Juicio a la exalcaldesa de Melide por certificar obras que no se hicieron

La exalcaldesa del municipio coru?¨¦s de Melide (7.500 habitantes) entre 2007 y 2011, Socorro Cea V¨¢zquez (BNG), responder¨¢ a partir de este mi¨¦rcoles ante el tribunal de la Secci¨®n Primera de la Audiencia provincial de los delitos de prevaricaci¨®n y falsedad, por dar como acabadas las obras de una depuradora en un parque empresarial que ni siquiera llegaron a iniciarse. La Fiscal¨ªa cree que lo hizo para ajustarse a los plazos administrativos y no perder una subvenci¨®n de la Xunta de 366.000 euros, por lo que pide para ella una condena de 4 a?os de prisi¨®n y 8 de inhabilitaci¨®n.

La Fiscal¨ªa concluye que la acusada, dict¨® un decreto ¡°afirmando, con mendacidad, que la obra fue efectivamente realizada, a sabiendas de la palmaria arbitrariedad de su decisi¨®n, dejando sin efecto la suspensi¨®n en la tramitaci¨®n del expediente y aprobando tanto la certificaci¨®n de las obras como las facturas¡±.

Tambi¨¦n ser¨¢ juzgado por los mismos delitos Ricardo Aneiros, arquitecto municipal durante el mandato de Socorro Cea, y la Fiscal¨ªa pide para ¨¦l una pena de privaci¨®n de libertad de 4 a?os y otros tres de inhabilitaci¨®n. En el banquillo tambi¨¦n se sentar¨¢ Xavier Ur¨ªa, jefe de la obra que nunca se ejecut¨® y representante de la empresa constructora, Macraut Ingenieros S.L., acusado de falsedad en documento oficial que afronta la m¨¢xima condena, cinco a?os y medio de prisi¨®n y tres de inhabilitaci¨®n.

La causa que instruy¨® el Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero uno de Arz¨²a, surgi¨® a ra¨ªz de la firma, en septiembre de 2008, de un convenio entre el Ayuntamiento y la Conseller¨ªa de Innovaci¨®n e Industria del Gobierno bipartito de la Xunta, entre socialistas y nacionalistas, para la construcci¨®n de una estaci¨®n depuradora de aguas residuales en el parque empresarial de A Magdalena.

En ese documento p¨²blico se acord¨® que la Xunta aportar¨ªa el 75 % del coste total de la obra que ascend¨ªa a medio mill¨®n de euros, nombrando director del proyecto al arquitecto municipal y a la empresa como adjudicataria de las obras. ¡°Pero a pesar de las maquinaciones ning¨²n desembolso hizo el Ayuntamiento a la empresa ni tampoco este lleg¨® a recibir la subvenci¨®n¡±, al dejar la Xunta sin efecto el convenio en 2010, sostiene la Fiscal¨ªa.

El documento p¨²blico establec¨ªa un per¨ªodo de vigencia de catorce meses, por lo que finalizar¨ªa el 29 de noviembre de 2009, y se resolver¨ªa por incumplimiento total o parcial de cualquiera de sus cl¨¢usulas si no se llevaban llevarse a cabo las actividades acordadas, seg¨²n recoge el escrito de acusaci¨®n del fiscal.

Pero por causas que no constan en los autos, las obras no se iniciaron, y en el lugar en el que estaba proyectada su ubicaci¨®n s¨®lo se hizo acopio de material de obra, ni siquiera se hizo movimiento alguno de tierra ni se coloc¨® cartel anunciador del proyecto en el pol¨ªgono industrial. ¡°Siendo esta la situaci¨®n, con el m¨¢s basto desprecio al deber de fidelidad a la fe p¨²blica, el arquitecto emiti¨® la certificaci¨®n n¨²mero uno en la que falazmente afirmaba que se hab¨ªan ejecutado las obras¡±, se?ala el escrito de acusaci¨®n de la fiscal Luisa Su¨¢rez Cabo.

La certificaci¨®n conten¨ªa una descripci¨®n detallada de las distintas partidas que fue rubricada en diciembre de 2008 por los tres acusados, ¡°siendo plenamente conscientes de que con ello creaban un documento que no reflejaba la realidad f¨ªsica de la obra y cuya incorporaci¨®n al expediente resultaba apremiante y necesaria para evitar la p¨¦rdida de la subvenci¨®n¡±, se?ala la acusaci¨®n p¨²blica, a pesar del informe de reparo con efectos suspensivos que emiti¨® la interventora municipal.