Catalu?a esconde la ley de ruptura para evitar el recurso de Rajoy

La denominaci¨®n oficial es Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, se la conoce como ley de ruptura, servir¨¢ para dar los pasos legislativos con el objetivo de romper con el resto de Espa?a y constituye el secreto mejor guardado de Catalu?a. Su contenido es conocido por los cuatro diputados que han participado en su redacci¨®n y unas cuantas personas m¨¢s; en total, una decena. Ning¨²n borrador del texto ni anteproyecto de debate previo ha circulado. No se trata formalmente de una Constituci¨®n catalana, pero es m¨¢s eso que otra cosa. La raz¨®n de tanto secretismo es evitar a toda costa el inmediato recurso del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con toda probabilidad, el Ejecutivo del PP recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional para suspender y paralizar la ley en cuanto se hagan p¨²blicos sus art¨ªculos. Para que prospere la impugnaci¨®n se requiere una premisa ahora inexistente gracias a este juego del escondite: que los folios ahora guardados con celo obsesivo salten ¡ªen modo de borrador, de anteproyecto o de pacto¡ª a una publicaci¨®n oficial del Parlamento catal¨¢n. Y eso es precisamente lo que pretenden evitar Junts pel S¨ª y la CUP, partidos que han redactado la ley, hasta que llegue la hora H del d¨ªa D, esto es, el momento elegido en el que, seg¨²n los independentistas, no haya una marcha atr¨¢s jur¨ªdica.

As¨ª se explica que durante los siete meses de negociaciones de la redacci¨®n del texto los dos grupos independentistas, que suman mayor¨ªa en el Parlament, hayan actuado con un sigilo impropio de una C¨¢mara legislativa.

El pacto ¡ªel texto¡ª se cerr¨® hace poco m¨¢s de 30 d¨ªas sin que ninguna de las partes lo hiciera p¨²blico. Es una redacci¨®n a¨²n susceptible de retoques, pero con el grueso de los art¨ªculos ya acordado. En su redactado han intervenido por parte de Junts pel S¨ª Llu¨ªs Maria Corominas (Converg¨¨ncia, ahora llamado PDECat) y Jordi Orobitg (ERC), mientras que Benet Salellas y Gabriela Serra han representado a la CUP. Les une su decisi¨®n de lograr la independencia de Catalu?a; y a tres de ellos, en su condici¨®n de abogados, el conocimiento de la legalidad que ahora se pretende sortear. Adem¨¢s de los cuatro diputados, se da por hecho que conocen la ley de ruptura el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, adem¨¢s de su vicepresidente y l¨ªder de ERC, Oriol Junqueras, y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

Corominas es perro viejo. Fue durante 12 a?os alcalde de Castellar de Vall¨¨s (Barcelona), el pueblo donde naci¨® en 1963, y diputado en el Parlament desde 2003, donde es vicepresidente primero. Conoce todos los recovecos del parlamentarismo y el reglamento. Dej¨® de ejercer la abogac¨ªa hace unos a?os, cuando fue ascendiendo en el partido que despu¨¦s ha mutado en el PDECat.

Al contrario de Corominas, Orobitg sigue compaginando el esca?o con la abogac¨ªa y con la pr¨¢ctica del remo en banco fijo, su gran pasi¨®n. No en vano fue campe¨®n de Catalu?a en diversas modalidades. Nacido en 1966, su carrera pol¨ªtica se inici¨® en Lloret de Mar (Girona) en 2010. Dio el salto al Parlament en las ¨²ltimas elecciones de 2015. Lo mismo le ocurri¨® a Salellas, de 40 a?os, jurista de cabecera de la CUP, que viste toga hace ya un tiempo en defensa de activistas de diversos movimientos sociales. Salellas defendi¨® a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Ventur¨®s, investigada y posteriormente exculpada de un presunto delito electoral al negarse a descolgar la bandera estelada (independentista) del Ayuntamiento en dos convocatorias electorales. De Salellas es la c¨¦lebre frase para referirse a la renuncia de Artur Mas a seguir en la presidencia de la Generalitat, forzada por la CUP: ¡°Le hemos enviado a la papelera de la historia¡±.

