La justicia revela un coladero en la regularizaci¨®n de ciudadanos chinos

La secci¨®n 22 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al due?o de una gestor¨ªa, Florencio A., y a 10 de sus colaboradores, por regularizar a centenares de ciudadanos chinos de forma fraudulenta. Los penados lograron el alta de 1.000 personas en la seguridad social a trav¨¦s de empresas ficticias. Los Mossos analizaron pormenorizadamente 233 casos, que la Audiencia pide ahora a la Delegaci¨®n del Gobierno ¡ª la competente en permisos de Extranjer¨ªa¡ª que revise. De estos ciudadanos penden todas las solicitudes posteriores que se hayan podido tramitar, a trav¨¦s de reagrupaciones familiares o contrataciones de terceros. ¡°Si realmente se realiza esa revisi¨®n exhaustiva, es un gran problema para la comunidad china¡±, avisan fuentes del caso.?

¡°Algunos est¨¢n ya nacionalizados¡±, explica la delegaci¨®n. Y si no lo est¨¢n, ¡°son residentes de larga duraci¨®n¡±. En estos momentos, la subdelegaci¨®n de Barcelona, donde se presentaron todas las solicitudes, estudia ¡°las implicaciones de cada caso¡±, aunque por ahora no se ha llevado a cabo ning¨²n ¡°procedimiento de extinci¨®n¡±, es decir, de retirada de los papeles a los afectados.

La Audiencia tambi¨¦n se dirige a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad. Parte de las personas que obtuvieron fraudulentamente permisos de trabajo y residencia, cobraron tambi¨¦n como desempleados por trabajos que nunca desempe?aron. ¡°F¨¢cilmente pueden superar los 120.000 euros [la barrera para considerarlo delito]¡±, asegura Mossos en su informe final de la causa. El Ministerio de Trabajo ha abierto una investigaci¨®n, pero declina dar detalles ¡°antes de informar al juez¡±, aduce una portavoz.

La investigaci¨®n de Mossos, a la que se sum¨® la Polic¨ªa Nacional, destap¨® un verdadero coladero en la regularizaci¨®n de ciudadanos chinos. Lo definieron como ¡°blanqueo de personas¡±: una ¡°progresiva inmersi¨®n de un elevado capital humano, de base administrativamente fraudulenta, en el sistema legal vigente¡± que llev¨® a una ¡°perversi¨®n generalizada del propio sistema¡±, concluye la polic¨ªa catalana, que habla de una ¡°regularizaci¨®n efectiva de una cantidad ingente de inmigrantes ilegales¡±.

El responsable de esa situaci¨®n, seg¨²n recoge la sentencia de conformidad entre las partes a la que ha tenido acceso EL PA?S, es Florencio A. Este, a trav¨¦s de su gestor¨ªa Urquinaona y con varios testaferros, hizo ¡°en los primeros a?os de la d¨¦cada pasada a cambio de una prestaci¨®n econ¨®mica indeterminada [...] contrataciones laborales ficticias¡± para conseguir ante la subdelegaci¨®n ¡°autorizaci¨®n de residencia y de trabajo o renovaci¨®n de las mismas¡±. Para ello se vali¨® de un entramado de empresas ¡°totalmente inactivas¡± y ¡°sin actividad comercial alguna¡±.

Cuando la polic¨ªa catalana fue a visitarlas, para comprobar si exist¨ªan, se encontr¨® con solares yermos, con edificios de empresas que no ten¨ªan ni idea de esa compa?¨ªa, con direcciones inexistentes o con la propia gestor¨ªa Urquinaona. En total, investigaron 235 sociedades. La polic¨ªa concluy¨® que lograron que 327 de sus solicitudes ante la subdelegaci¨®n de gobierno prosperasen, pero avis¨® de que se hab¨ªan visto obligados a delimitar en el tiempo su investigaci¨®n, porque si no resultaba inabarcable. La primera empresa a nombre de Florencio A. data de 1991.

En el caso, que culmin¨® en 2011 con 46 detenidos, la polic¨ªa catalana entrevist¨® a varias personas de origen chino que afirmaron no haber trabajado jam¨¢s para las compa?¨ªas en las que constaban contratados. En algunos casos, ni siquiera las conoc¨ªan. Los chinos fueron considerados v¨ªctimas por su ¡°desconocimiento de la normativa¡± espa?ola, as¨ª como por el ¡°sometimiento y dependencia¡± de los condenados ante el ¡°miedo a no conseguir o mantener la regularizaci¨®n¡±.

Declararon que hab¨ªan llegado a pagar 18.000 euros por legalizar su situaci¨®n. Aunque la cifra media, seg¨²n el informe de Mossos, eran unos 4.000 euros por un permiso de residencia; unos 1.500 a cambio de un falso padr¨®n, y entre 300 y 600 euros por papeleo de gesti¨®n. En total, los condenados pudieron haber ganado entre 5 y 6 millones de euros, concluye la polic¨ªa.

Todos los condenados por este caso han logrado evitar la c¨¢rcel gracias al acuerdo con la Fiscal¨ªa. Su l¨ªder, condenado inicialmente a tres a?os y nueve meses de prisi¨®n por favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal, asociaci¨®n il¨ªcita y falsedad documental, deber¨¢ en su lugar pagar una multa durante 105 meses, con una cuota diaria de 3 euros. Al resto, tambi¨¦n se le ha conmutado la pena de prisi¨®n por multas, con la condici¨®n de que satisfagan todas las cuotas y no delincan.