Ofensa al Tribunal
Las concentraciones de apoyo a Mas ante el Tribunal Superior, de signo claramente coactivo, suponen un grav¨ªsimo abuso de poder y un intento de presionar a los magistrados
Hace tiempo dije que ¡°desde cualquier vertiente que se examine, el la consulta del 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado Democr¨¢tico de Derecho¡±. Semanas despu¨¦s se iniciaron acciones penales contra sus responsables pol¨ªticos por diversos delitos, que fueron resueltas en el Tribunal Superior de Justicia por seis magistrados de acreditada competencia y amplio espectro ideol¨®gico (uno de ellos hab¨ªa sido elegido por el Parlament a propuesta de CiU). El Tribunal dict¨® un auto en el que razonadamente admit¨ªa a tr¨¢mite las denuncias y querellas presentadas limit¨¢ndolas, en principio, al delito de desobediencia grave a la autoridad, representada por el Tribunal Constitucional, que el 4 de noviembre hab¨ªa suspendido la convocatoria de la consulta y de todos los actos derivados de la misma.
Podr¨¢ discutirse o no si el tiempo transcurrido desde la apertura de la causa ha sido excesivo, lo que en modo alguno afecta al n¨²cleo de los hechos que la han motivado. Pero, lo que en ning¨²n caso es admisible es que el Gobierno catal¨¢n haya tenido un comportamiento de ofensa y menosprecio hacia el Tribunal. Calificar las citaciones de ¡°juicio pol¨ªtico¡± y ¡°anomal¨ªa democr¨¢tica¡± supone tachar al Tribunal de prevaricador en la medida en que se le atribuye una motivaci¨®n y finalidad espuria, de inspiraci¨®n pol¨ªtica. Era y sigue siendo una acusaci¨®n vejatoria y mucho m¨¢s si procede de dirigentes pol¨ªticos que utilizan torcidamente su legitimidad democr¨¢tica para defender intereses personales y buscar la impunidad. Act¨²an como una ¡°casta¡± pol¨ªtica que descalifica al Poder Judicial sabiendo que este tendr¨¢ que soportar el ultraje en silencio.
Ello supone una quiebra de la democracia por parte de unos l¨ªderes que pretenden hacer olvidar de este modo a sus fieles seguidores el amplio historial delictivo que tienen. CDC, ahora PDECAT, est¨¢ pendiente de un juicio oral por el expolio del Palau de la M¨²sica; tiene tambi¨¦n juicios pendientes el que fuera alto dirigente de ese partido, Oriol Pujol; y el mismo fundador, Jordi Pujol Soley, est¨¢ imputado, con varios miembros de su familia, en otro gran proceso, en principio, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, todos ellos tratados, ciertamente, con una evidente benevolencia judicial. Y est¨¢ tambi¨¦n pendiente el juicio, m¨¢s que fundado, contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por una desobediencia similar a la del ex presidente Artur Mas.
Pero un l¨ªder aclamado acr¨ªticamente y, como dijo Romeva ¡ªel izquierdista reconvertido¡ª una ¡°sociedad movilizada¡± y sumisa crean las condiciones para movimientos de signos parafascista. Expresi¨®n de ello han sido las concentraciones convocadas ante el Tribunal Superior, que pretenden repetirse el pr¨®ximo 6 de febrero. Manifestaciones que han contado con la participaci¨®n de entusiastas seguidores y, lo que es m¨¢s irritante, del propio Gobierno. Con el pretexto de acompa?ar a los imputados, comparecieron y ahora volver¨¢n a hacerlo ante las puertas del Tribunal en un clima evidentemente coactivo, dado el tono airado y amenazante de los concentrados, lo que constituye un grav¨ªsimo abuso de poder y un intento de presionar a los magistrados.
Parece que Catalunya se empe?a en repetir comportamientos como el de Jordi Pujol, cuando c¨ªnicamente invoc¨® la ¨¦tica ante la querella por el caso Banca Catalana. Tambi¨¦n ahora los manifestantes han gritado ¡°fuera la justicia espa?ola¡±. Pero cabe preguntar ¡ªespecialmente al juez Santiago Vidal¡ªd¨®nde estar¨¢n los jueces independientes que deber¨ªan juzgar los numerosos procesos por corrupci¨®n, presentes y futuros, en Catalunya.
Los dirigentes de CDC que tan airadamente rechazan la jurisdicci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a tienen escasa memoria sobre la importancia que, cuando les conviene, atribuyen a los tribunales del Estado espa?ol. Cuando la Audiencia Nacional absolvi¨® a todos los acusados que se manifestaron ante el Parlament en Junio de 2011, el Gobierno que ahora se enfrenta tan descaradamente al Tribunal Superior, se apresur¨® a recurrir ante el Tribunal Supremo, consiguiendo una condena injusta de prisi¨®n para ocho de los acusados. Un ejemplo, entre muchos, de la falta de principios ¨¦ticos del actual Gobierno catal¨¢n. ?En manos de quien est¨¢ Catalunya? ?Cu¨¢l es su futuro? El referendum que se proyecta no tiene ninguna base legal y sobre todo, no puede ser convocado por un Gobierno que carece de la objetividad, neutralidad e imparcialidad que son condiciones indispensables para llevarlo a cabo.
Carlos Jim¨¦nez Villarejo es miembro de Federalistes d'Esquerres
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