El Gobierno debe 200 millones por sentencias de la M-45
Las empresas denunciaron a la Comunidad de Madrid por el coste de las expropiaciones para construir la autov¨ªa
La autov¨ªa M-45 se ha convertido en un lastre econ¨®mico para la regi¨®n. Los madrile?os deben 200 millones de euros en sentencias relacionadas con las expropiaciones que realizaron las concesionarias para construir la carretera (inaugurada en 2002) y que superaron el precio previsto. Las empresas comenzaron a reclamar al Ejecutivo regional en 2011 pero, al no obtener soluci¨®n, denunciaron en los tribunales. A esa cifra se suman los 620 millones desembolsados por el peaje a la sombra.
La M-45, una de las autov¨ªas m¨¢s concurridas, con un flujo de m¨¢s de 100.000 veh¨ªculos diarios, vertebra el este con el oeste de la regi¨®n. Ser¨ªa una infraestructura exitosa si no fuera por el sistema escogido para su construcci¨®n y gesti¨®n, en ¨¦poca de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, conocido como peaje a la sombra. Consiste en que las constructoras pagan la infraestructura y la Comunidad de Madrid les abona durante 25 a?os un canon en funci¨®n del n¨²mero de coches que transitan por ella. Los usuarios no lo detectan porque no hay casetas ni tiques, pero est¨¢n pagando una tasa por su uso.
A las diferentes empresas adjudicatarias la obra les cost¨® 487 millones de euros y la Comunidad ya ha abonado 620 millones por el tr¨¢nsito de veh¨ªculos. En 2015, el Gobierno regional pag¨® por ese concepto 83 millones (32,9 por el tramo I; 34,4 por el tramo II y 15,9 por el tramo III). Un desembolso que continuar¨¢ hasta el fin de la concesi¨®n de la carretera (de 2027 a 2032, dependiendo del tramo de la v¨ªa). La M-45 se inaugur¨® en marzo de 2002.
Como a?adido a tal sangr¨ªa, a?o tras a?o le van cayendo al Gobierno regional sentencias desfavorables debidas a las expropiaciones a las que tuvieron que hacer frente las empresas para construir la infraestructura. El coste de las adquisiciones de los terrenos por donde discurre la M-45 no pod¨ªa superar el 7% de la inversi¨®n por obra ejecutada. En caso contrario, como as¨ª ha ocurrido debido a los justiprecios e intereses de demora que se han abonado a los antiguos due?os de las fincas, se deber¨ªan haber negociado f¨®rmulas menos lesivas para las arcas p¨²blicas.
Demandas
Las adjudicatarias de la infraestructura realizaron diferentes peticiones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, sobre todo en los a?os 2010 y 2011. Solicitaban que se equilibrara el aumento del coste que les hab¨ªa provocado el pago de las parcelas. Sus requerimientos no fueron atendidos por la Administraci¨®n y tampoco se negoci¨® un plan de pagos, por lo que presentaron demandas judiciales.
En 2012, los tribunales empezaron a condenar a la Comunidad al pago del sobrecoste. Y el Ejecutivo decidi¨® recurrir los fallos, en un intento de evitar la sangr¨ªa de millones extra a las que ten¨ªa que enfrentarse.
La carretera se divide en tres tramos. El primero (entre la A-2 y el eje de O'Donnell) fue adjudicado a la empresa Concesiones de Madrid, SA; el segundo (entre el eje de O¡¯Donnell y la A-4) le correspondi¨® a Autopista Trados-45, SA; mientras que el tercero, que une la A-4 y la A-5, recay¨® en Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, SA. Todas ellas se han dirigido a los tribunales para zanjar cuentas con la Administraci¨®n
Hace dos a?os, en junio de 2014, lleg¨® el primer varapalo referente al tramo I. La Comunidad recurri¨® en casaci¨®n, pero en abril de este a?o se ratific¨® la sentencia, sin que exista posibilidad de apelaci¨®n. La cuant¨ªa del desequilibrio econ¨®mico y financiero de la concesi¨®n se fij¨® en 67.298.264,29 euros a fecha 31 de diciembre de 2012, cantidad que se incrementa en un 10,05% anual adicional por los intereses. Al no haberse satisfecho todav¨ªa, la cifra que debe pagar la Comunidad ha aumentado hasta los 95 millones aproximadamente.
Fallos similares
Un procedimiento similar se sigui¨® en el tramo II (O¡¯Donnell a N-IV). La condena por las expropiaciones asciende en esta zona a 32,3 millones, que con intereses se encuentra ya en los 48,3 millones. La sentencia es firme desde septiembre de 2015.
El ¨²ltimo fallo judicial recibido afecta al tramo III (uni¨®n de la A-4 con la A-5). El importe en este caso se eleva a 47,4 millones a pagar a Euroglosa (OHL). El Gobierno regional ha seguido el mismo procedimiento que en ocasiones anteriores, presentando un recurso de casaci¨®n. En total, las sentencias suman unos 200 millones, que todav¨ªa no se han abonado. El montante crece d¨ªa a d¨ªa debido a los intereses.
En Madrid existen otras tres autov¨ªas que se han financiado con el mismo m¨¦todo: la M-501, conocida como la autov¨ªa de los pantanos, que percibi¨® 16,7 millones en 2015 como peaje a la sombra, y la M-407, de Legan¨¦s a Gri?¨®n, que cost¨® 7,4 millones en 2015.
Esta forma de financiaci¨®n ha suscitado las cr¨ªticas de los grupos de la oposici¨®n. Hace dos semanas, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pregunt¨® a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre el sistema que iba a aplicar el Gobierno para afrontar el pago a OHL. Cifuentes respondi¨® que, de momento, se iban a agotar todos los recursos jur¨ªdicos porque consideraba que esa era la mejor defensa de los intereses de los madrile?os. Tambi¨¦n le record¨® que la autov¨ªa no se ha construido durante su mandato.?
Conversaciones para afrontar los pagos
El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha entablado conversaciones con las adjudicatarias de la M-45 para hacer frente a los pagos, que todav¨ªa no ha iniciado, por las sentencias condenatorias debido a las expropiaciones. En los pliegos de condiciones t¨¦cnicas y econ¨®micas de la licitaci¨®n convocada para la construcci¨®n de la infraestructura, se reconoc¨ªa el derecho de las empresas a mantener el equilibrio cuando las expropiaciones superaran los 5,5 millones de euros. En 2002 el Gobierno regional hizo frente a un reequilibrio reconociendo 21 millones adicionales al coste de la obra. La Comunidad de Madrid ha expuesto esta consideraci¨®n en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Tambi¨¦n ha advertido de que la empresa no ha invertido en conservaci¨®n los 100 millones a los que est¨¢ obligada. Consideraciones que, de momento, no han convencido a los jueces.
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