Junts pel S¨ª y la CUP pactan la ley para amparar el refer¨¦ndum

Junts pel S¨ª y la CUP, que tienen mayor¨ªa en el Parlament, han anunciado este jueves un acuerdo para redactar la llamada ley de transitoriedad jur¨ªdica que deber¨¢ amparar el refer¨¦ndum sobre la independencia acordado por la C¨¢mara catalana el pasado octubre y prometido por Carles Puigdemont para septiembre de 2017. El pacto se produce pese a que el Tribunal Constitucional ha suspendido ese acuerdo para el refer¨¦ndum y la constituci¨®n de las ponencias para redactar las tres leyes de ruptura, entre ellas la de transitoriedad jur¨ªdica.

El acuerdo parlamentario entre Junts pel S¨ª y la CUP fue anunciado por ambas formaciones de manera separada a trav¨¦s de un comunicado de prensa id¨¦ntico remitido al mismo tiempo. Los dos grupos independentistas explican que han logrado ¡°un acuerdo pol¨ªtico global¡± sobre la ley de transitoriedad jur¨ªdica, una de las tres normas para ¡°desconectar de Espa?a¡± que ambas formaciones anunciaron en enero que redactar¨ªan.

Las otras dos leyes de desconexi¨®n son la de la hacienda p¨²blica y la de la seguridad social catalanas. Ninguna ha sido debatida ni aprobada en el Pleno del Parlament, pero el Tribunal Constitucional suspendi¨® la semana pasada el inicio de los trabajos para redactarlas porque consider¨® que la creaci¨®n de ponencias con la sola participaci¨®n de dos de los seis grupos de la C¨¢mara vulnera los derechos de los diputados no independentistas. La resoluci¨®n del Constitucional advert¨ªa tambi¨¦n que ser¨ªan ilegales las consecuencias derivadas del trabajo de dichas ponencias.

El objetivo de la ley de transitoriedad jur¨ªdica es dise?ar el marco legal que se aplicar¨¢ en Catalu?a desde el momento que se declare la independencia hasta que funcione con plena normalidad el supuesto Estado catal¨¢n. La norma acordada entre Junts pel S¨ª y la CUP define Catalu?a como ¡°una rep¨²blica de derecho, democr¨¢tica y social¡± y asegura que pretende ¡°garantizar la m¨¢xima seguridad jur¨ªdica en la transici¨®n a la Rep¨²blica una vez ganado el refer¨¦ndum por la independencia¡± que a¨²n no se ha celebrado.

La ley contiene un pre¨¢mbulo, ocho ep¨ªgrafes y unas disposiciones finales y de inaplicaci¨®n¡±. En ellos se aborda la sucesi¨®n de ordenamientos jur¨ªdicos, los derechos y deberes, el poder judicial, las finanzas y las normas espa?olas que no se aplicar¨ªan en ese tiempo de transitoriedad, entre otros aspectos. Se trata, dicen ambas fuerzas independentistas, de ¡°habilitar a las instituciones p¨²blicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminaci¨®n¡±. Junts pel S¨ª y la CUP aseguran que est¨¢n trabajando en los diferentes escenarios ¡°con el fin de incorporar el mayor n¨²mero de fuerzas pol¨ªticas en la preparaci¨®n y convocatoria del refer¨¦ndum.

El presidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, prometi¨® que la consulta se celebrar¨ªa, a m¨¢s tardar, la segunda quincena de septiembre de 2017. En el m¨¢s que improbable caso de que fuese pactada con el Gobierno central no habr¨ªa problemas de legalidad, pero, de no ser as¨ª, ser¨ªa convocada de manera unilateral al amparo de la ley catalana. Por ese motivo, Junts pel S¨ª y la CUP advierten de que el refer¨¦ndum ¡°est¨¢ pendiente de concretar¡±, probablemente a la espera de definir si ser¨¢ unilateral.

El Gobierno espa?ol ha insistido en los ¨²ltimos meses de manera reiterada en que no permitir¨¢ la celebraci¨®n de ese refer¨¦ndum, a diferencia de lo que sucedi¨® con el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, que fue tolerado. La ley que permiti¨® aquella consulta y la propia consulta fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, pero el entonces presidente Artur Mas desoy¨® la resoluci¨®n y en febrero ser¨¢ juzgado por ello junto a sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega.