Detenidos y separados de sus hijas por una ablaci¨®n genital inexistente
Catalu?a revisar¨¢ el protocolo contra la mutilaci¨®n tras aplicarlo por un error de diagn¨®stico
Mamadou Tour¨¦ y Fatoumata Diaby, vecinos de Sabadell (Barcelona) y nacidos en Guinea-Conakry, fueron detenidos por un error de diagn¨®stico. La pediatra de sus dos hijas firm¨® que los genitales de ambas hab¨ªan sido mutilados. La facultativa admiti¨® luego ante el juez que carec¨ªa de formaci¨®n espec¨ªfica sobre el tema y que eso era lo que hab¨ªa cre¨ªdo ver, pero su informe bast¨® para activar las medidas m¨¢s duras previstas en el protocolo de la Generalitat contra la ablaci¨®n. La pareja pas¨® 54 horas en el calabozo y las dos peque?as, de tres y cinco a?os, nueve d¨ªas internadas en un centro de menores. Los hechos ocurrieron en 2012 y un informe jur¨ªdico de la Generalitat propone ahora indemnizar a la familia con 20.000 euros (5.000 por cada miembro) por los da?os morales sufridos. El Gobierno catal¨¢n tambi¨¦n estudia revisar el protocolo para dar mayores garant¨ªas a los implicados.
"Era f¨¢cil ver que todo era mentira. Yo misma hab¨ªa participado en charlas contra la ablaci¨®n en Sabadell. Pero nadie nos quiso escuchar", se queja amargamente Fatoumata, a la que le duele especialmente una cosa: "Que nadie nos haya pedido perd¨®n". Tras una d¨¦cada en Espa?a, ella trabajando en el sector de la limpieza y ¨¦l en una planta de reciclaje, la pareja hab¨ªa logrado reunir el dinero para volar a su pa¨ªs. "Por fin iba a volver a ver a mi familia y ellos conocer a las ni?as", recuerda ella. Mamadou, en ese momento en el paro, no pudo acompa?arlas.
Como si fuera un mal presagio, la salud no las acompa?¨® al regresar del tr¨®pico. La hija mayor vino con una molesta infecci¨®n genital y Fatoumata cay¨® enferma, con largos episodios de fiebre alta. Unas tres semanas m¨¢s tarde, la familia recibi¨® una llamada de su centro de salud. "Dijeron que ten¨ªamos que llevar a la ni?a. Como ya hab¨ªamos ido a la pediatra por la infecci¨®n, pens¨¦ que solo era una revisi¨®n".
Cuatro a?os de pleitos
Con las ni?as en casa y el caso judicial en su contra cerrado, Fatoumata Diaby tom¨® una decisi¨®n: iba a llevar hasta el final la exigencia de responsabilidades por lo ocurrido.? "Por justicia y para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo", afirma decidida.
El primer paso fue denunciar a la pediatra que certific¨® que sus hijas hab¨ªan sido mutiladas. Lo hicieron por la v¨ªa penal (el caso fue archivado) y ante el Colegio de M¨¦dicos, que no ha informado sobre la decisi¨®n adoptada. El segundo, exigir una indemnizaci¨®n por v¨ªa administrativa ante la Generalitat por los da?os morales sufridos, tarea en la que SOS Racismo les est¨¢ prestando apoyo.
La respuesta del Gobierno catal¨¢n da una idea de los desajustes que puede generar el protocolo cuando algo va mal. Mientras todos los dem¨¢s actores implicados se?alan a la pediatra como responsable de lo ocurrido, la Consejer¨ªa de Salud afirma que ella no puede asumir las consecuencias y da?os morales causados por medidas (detenci¨®n, retirada de custodia...) adoptadas por otros departamentos.
La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, un ¨®rgano asesor cuyo informe es preceptivo por reclamaciones de responsabilidad patrimonial superiores a 50.000 euros, viene a poner orden en el desaguisado. Entiende los argumentos dados por los distintos departamentos de la Generalitat, pero concluye que, en su conjunto,? "esto no excluye que [...] pueda apreciarse una relaci¨®n de causalidad entre la actuaci¨®n administrativa y el da?o causado".
