Madrid y Barcelona exigen una regulaci¨®n estatal del precio del alquiler
"No se puede dejar que Airbnb sea quien mande en el mercado", dice el concejal de la capital Jorge Garc¨ªa Casta?o
Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona demandan una regulaci¨®n estatal de los precios de los arrendamientos porque "no puede ser que quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades" sean las plataformas de alojamientos como Airbnb. As¨ª lo han defendido el concejal madrile?o de Centro, Jorge Garc¨ªa Casta?o, y la concejala barcelonesa de Ciutat Vella, Gala Pin, unos de los distritos con mayor densidad tur¨ªstica, en unas primeras jornadas celebradas este fin de semana en Madrid en las que han compartido experiencias similares relacionadas con la gentrificaci¨®n y la masificaci¨®n tur¨ªstica as¨ª como el dise?o de posibles estrategias conjuntas a desarrollar.
"No se puede dejar que Airbnb sea quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades. Ah¨ª quien manda es la Administraci¨®n, las leyes, el inter¨¦s general, la funci¨®n social de la vivienda, que son derechos constitucionales", ha defendido Garc¨ªa Casta?o. As¨ª, frente a "una burbuja evidente", propone una "regulaci¨®n razonable" con la que seguro que plataformas como Airbnb puedan igualmente "hacer mucho negocio".
La concejala de Ciutat Vella, por su parte, reclama "la necesidad de tener un modelo tur¨ªstico con liderazgo p¨²blico claro, porque al final parece que se acaba caricaturizando el debate sobre turismo s¨ª o no". Y ha a?adido: "Se trata de qu¨¦ modelo tur¨ªstico queremos, porque el turismo es un activo de las ciudades y tenemos que asegurar que est¨¦ presente sin ir en contra de las propias ciudades", ha manifestado.
Seg¨²n los dos reponsables municipales, lo que se est¨¢ produciendo en el centro de la grandes urbes va m¨¢s all¨¢ del concepto tradicional de gentrificaci¨®n. "Nos encontramos con un fen¨®meno m¨¢s perverso, que es la gentrificaci¨®n 4.0, la turistificaci¨®n, donde no solo hay sustituci¨®n de poblaci¨®n con menos recursos por poblaci¨®n con m¨¢s recursos, sino un vaciado de comunidades con un sujeto flotante que incide de manera depredadora en los precios de la vivienda y en el cambio de tejido comercial de las zonas donde se implanta", ha diagnosticado la concejala de Ciutat Vella.
M¨¢s vivienda p¨²blica
En ese contexto, Garc¨ªa Casta?o insiste en la necesidad de que la administraci¨®n act¨²e. "Hace falta un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos y creo que en esta legislatura es factible porque ya han hecho campa?a algunas formaciones que podr¨ªan hacer mayor¨ªa en el Parlamento", ha sostenido. Adem¨¢s, aboga por ampliar el parque p¨²blico de vivienda, teniendo en cuenta que la mayor¨ªa de las ciudades tienen una media de un 1% de parque p¨²blico, muy lejos del 25% necesario con el que poder incidir en el parque de alquiler privado. Esta situaci¨®n es una realidad en ciudades como Viena. "No es una utop¨ªa", defiende Gala Pin.
Mientras, los Consistorios pueden echar mano de las herramientas urbanas que tienen a su disposici¨®n, como el plan de usos con el que cuenta Barcelona y que permite limitar qu¨¦ tipo de establecimientos y de comercios de concurrencia p¨²blica se pueden ubicar en cada zona seg¨²n criterios de densidad o afecci¨®n al espacio p¨²blico. En Madrid, las herramientas para hacer eso mismo son las normativas de Zonas de Protecci¨®n Ac¨²stica Especial y de Areas de Prioridad Residencial.
"Tenemos que buscar la manera de que no se pierda el n¨²mero de hogares; tenemos que cerrar esa v¨ªa si no queremos ver un despoblamiento fuerte en poco tiempo", ha instado Garc¨ªa Casta?o. Gala Pin, por su parte, ha concretado que Ciutat Vella pierde una media de 103 vecinos al mes, seg¨²n datos del Ayuntamiento de Barcelona.
Mercado desregulado
En esto tiene mucho que ver la irrupci¨®n de los pisos tur¨ªsticos ilegales y su influencia en los precios del alquiler, con actores como Airbnb, que est¨¢n consiguiendo "un gran beneficio econ¨®mico de la explotaci¨®n tur¨ªstica de la ciudad sin dar nada a cambio". Y todo ello con "un mercado del alquiler absolutamente desregularizado que acaba generando vulnerabilidad en el derecho a la vivienda".
Pin ha insistido en la necesidad de que plataformas como Airbnb o Homeaway "se atengan a la regulaciones locales de aquellos espacios en los que est¨¢n operando". "No pedimos nada fuera de lo normal, la gran discusi¨®n con Airbnb es que les pedimos que cumplan la ley, es decir, que solo oferten aquellos apartamentos tur¨ªsticos con n¨²mero de licencia", ha explicado.
Se trata, en definitiva, de "de que todos los actores colaboren para garantizar este derecho a la vivienda y evitar que haya pisos que son un bien fundamental y que pasen a un uso de negocio". Ah¨ª resulta crucial el empleo de las diferentes herramientas que se tienen como Administraci¨®n. "Nos hemos ofrecido a negociar pero tambi¨¦n hemos sido muy contundentes a la hora de poner sanciones, que es lo m¨ªnimo que tenemos que hacer como Administraci¨®n", ha expuesto.
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