Divisi¨®n en la Generalitat por las cl¨¢usulas de la pobreza energ¨¦tica

El intento del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a las el¨¦ctricas a cumplir la ley contra la pobreza energ¨¦tica a trav¨¦s de las cl¨¢usulas de los contratos de suminsitro de la ciudad genera divisi¨®n en el seno del Gobierno de la Generalitat. La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha abandonado este martes la l¨ªnea que hab¨ªa sostenido hasta ahora el Govern y plante¨® emular el camino seguido por el Ejecutivo municipal de Ada Colau. Una v¨ªa que desde el departamento de Empresa, encabezado por Jordi Baiget, siguen sin ver del todo clara.

Bassa plante¨® en una entrevista a Els Matins de TV-3la posibilidad de obligar ¡°v¨ªa contratos¡± a las suministradoras que se nieguen finalmente a firmar los convenios de colaboraci¨®n fijados en la norma catalana contra la pobreza energ¨¦tica ¡ªla ley 24/2015¡ª y que establecen, por ejemplo, la obligaci¨®n de las empresas de pagar el 50% de la factura de la lucha contra este problema. ¡°Exactamente las cl¨¢usulas de Barcelona no s¨¦ si son las que dir¨ªamos desde la Generalitat pero podemos decir que vamos en la misma l¨ªnea¡±, asegur¨® la consejera.

Esquerra Republicana, el partido de Bassa, tambi¨¦n se mostr¨® ayer partidario de replicar esta experiencia en los municipios donde gobierna, si bien critic¨® la actitud triunfalista del equipo de Colau. ¡°Menos titulares y m¨¢s trabajo¡±, dijo la regidora republicana de la capital catalana Montse Bened¨ª durante un acto de partido en Barcelona.

El Tribunal de Contratos de la Generalitat suspendi¨® la semana pasada el concurso de luz de Barcelona tras las reclamaciones de Endesa y Gas Natural. Ambas empresas consideran que las cl¨¢sulas son discriminatorias y tienen presentados recursos contra el protocolo que desarrolla la ley y que public¨® la Agencia de Consumo de Catalu?a.

Poco despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley 24/2015, plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) le pidieron a la Generalitat que se utilizaran las cl¨¢usulas de los contratos p¨²blicos para obligar a las empresas a cumplir con la norma contra la pobreza energ¨¦tica. Las el¨¦ctricas creen que la ley no les brinda garant¨ªas jur¨ªdicas e insisten en la necesidad de un reglamento, aprobado por el Ejecutivo, para aplicarla. De ah¨ª que tampoco consideren coherente presentarse a un concurso que se sustenta en algo que consideran no acorde a la ley.

Tras la muerte de una anciana en Reus, a la que Gas Natural le cort¨® la luz a pesar de ser vulnerable y los Servicios Sociales nunca la reportaron como tal, el debate sobre las cl¨¢usulas volvi¨® a aparecer. Desde Empresa aseguran que lo est¨¢n estudiando pero ponen en duda su legalidad. De ah¨ª que la posibilidad de un movimiento en este sentido hasta que el Tribunal de Contratos falle es m¨¢s que improbable.

Este episodio se suma a varios en los que la pol¨ªtica de la pobreza energ¨¦tica enfrenta a los socios de Gobierno. Empresa, desde la ¨¦poca de Felip Puig, hab¨ªa llevado la batuta de las negociaciones ¡ªinfructuosas¡ª con las el¨¦ctricas. Trabajo y Asuntos Sociales ha pedido m¨¢s protagonismo en un tema que considera de su competencia pero en el que no ha habido un buen reparto de papeles.