La Fiscal¨ªa pide cuatro a?os de prisi¨®n para Narc¨ªs Serra

La Fiscal¨ªa ha pedido cuatro a?os de prisi¨®n para el expresidente de CatalunyaCaixa, Narc¨ªs Serra, por el aumento de sueldos a directivos de la entidad. El escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, solicita la misma pena para el ex director general de la entidad, Adolf Tod¨®, por los mismos hechos: dos delitos de administraci¨®n desleal. El fiscal anticorrupci¨®n de Barcelona Fernando Maldonado solicita a los acusados, adem¨¢s, que indemnicen el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) con 2,5 millones de euros.

El escrito acusa a un total de 41 personas, todos ellos miembros de los consejos de administraci¨®n de la caja de ahorros que aprobaron, en dos votaciones distintas, las subidas salariales. De ellos, 17 consejeros (incluidos Serra,?vicepresidente del Gobierno entre 1991 y 1995, y Tod¨®) participaron en las dos reuniones y por eso el fiscal les atribuye dos delitos de administraci¨®n desleal. Y solicita, por cada uno de ellos, dos a?os de prisi¨®n. El resto (24) votaron a favor de los aumentos solo en una ocasi¨®n y afrontan por ello un solo delito y una petici¨®n de pena de dos a?os.

El fiscal denuncia que la entidad aprobara "retribuciones desproporcionada" en una "situaci¨®n de insolvencia"

"En la entidad han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situaci¨®n de insolvencia", relata el fiscal en su escrito. Maldonado agrega que esas remuneraciones se produjeron "en un entorno de grave crisis econ¨®mica imperante en nuestro pa¨ªs". "Sorprende", se?ala, que CatalunyaCaixa "por un lado suscribiera tales contratos y por el otro solicitase la inyecci¨®n de dinero p¨²blico por parte del FROB".

La Audiencia de Barcelona tendr¨¢ que fijar ahora fecha para el juicio en una causa que naci¨® a ra¨ªz de una denuncia de la Fiscal¨ªa y que se ha prolongado en el tiempo de forma injustificada, lo que beneficiar¨¢ a Serra en caso de condena. El exvicepresidente y exalcalde de Barcelona, Tod¨® y el resto de directivos est¨¢n acusados porque aprobaron, en 2010, resoluciones que incrementaron el salario de los directivos. La decisi¨®n se adopt¨® a pesar de que la entidad se encontraba ya en una situaci¨®n cr¨ªtica que le hab¨ªa obligado a solicitar un pr¨¦stamo de 1.250 millones de euros al FROB.

Los directivos aprobaron los aumentos de sueldo "en perjuicio y desprecio" de la entidad (que m¨¢s tarde fue absorbida por el BBVA) y de los intereses generales, seg¨²n el auto judicial que puso fin a la instrucci¨®n. Esos incrementos exced¨ªan la "prudencia" que exig¨ªa el momento de crisis econ¨®mica, que golpeaba especialmente a CatalunyaCaixa, ya entonces sostenida "con dinero p¨²blico de todos los contribuyentes".

Las mejoras salariales se aprobaron en dos acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci¨®n de la caja de ahorros, recuerda la Fiscal¨ªa en su ecrito de acusaci¨®n. En el primero (enero de 2010), se aprob¨® aumentar el salario fijo y el variable anual de Tod¨® (del 35 al 50%) y de quien fue su mano derecha en la entidad, Jaume Masana (del 35 al 45%).

La segunda votaci¨®n se produjo en octubre de ese mismo a?o, cuando ya se hab¨ªa completado la fusi¨®n de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa y hab¨ªa nacido la nueva Catalunya Caixa. Los miembros del Consejo aprobaron las subidas salariales de la direcci¨®n para 2011: Tod¨® pasar¨ªa a cobrar 812.000 euros (12.000 m¨¢s que el a?o anterior) y Masana, 610.000 (tambi¨¦n 12.000 m¨¢s que en 2010). En esa segunda votaci¨®n, solo una consejera que representaba a los sindicatos vot¨® en contra.

El fiscal perfila c¨®mo los resultados econ¨®micos de la entidad fueron a peor desde el inicio de la crisis: de los 493 millones de beneficio de 2007 a los 77 millones de 2010. Y recuerda c¨®mo, ya en julio de 2010, "se hizo urgente la intervenci¨®n del FROB", que suscribi¨® participaciones preferentes de la entidad por un importe de 1.250 millones, lo que supon¨ªa "el 23,51% de los recursos propios". En octubre de 2011, el organismo inyect¨® otros 1.718 millones. Y al a?o siguiente se complet¨® la nacionalizaci¨®n con una nueva aportaci¨®n de 9.094 millones de euros. Los criterios que rigen la actuaci¨®n del FROB indican, entre otras cosas, que deben "ajustarse las pol¨ªticas de retribuci¨®n de los altos directivos" de las entidades, lo que en opini¨®n del fiscal no ocurri¨® con CatalunyaCaixa.

Teniendo en cuenta ese recorrido, el fiscal duda incluso de la "idoneidad de los acuerdos adoptados en 2008 en cuanto a los fondos de pensiones constituidos en favor de los se?ores Tod¨® y Masana". Las "provisiones matem¨¢ticas" que les correspond¨ªan a ambos en 2012 por p¨®lizas y planes de pensiones eran de 8,2 millones (Tod¨®) y 1,7 millones (Masana). "En el marco de la irresponsable pol¨ªtica de retribuciones", el fiscal cita tambi¨¦n las "escandalosas y millonarias indemnizaciones percibidas" por una serie de personas cuando dimitieron por la fusi¨®n de las tres cajas: Llu¨ªs Gasul (7,4 millones); Ricard Climent (1,3) y Gloria Ausio (1,3).

Segunda causa contra el exvicepresidente

La gesti¨®n de Serra al frente de CatalunyaCaixa no solo ha sido cuestionada por los sobresueldos, sino tambi¨¦n por el ruinoso negocio inmobiliario que abord¨® la entidad. La Audiencia Nacional ha abierto una investigaci¨®n contra el tambi¨¦n exministro de Defensa -y tambi¨¦n contra Tod¨®- por las ruinosas operaciones que llev¨® a cabo Procam -la filial inmobiliaria de CatalunyaCaixa- y que dejaron un agujero de 720 millones de euros a la entidad. Serra y la antigua c¨²pula de la caja ser¨¢n citados, tambi¨¦n en este caso, por el delito de administraci¨®n desleal.

A partir de un informe demoledor del FROB, la Fiscal¨ªa ha denunciado las irregularidades de una treintena de operaciones inmobiliarias fallidas tanto en Espa?a como en pa¨ªses europeos (Polonia y Portugal). El documento se?ala la mala gesti¨®n de las operaciones, abordadas en plena era de bonanza del ladrillo. La entidad aval¨® las operaciones bas¨¢ndose en la simple confianza, de palabra, de los socios que participaban en ellas, y sin que existieran informes independientes previos sobre la "solvencia y capacidad" de los socios para sacar adelante las promociones. Algunos proyectos, por ejemplo, se emplazaron en terrenos no urbanizables.