello tratamos de facilitar la adecuaci¨®n del callejero de esta ciudad a los valores c¨ªvicos y democr¨¢ticos que corresponden al Madrid del siglo XXI. En este esp¨ªritu, hemos pensado que se deb¨ªa homenajear a mujeres ilustres, a instituciones pedag¨®gicas o personajes del mundo de la cultura que contribuyeron a engrandecer nuestro patrimonio inmaterial en tiempos dif¨ªciles y a pol¨ªticos destacados por haber adoptado posiciones conciliatorias.

De los 27 nombres que proponemos, un tercio son meras reposiciones de denominaciones anteriores a 1939, o referencias geogr¨¢ficas pol¨ªticamente neutras. Casi otros tantos se refieren a literatos o t¨ªtulos literarios de relieve. Y el resto se reparten entre ideales abstractos (Inteligencia, Memoria, Concordia), personajes pol¨ªticos (un comunista, un socialista y un anarquista, conocidos los tres por su esp¨ªritu apaciguador), mujeres (una falangista / feminista y una fiscal de violencia de g¨¦nero), militares (un republicano de 1936 y un liberal progresista del XIX) y asociaciones pedag¨®gicas como la Instituci¨®n Libre de Ense?anza.

El conjunto nos parece equilibrado. Hay, desde luego, lagunas, como la de los cient¨ªficos, menos abundantes de lo deseable en la historia de este pa¨ªs, pero que por esa misma raz¨®n deben ser exaltados y celebrados con mayor fuerza. Habr¨¢ una segunda propuesta donde se intentar¨¢ compensar esta y otras carencias.

La funci¨®n de una medida de este tipo debe ser, sobre todo, pedag¨®gica. No en sentido estricto, pues no queremos dar una lecci¨®n de historia, ni mucho menos imponer una determinada versi¨®n del pasado. Pero s¨ª en el de restaurar y fortalecer esa confianza entre los conciudadanos que una guerra civil rompe; la confianza de ellos entre s¨ª y la de todos en unas instituciones que por ser democr¨¢ticas debemos sentir como nuestras.

Unas instituciones que han de encarnar la justicia y han de reconocer y proclamar, en nombre de la comunidad, que entre 1939 y 1975 se cometieron actos y se vivieron situaciones de violencia que afectaron de manera injusta a muchos de nuestros conciudadanos. La democracia debe reconocerlo para disfrutar as¨ª de la confianza de todos. S¨®lo cuando se restablezca esa confianza se podr¨¢n considerar cerradas las heridas y extinguidas las deudas y responsabilidades.

Adem¨¢s de la presidenta y el vicepresidente de la Comisi¨®n, firman este escrito sus vocales: Teresa Arenillas, Octavio Ruiz Manj¨®n, Andr¨¦s Trapiello, Santos Ur¨ªa y Amelia Valc¨¢rcel.