Entidades y sindicatos critican el ¡°voluntarismo¡± de la ley de vivienda
La Generalitat recibe al menos tres alegaciones al anteproyecto
La ley expr¨¦s contra la emergencia habitacional con que la Generalitat busca reemplazar la norma suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional sigue su tr¨¢mite. Al menos el Ayuntamiento de Barcelona, la UGT y C¨¢ritas han presentado alegaciones al anteproyecto. Todas las partes alaban la celeridad con que se ha buscado una alternativa, pero recelan de algunos aspectos. Entidades y sindicatos ven que la norma se apoya mucho en la mediaci¨®n, con un car¨¢cter voluntarista, algo que consideran que reduce su efectividad.
El departamento de Gobernaci¨®n no especific¨® cu¨¢ntas alegaciones ha recibido el anteproyecto. Lo cierto es que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muy cr¨ªtica con el texto que result¨® de las negociaciones con la Generalitat, no ha presentado ninguna propuesta para enmendarlo. Tampoco lo ha hecho la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, al contrario que C¨¢ritas, el Ayuntamiento de Barcelona y la UGT.
El plazo para presentar alegaciones expir¨® a mediados de este mes, lo que tambi¨¦n ha generado malestar en las entidades. ¡°Entendemos la urgencia, pero no es la ¨¦poca m¨¢s adecuada para hacer estas exposiciones p¨²blicas. La PAH fue la promotora de la ley, pero otras entidades que dimos apoyo tambi¨¦n ten¨ªamos cosas que aportar¡±, critica Lloren? Serrano, responsable de vivienda de CC OO. El sindicato esperar¨¢ al tr¨¢mite parlamentario para intentar incluir sus propuestas.
Barcelona pide controlar el alquiler abusivo
Barcelona solo ha presentado una alegaci¨®n al anteproyecto de ley de emergencia habitacional. Con ella pretende modificar, con una disposici¨®n adicional, la ley de vivienda de 2007 y multar con cantidades que pueden llegar a los 90.000 euros cuando se acuerde un alquiler abusivo. La medida se aplicar¨ªa a las viviendas inscritas en el registro de pisos vac¨ªos, las ¡°suceptibles de serlo¡± y aquellas que est¨¢n habitadas aunque no exista un ¡°t¨ªtulo habilitante¡±, y que, adem¨¢s, tengan un c¨¢non que implique al arrendatario un esfuerzo econ¨®mico superior al 20% de los ingresos medios del municipio donde est¨¢ el inmueble. El Ayuntamiento pide que las grandes ciudades puedan delimitar ¨¢reas para la aplicaci¨®n de la restricci¨®n.
¡°No se habla mucho del acceso al alquiler, uno de los problemas habitacionales a los que ahora nos enfrentamos y en el que tenemos pocas competencias¡±, opina Laura Pelay, vicesecretaria general de UGT. La ¨²nica alegaci¨®n que present¨® el Ayuntamiento de la capital catalana va en la l¨ªnea de modificar la ley de vivienda de 2007 para poder multar el precio de alquiler abusivo. ¡°Poner tanto ¨¦nfasis en la mediaci¨®n, que se basa en la buena voluntad de las partes, limita la efectividad. Tendremos que estar muy encima para vigilar el cumplimiento¡±, agrega la l¨ªder sindical.
El anteproyecto apuesta por la v¨ªa de la expropiaci¨®n temporal del uso de la vivienda por un tiempo de entre cuatro y diez a?os, para que los pisos vac¨ªos de los bancos tengan un fin social. El precio lo fijar¨¢ un jurado de expropiaci¨®n tras un largo proceso. Pelay duda que la situaci¨®n econ¨®mica de las arcas catalanas permitan utilizar de manera efectiva este mecanismo. La consejera de Gobernaci¨®n, Meritxell Borr¨¤s, ha defendido que esto se puede compensar con que las entidades bancarias se vean obligadas a entregar los pisos en condiciones para entrar a vivir. UGT tambi¨¦n pide m¨¢s recursos para Ofideubte, el servicio de informaci¨®n, asesoramiento y mediaci¨®n dirigido a las familias con dificultades para atender el pago de hipotecas.
Ampliar los beneficiarios
C¨¢ritas, por su parte, insiste en la necesidad de ampliar la definici¨®n de situaci¨®n de sobreendeudamiento para dar cobijo a m¨¢s casos derivados de la crisis econ¨®mica. La entidad propone que, adem¨¢s de causas sobrevenidas como el desempleo o la incapacidad de un miembro de la unidad familiar, que impidan hacer frente a las deudas, se tenga en cuenta la disminuci¨®n de capacidad econ¨®mica derivada de las situaciones del mercado financiero.
En concreto, la entidad cat¨®lica aboga por tener en cuenta ¡°las circunstancias econ¨®micas y financieras que hayan implicado un aumento significativo de la carga hipotecaria ajenas a la voluntad del deudor¡±, seg¨²n el texto de las alegaciones presentado ante Gobernaci¨®n. Otra de las peticiones de C¨¢ritas es que no se obligue a los afectados por la daci¨®n en pago a ser los responsables de comunicar a la Administraci¨®n el acuerdo al que se ha llegado con los acreedores. La entidad pide crear un sistema de colaboraci¨®n para no vulnerar los derechos de los afectados.
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