Una exfuncionaria del ¡®caso Guateque¡¯ se declara culpable y admite un soborno de 2.500 euros
La fiscal¨ªa pide cuatro a?os y cuatro meses de prisi¨®n para la extrabajadora del distrito de Chamber¨ª
Sara L¨®pez Moreno, exfuncionaria municipal de Chamber¨ª e imputada en el 'caso Guateque' (que gira en torno a supuestos sobornos a funcionarios p¨²blicos para favorecer licencias para locales), admiti¨® su culpabilidad en la sesi¨®n del juicio celebrada este jueves en la Audiencia Provincial. Moreno advirti¨® de que solo responder¨ªa a las preguntas del fiscal y de su letrado y confes¨® haber aceptado un soborno de 2.500 euros por favorecer que una licencia saliera adelante. La acusada se enfrenta a una pena de cuatro a?os y cuatro meses de prisi¨®n. Esta ma?ana tambi¨¦n declararon otros dos de los 30 acusados. Uno de ellos es Jes¨²s Vicente Garc¨ªa Mart¨ªn, que fue socio de Sanz Escribano -uno de los principales intermediarios de la trama- y el exfuncionario adscrito a la Gerencia de Urbanismo, Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez. El Ministerio fiscal pide dos a?os y medio de c¨¢rcel para Garc¨ªa Mart¨ªn y 21 para Garc¨ªa S¨¢nchez.
Durante su breve interrogatorio, Moreno fue preguntada sobre si aconsej¨® a Armando Jos¨¦ Tejerina, propietario de la cl¨ªnica Tejerina, contratar a Antonio Sanz Escribano para que se encargara de los tr¨¢mites para la obtenci¨®n de una licencia. "S¨ª se?or¨ªa", dijo nerviosa. Adem¨¢s, la procesada a?adi¨® que cobr¨® 2.500 euros por favorecer el avance de la licencia y que llam¨®, al menos, en un par de ocasiones a los responsables municipales de licencias. El fiscal tambi¨¦n mencion¨® la ocasi¨®n en que Moreno le dijo a Sanz Escribano en 2007 que el proyecto que le hab¨ªan encargado para un local en la calle de Juli¨¢n Camarillo era viable. La exfuncionaria municipal ?supuestamente se ofreci¨® a agilizarle la licencia en aquella ocasi¨®n a cambio de una cantidad que nunca se concret¨®, algo que la procesada tambi¨¦n reconoci¨® que era cierto.?
Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez, que fue funcionario en la Gerencia de Urbanismo hasta 2004, se declar¨® inocente y dijo no reconocer las conversaciones telef¨®nicas de las que le hablaba el fiscal. El procesado se alter¨® cuando cont¨® que durante su estancia en la c¨¢rcel estuvo amenazado de muerte. Seg¨²n ¨¦l, la raz¨®n fue que el juez Santiago Torres -que llevaba el caso- lo acus¨® de "chivato". "Algo que los medios publicaron en su momento y desmintieron d¨ªas despu¨¦s", afirmo Carmelo Garc¨ªa. "A mi me sacaron de la c¨¢rcel esposado para ir al Juzgado 32 a declarar frente al juez Torres. ?l me pregunt¨® si le hab¨ªa entregado tres millones al funcionario Fernando Ruiz y dije que s¨ª.Yo estaba acojonado y si me dicen que mat¨¦ a mi madre tambi¨¦n hubiera dicho que s¨ª", confes¨®.
Adem¨¢s, el fiscal ley¨® varias conversaciones que supuestamente mantuvo Carmelo Garc¨ªa con el exfuncionario del Ayuntamiento Fernando Ruiz Torrej¨®n y el empresario Santiago Castillo sobre un proyecto en la Cl¨ªnica Ruber (calle de Juan Bravo). Este centro contrat¨®, siempre seg¨²n el relato de los acusados, a la empresa AC93 para unas obras de climatizaci¨®n exterior. "A m¨ª me interesa un requerimiento fuerte, no de amiguete", dijo Garc¨ªa en una conversaci¨®n telef¨®nica con Ruiz Torrej¨®n en referencia a la cl¨ªnica. Ese dato fue desmentido por el propio procesado. "Jam¨¢s tuve esa conversaci¨®n con Fernando y el n¨²mero de m¨®vil que figura tampoco es m¨ªo", explic¨®. A su vez, tambi¨¦n defendi¨® que nunca mantuvo una conversaci¨®n con Santiago Castillo sobre la cl¨ªnica. "Yo nunca hablo por tel¨¦fono", aleg¨®.
Garc¨ªa S¨¢nchez tambi¨¦n se desvincul¨® de las acusaciones sobre el edificio de Princesa 23 -la sede social de Seguros Ocaso-. El procesado dijo no haber pagado 6.000 euros al funcionario de la Concejal¨ªa de Urbanismo, Jose Antonio Jodar, para que sustrajera un expediente en el que figuraba una denegaci¨®n de licencia para ese edificio en 2004. Tambi¨¦n neg¨® relaci¨®n alguna con el edificio de la calle de Tutor 8. Se le acusa de colaborar con Santiago Castillo para falsificar las licencias de varias plantas. "Se lo vuelvo a repetir se?or fiscal, no conozco a nadie ni he intervenido en nada de Tutor", afirm¨® con rotundidad.?
Durante la sesi¨®n tambi¨¦n se sent¨® en la silla de interrogatorios Jes¨²s Vicente Garc¨ªa Mart¨ªn, que colabor¨® en diversos proyectos con Sanz Escribano en lo referente a la licencia de obras. La fiscal¨ªa le acusa de ponerse de acuerdo con Escribano para pagarle 15.000 euros a Victoriano Ceballos -presunto cabecilla de la trama- para que emitiera un informe favorable para un local en la calle de Santa Br¨ªgida, 5 (el antiguo teatro Mart¨ªn).
A Garc¨ªa Mart¨ªn tambi¨¦n se le pregunt¨® por una conversaci¨®n de 2007 en la que Escribano le dec¨ªa "que ya estaba todo aclarado con Ceballos para poder agilizarlo". El acusado se defendi¨® y dijo que era un mero transmisor y que nunca particip¨® en las reuniones de Escribano con los funcionarios de medio ambiente sobre la licencia para el local. "Estoy educado en la honradez. Si hubiera escuchado algo irregular, no hubiera trabajado ni con Sanz ni con nadie", afirm¨®. Por ¨²ltimo, Garc¨ªa Mart¨ªn a?adi¨® que no sabe por qu¨¦ sigue imputado si no ha hecho nada, y que adem¨¢s sufre una enfermedad por la impotencia que le produce todo el caso -que comenz¨® hace casi 10 a?os-.
El juicio continuar¨¢ el d¨ªa 25 con la declaraci¨®n del empresario inmobiliario Juli¨¢n Felix Serrano; la funcionaria de Evaluaci¨®n Ambiental y superior de Ceballos, ?ngeles D¨ªaz Le¨®n, y la t¨¦cnica jur¨ªdica de la Gerencia de Urbanismo, Carmen Eulalia Ib¨¢?ez.?
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