La Asamblea env¨ªa a la Fiscal¨ªa su informe del Campus de la Justicia

Contrataciones sin llevar a cabo licitaciones p¨²blicas, facturas que no est¨¢n soportadas por ning¨²n contrato, encargo de obras por cantidades millonarias que no se llegaron a construir, gastos disparatados en publicidad y propaganda... El informe elaborado por la diputada socialista Mercedes Gallizo, a petici¨®n de la comisi¨®n parlamentaria que investiga el endeudamiento de la Comunidad de Madrid y, dentro de ¨¦l, lo ocurrido en el Campus de la Justicia, da la dimensi¨®n del ¡°descontrol¡± que presidi¨® la empresa p¨²blica desde sus inicios. ¡°No solo ha supuesto un importante quebranto para las arcas p¨²blicas, sino que ha estado llena de irregularidades administrativas, legales o contractuales¡±, sostiene. Los diputados del resto de grupos (PP, Podemos y Ciudadanos), que recibieron ayer el documento, podr¨¢n incluir modificaciones al estudio.

En 2004, el Gobierno regional decidi¨® reunir en 400.000 metros cuadrados situados en Valdebebas las 21 sedes judiciales de Madrid. M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s, de los 14 edificios previstos solo se ha construido la sede del Instituto de Medicina Legal (conocido como el Donut), sin inaugurar. Cuando se cerr¨® el Campus de la Justicia, en julio de 2014, dej¨® un patrimonio neto de 25 millones, del total de 130 que le inyect¨® la Comunidad de Madrid. La comisi¨®n parlamentaria ha intentado seguir el rastro a los 105 restantes.

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Proyecto improvisado. Ni siquiera existe una estimaci¨®n oficial por parte del gobierno del dinero invertido en el Campus, advierte el informe. Cuando se inici¨® el proyecto, se carec¨ªa de ¡°una idea global de c¨®mo deb¨ªa materializarse¡±, seg¨²n admitieron varios responsables de la empresa en la Asamblea. Se constituy¨® una sociedad p¨²blica mercantil con un consejo de administraci¨®n compuestos por altos cargos de la Consejer¨ªa de Justicia y una peque?a plantilla formada por personas de confianza, sin ninguna experiencia en la gesti¨®n de proyectos que, adem¨¢s, se seleccionaron a dedo. Esto provoc¨® que se multiplicase el gasto al contratar a empresas privadas ¡°absolutamente todo¡±. ¡°Al hacerlo sin control¡±, a?ade el informe, ¡°estas contrataciones se convert¨ªan en un espacio abonado para el tr¨¢fico de influencias¡±.

Especulaci¨®n. El informe considera que podr¨ªa haber existido especulaci¨®n urban¨ªstica. ¡°Se licitaron obras por cantidades millonarias que luego no se hicieron o se completaron a medias¡±. Al frente de la sociedad, se coloc¨® a Isabelino Ba?os, que previamente hab¨ªa sido el representante legal de la Junta de propietarios de Valdebebas cuando esta negociaba con la Comunidad de Madrid. Y tambi¨¦n hab¨ªa trabajado en Bovis Lend Lease, ¡°a la que acabar¨ªa contratando para gestionar la relaci¨®n con las obras en Campus de la Justicia¡±, dice el informe.

Contrataci¨®n. Los parlamentarios han encontrado diversas ¡°irregularidades¡±, sobre todo porque se prescindi¨® en ¡°numerosas ocasiones¡± de los procedimientos de publicidad y libre concurrencia y se recurri¨® ¡°a la contrataci¨®n directa¡±. En los casos en los que se convoc¨® licitaci¨®n p¨²blica, ¡°todo estaba condicionado por un grupo de personas que actuaban sin otro control que el que se impusieron ellos a s¨ª mismos¡±, sostiene el informe. Los diputados han localizado tambi¨¦n ¡°numerosas facturas o mandamientos de pago¡± sin mediar ¡°no ya concurso, sino ni siquiera contrato¡± o cantidades troceadas en diversas facturas para esquivar el control.

Control de las cuentas. ¡°El descontrol lleg¨® hasta tal extremo que dejaron de presentarse los presupuestos en la C¨¢mara de Cuentas sin que sucediese nada¡±, dice el informe. Todos los responsables de la empresa cre¨ªan que ¡°sus predecesores hab¨ªan dejado irregularidades y no quer¨ªan cargar con sus consecuencias, como se nos explic¨® en la comisi¨®n¡±.

Dise?o a la ¨²ltima. Las decisiones sobre los edificios no depend¨ªan de su funcionalidad, sino del dise?o. ¡°A la suma de derroches y desprop¨®sitos¡±, el informe a?ade el gasto de un mill¨®n de euros en premios de un concurso de ideas para desarrollar el proyecto. Pero luego se sacaron a licitaci¨®n cada uno de los edificios y se contrat¨® al arquitecto Norman Foster para construir otros dos, ¡°al margen de todo concurso¡±. Se le abonaron 10,6 millones de los 13,3 del total del contrato por unos inmuebles que no se hicieron.

Financiaci¨®n ca¨®tica. ¡°Nunca hubo una previsi¨®n global de la sostenibilidad financiera del proyecto¡±, sostiene el informe. Miguel Gim¨¦nez de C¨®rdoba, consejero del Campus en 2008, explic¨® en su comparecencia ante los parlamentarios la raz¨®n por la que el metro cuadrado construido se hab¨ªa disparado al doble. La viabilidad econ¨®mica del proyecto se sustentaba en la venta previa de los antiguos edificios judiciales de Madrid. En 2006 se enajen¨® el primero, los juzgados de lo social en la calle de Hernani, que se hab¨ªa tasado en unos 38 millones. Se obtuvieron 62 millones, un 60% m¨¢s. As¨ª ¡°se abandon¨® lo que yo llamo austeridad catalana¡±, indic¨® Gim¨¦nez de C¨®rdoba y se pas¨® de construir a 1.000 o 1.100 euros por metro a barajar la cifra de 2.000 o incluso m¨¢s.