Admitido esto, la Comisi¨®n pasa a determinar la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n. A diferencia las secuelas f¨ªsicas, en las que existen tablas para establecer la cuant¨ªas de las indemnizaciones, la jurisprudencia es muy dispar al valorar la reparaci¨®n por da?os morales. SOS Racismo decidi¨® tirar por lo alto y exigir 258.955,89 euros para cada uno de los cuatro miembros de la familia (1,03 millones en total). "Como los hechos nos parecen muy graves y no hay precedentes de casos como este, nos fijamos en resoluciones con indemnizaciones elevadas", explica Josep Granados, abogado de la entidad.
La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora propone una cantidad mucho menor: 5.000 euros por cada miembro de la familia. El instructor del caso decidir¨¢ si, como suele ser es habitual, acepta la cantidad propuesta por el ¨®rgano asesor para cerrar el caso.
SOS Racismo, por su parte, tiene previsto ¡ªsi esta es finalmente la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n¡ª recurrirla por v¨ªa contencioso-administrativa por considerarla "rid¨ªcula en relaci¨®n al da?o causado".
Pero el origen de la llamada, seg¨²n recoge el informe de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat, fue una alerta del colegio. Una monitora hab¨ªa avisado a la directora de que la ni?a ten¨ªa la zona genital irritada y esta, teniendo en cuenta el reciente viaje, pas¨® el caso a los servicios sociales. El procedimiento acab¨® en la consulta de la misma pediatra, que esta vez concluy¨® que hab¨ªa sufrido una amputaci¨®n casi total de los genitales: de los labios exteriores, de parte de los interiores y del cl¨ªtoris. Al d¨ªa siguiente fue revisada la hermana menor. El diagn¨®stico fue el mismo. Seg¨²n el informe de la Generalitat, la "apreciaci¨®n" de la facultativa "fue corroborada por una trabajadora social presente" en la consulta.
La pareja fue detenida esa misma tarde por los Mossos d'Esquadra. Era el jueves 15 de noviembre. La Direcci¨®n de Infancia de la Generalitat (DGAIA) asumi¨® la custodia de las ni?as y las traslad¨® a un centro de menores. Fatoumata es capaz de relatar los hechos con una serenidad que no quiebran las l¨¢grimas que afloran en sus ojos. Incluso r¨ªe cuando recuerda c¨®mo su marido, con cara de no entender nada, le pregunt¨® en comisar¨ªa: "Oye tu, ?no les habr¨¢s hecho algo a las ni?as en Guinea?". "Yo le respond¨ª: '?Tu est¨¢s tonto o es que no conoces a tu mujer?' Imag¨ªnate c¨®mo est¨¢bamos".
Fatoumata no quiere entrar en detalles sobre las dos noches y casi tres d¨ªas que pas¨® en el calabozo, cuando las preguntas se atropellaban en su cabeza: "?Qu¨¦ har¨¢n las ni?as? ?D¨®nde dormir¨¢n? ?Con qui¨¦n estar¨¢n?...". Solo recuerda que se encontraba muy mal y que cuando la llevaron a un centro m¨¦dico para ser visitada, iba esposada. "Todo el mundo me miraba. Yo solo pod¨ªa mirar al suelo".
Cuando el matrimonio sali¨® de comisar¨ªa en libertad con cargos, el s¨¢bado d¨ªa 17 por la tarde, Fatoumata agarraba con fuerza el papel que llevaba en una mano. Era solo una nota con la direcci¨®n de la DGAIA escrita, pero "era lo ¨²nico que ten¨ªa para llegar hasta las ni?as". "Fuimos el lunes a primera hora y vimos la directora del centro de menores. A¨²n me acuerdo de esa mujer y le doy las gracias cada vez que pienso en ella. Me dijo que las ni?as estaban bien y escuch¨® todo lo que quer¨ªa decirle: que era imposible lo que dec¨ªa la pediatra, que por favor lo miraran bien, que llamaran a otro m¨¦dico...".
Las pruebas m¨¦dicas tardaron tres d¨ªas en realizarse. El informe de la Generalitat detalla que "el informe del servicio de Cirug¨ªa Pedi¨¢trica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, con fecha de 22 de noviembre, establece la normalidad org¨¢nica ginecol¨®gica de las ni?as". Al d¨ªa siguiente, las ni?as pudieron volver a casa "con el compromiso de los padres de realizarles un nuevo examen ginecol¨®gico, que se llev¨® a cabo el 27 de noviembre en la cl¨ªnica Dexeus con el mismo resultado", recoge el informe. El d¨ªa 28, casi dos semanas despu¨¦s de la detenci¨®n, la DGAIA devolvi¨® a la pareja la custodia de las ni?as. El juez archiv¨® las diligencias el 10 de diciembre.
