Indignidad e ilegalidad

"Ha sido una jugada indigna. De ¨¦tica y de moral hablaremos nosotros, ?no ellos!¡± As¨ª clamaba con voz apocal¨ªptica Jordi Pujol en la primavera de 1984. Y bien que hablaron ¨¦l y los suyos, durante los siguientes treinta a?os, y no con palabras, sino con obras que, demasiado tarde, hemos sabido que eran escandalosamente indignas. A las puertas de la primavera de 2017 Artur Mas intent¨® emular a su viejo l¨ªder, impostando la voz para gritar ¡°?ahora van a por nosotros!¡±. Y, para precisar a qui¨¦nes met¨ªa en el mismo cesto del independentismo al decir ¡°nosotros¡±, a continuaci¨®n profetiz¨® que sin la antigua Convergencia no habr¨¢ Estado independiente en Catalu?a.

Esta es la gran indignidad. Es infame comprometer al independentismo, desde su nacimiento, salpic¨¢ndole con la indignidad original del viejo patriarca, su familia y sus allegados. Porque el independentismo posiblemente sea un error, quiz¨¢ sea ut¨®pico y probablemente minoritario, o tal vez no. Ha conducido a actuaciones pol¨ªticas que quiz¨¢ los tribunales acaben condenando como ilegales, pero no por ello merecen ser tachadas como indignas.

Sin embargo, hay otras ilegalidades pringadas de indignidad. Por muchas de ellas el clan Pujol est¨¢ llegando a ser cliente habitual de los juzgados de Instrucci¨®n. El juicio del Palau parec¨ªa que no llegar¨ªa nunca, pero ha llegado, y ahora todos los acusados quieren cantar, y, sin la m¨¢s m¨ªnima verg¨¹enza ni gallard¨ªa, se acusan entre ellos para aliviar las penas que les aguardan. No en balde es el juicio a la indignidad de la vieja Convergencia.

Simult¨¢neamente, a la sombra del alboroto de esos procesos, se est¨¢ desarrollando otro juicio por la financiaci¨®n ilegal de Uni¨® Democr¨¢tica, la indignidad subalterna de CiU. Poco antes se hab¨ªan celebrado los juicios de la Infanta y de las tarjetas black, tambi¨¦n expresiones clamorosas de ilegalidad indigna que, como es sabido, carece de fronteras auton¨®micas.

Al final todo acaba ante el Tribunal Supremo. De nada sirve hacer vaticinios sobre c¨®mo resolver¨¢ definitivamente lo de Urdangar¨ªn o lo de Rato ni los otros juicios c¨¦lebres en curso. Buena parte de la opini¨®n p¨²blica desconf¨ªa de la actuaci¨®n de los tribunales en estos casos c¨¦lebres. Mucha gente considera que las sentencias ya dictadas son demasiado benignas. Calculan de antemano que las sentencias pendientes, en Barcelona o en el Tribunal Supremo, seg¨²n unos no tendr¨¢n la severidad que desear¨ªan, y seg¨²n otros tendr¨¢n una severidad que considerar¨¢n una injusta persecuci¨®n pol¨ªtica.

La gente, en general, se irrita y desconf¨ªa de la justicia porque no entienden que Urdangar¨ªn, condenado a seis a?os de c¨¢rcel, siga paseando en bicicleta por Ginebra, ni que Blesa y Rato sigan veraneando con escandaloso lujo, y dicen, desalentados: ¡°Millet no ir¨¢ a la c¨¢rcel¡±. La desconfianza de la opini¨®n p¨²blica no tiene su base, exclusivamente, en la contrariedad que le provocan las sentencias de esos casos c¨¦lebres. Tambi¨¦n siembra dudas la apariencia de subordinaci¨®n de la fiscal¨ªa al gobierno, que muchos deducen de los relevos de importantes fiscales jefes de gran prestigio, defenestrados sin justificaci¨®n conocida. Y por si todo ello no bastara para alimentar la desconfianza, hemos sabido que en el Ministerio de Interior se estaba incubando el huevo de la serpiente de una polic¨ªa patri¨®tica, irregular, clandestina e incontrolable por la autoridad judicial, para oficializar irregularmente rumores insidiosos precocinados, que una fiscal¨ªa de confianza afinar¨ªa adecuadamente.

A la vez que, en este marco de esc¨¢ndalo, irritaci¨®n y desconfianza, se juzgaban comportamientos clamorosamente indignos, transcurr¨ªan los procesos por la consulta del 9-N, uno ante el Tribunal Superior de Catalu?a y otro ante el Tribunal Supremo. En ambos se debate si constituyen delito unas decisiones y unas actuaciones pac¨ªficas exclusivamente pol¨ªticas, realizadas pese a un pronunciamiento suspensivo del Tribunal Constitucional. Es el viejo debate del delito por convicci¨®n, en el que el delincuente conoce la ilegalidad de su conducta, pero quebranta la ley porque antepone las exigencias de su convicci¨®n. A esto se refer¨ªa Homs en su declaraci¨®n ante el Supremo, innecesariamente desconsiderada, inoportuna y sobreactuada. El debate sobre los delitos por convicci¨®n, cuando se trata de conductas pac¨ªficas como las del 9-N, no contiene reproches ¨¦ticos, sino estrictamente jur¨ªdicos. Si los tribunales declaran que aquellas conductas constituyen delito, ser¨¢n ilegales, pero no por eso han de ser consideradas como indignas. Porque, como dijo un cl¨¢sico jurista alem¨¢n hace casi un siglo, los delitos por convicci¨®n pueden merecer el castigo, pero no la infamia.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es ex fiscal jefe de Catalu?a.