Gabriela Serra, de 65 a?os, es la m¨¢s veterana del grupo. Maestra de profesi¨®n, inici¨® su activismo nada m¨¢s morir Francisco Franco. Fue candidata del Movimiento Comunista de Catalu?a en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en las primeras municipales de la democracia, en 1979, y se curti¨® como activista, desde la campa?a contra la OTAN a la Federaci¨®n Catalana de ONG.

La web del Parlament relata al detalle las funciones que desempe?an estos diputados y su actividad, pero de ninguno de ellos se dice que haya redactado la ley cuyo art¨ªculo primero ¡ªel ¨²nico conocido¡ª reza as¨ª: ¡°Catalu?a se constituye en una rep¨²blica de derecho, democr¨¢tica y social¡±. Eso es lo que anunciaron Junts pel S¨ª y la CUP el pasado 29 de diciembre, en plenas fiestas navide?as, en un comunicado de prensa id¨¦ntico remitido de forma separada a las 13.24.

Ese es el ¨²nico texto que da alg¨²n detalle de una ley que a¨²n no se sabe si servir¨¢ o no para convocar el refer¨¦ndum de independencia que el presidente Carles Puigdemont se ha comprometido a celebrar antes del fin de septiembre. Lo que se da por hecho es que contendr¨¢ una disposici¨®n final en la que condicionar¨¢ su entrada en vigor a la victoria del s¨ª en esa hipot¨¦tica consulta. Lo contrario ser¨ªa como colocar el carro delante de los bueyes.

El paraguas legal con el que los independentistas quieren amparar el refer¨¦ndum es el aspecto m¨¢s sujeto a variaci¨®n, explican fuentes de ambos grupos parlamentarios, y su aplicaci¨®n final depender¨¢ de hasta d¨®nde quiera tensar la cuerda la CUP.

A Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional reconvertido en jurista ¨¢ulico del independentismo desde 2012, sus colegas le atribuyen la redacci¨®n del texto. ¡°Con todo el respeto para los diputados, solo Pi-Sunyer es capaz de entrar al detalle en tantas cuestiones¡±, afirma un constitucionalista que pide anonimato. Pi-Sunyer coordin¨® durante dos a?os el llamado Libro Blanco de la Transici¨®n Nacional, las 1.300 p¨¢ginas que detallan el tr¨¢nsito para crear un Estado catal¨¢n. Al lado de esto, la ley de ruptura es poco menos que un tr¨¢mite para este jurista. Al resto de dirigentes independentistas les puede sonar la m¨²sica de la ley pero confiesan abiertamente desconocer la letra. ¡°Tampoco nos preocupa¡±, dice uno de ellos.

Al secretismo de la ley de ruptura han contribuido los grupos no independentistas del Parlament con su negativa a participar en la redacci¨®n, lo que abri¨® las puertas a los secesionistas para prescindir del tr¨¢mite habitual. As¨ª, se descart¨® crear una ponencia y no se publicit¨® ninguna de las reuniones que han mantenido los cuatro diputados que han participado en su elaboraci¨®n, al contrario de lo que sucede con cualquier actividad parlamentaria. Al final corri¨® la consigna y se impuso un hermetismo total hasta que llegue el momento de esgrimir el texto, cuando convenga a la estrategia independentista en funci¨®n ¡°del calendario¡±, esto es, despu¨¦s de las sentencias por los dos juicios por la consulta de 9-N y el proceso penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa de la C¨¢mara.

Mientras, y para allanar el camino de la aprobaci¨®n parlamentaria, se ha activado una reforma del reglamento para que la ley no la conozcan los diputados hasta poco antes de votarla por el procedimiento de urgencia y alterando sobre la marcha el orden del d¨ªa de un pleno ordinario. Porque no ser¨¢ el Gobierno catal¨¢n quien presentar¨¢ a la C¨¢mara el decisivo proyecto de ley, sino un grupo parlamentario, con lo que se pretende esquivar tambi¨¦n una posible inhabilitaci¨®n que se da por hecho que llegar¨¢ en alg¨²n momento si se cumple la promesa de convocar el refer¨¦ndum.