El caso de Mamadou y Fatoumata es el primero en Espa?a en el que una pareja ha sido detenida por una mutilaci¨®n genital que no era tal. El protocolo de la Generalitat contra esta agresi¨®n, en vigor desde 2002, basa su fortaleza en la coordinaci¨®n de todos los profesionales implicados: docentes, trabajadores sociales, m¨¦dicos, jueces y fiscales, polic¨ªa... El caso de Sabadell, sin embargo, pone de manifiesto un punto d¨¦bil: el papel determinante que en ¨¦l asume un solo facultativo.
Esto hace posible que un error humano o carencias de formaci¨®n causen graves prejuicios a personas inocentes. SOS Racismo considera que un simple cambio ¡ªque la segunda revisi¨®n m¨¦dica se haga antes y no despu¨¦s de remitir el caso al juzgado¡ª, bastar¨ªa para dar mayores garant¨ªas a todos los implicados. Incluidos los m¨¦dicos. La pediatra de Sabadell, por ejemplo, tuvo que enfrentarse posteriormente a las denuncias presentadas en su contra por la familia.
Oriol Amor¨®s, Secretario de Igualdad y Migraciones de la Generalitat, admite que el protocolo, tras 15 a?os en vigor, debe ser actualizado y que este 2017 ser¨¢n revisados este y otros puntos de la norma. Esta prev¨¦ un paquete de medidas de prevenci¨®n y formaci¨®n para las poblaciones originarias de zonas donde la mutilaci¨®n est¨¢ arraigada (unas 50.000 personas en Catalu?a) y los profesionales relacionados.
La Generalitat estima que la poblaci¨®n en riesgo en su territorio est¨¢ formada por unas 6.000 ni?as, cifra que el Ministerio de Sanidad eleva a 17.000 en toda Espa?a. El momento de mayor riesgo, coinciden los expertos, es cuando las menores van a viajar a sus pa¨ªses de origen. Es entonces cuando las familias deben firmar un documento en el que admiten conocer la prohibici¨®n legal de la mutilaci¨®n y se comprometen a someter a sus hijas a una revisi¨®n antes y despu¨¦s del viaje.
Para Noem¨ª Pereda, directora del Grupo de Investigaci¨®n en Victimizaci¨®n Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, la ¨²nica forma de que lograr que los protocolos sean eficaces ofreciendo plenas garant¨ªas a los implicados es "dar los profesionales todas las herramientas para resolver las situaciones a las que se enfrentan. "La m¨¢s importante es la formaci¨®n, pero los protocolos tambi¨¦n deben prever qu¨¦ hacer en caso de dudas o casos muy complejos", afirma. El grupo que dirige Pereda est¨¢ especializado en casos de violencia dom¨¦stica y abusos sexuales. El protocolo que se aplica en estos casos s¨ª prev¨¦ un mecanismo de revisi¨®n: "El profesional deber¨¢ comunicar y discutir el caso con su superior inmediato antes de trasladarlo al juzgado", explica.
Para SOS Racismo, que ha asistido legalmente a la familia, hay que extremar las garant¨ªas para que los prejuicios no acaben contaminando la aplicaci¨®n del protocolo. "?C¨®mo pudo ver la pediatra una mutilaci¨®n donde d¨ªas antes hab¨ªa visto una infecci¨®n? ?C¨®mo pudo ver lo mismo en la hermana peque?a, que no ten¨ªa ninguna dolencia? ?Qu¨¦ hac¨ªa una trabajadora social participando en un diagn¨®stico cl¨ªnico? ?Por qu¨¦ no se escuch¨® antes a la familia? ?Era necesaria una detenci¨®n de tres d¨ªas? Parece que hubo un momento a partir del cual ser una familia de Guinea que hab¨ªa viajado a su pa¨ªs predispuso a todos a creer que hab¨ªa cometido el delito. Y a eso se le llama discriminaci¨®n", lamenta la entidad.
Investigacion@elpais.es
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