Condenados a sufrir

El 63.3% de la poblaci¨®n aprobar¨ªa la despenalizaci¨®n de la eutanasia. Casi un 60% de los votantes del PP, y un 77% de los del PSOE (encuesta del CIS, 2009). Sin embargo, la despenalizaci¨®n de la eutanasia y la regulaci¨®n de su pr¨¢ctica legalizada han sido rechazadas hace dos semanas por el Congreso de los Diputados. Por 131 votos en contra, del PP y sus filiales auton¨®micas, y 122 abstenciones del PSOE, Ciudadanos, PDeCAT (la antigua Converg¨¨ncia) y Nueva Canaria, se rechaz¨® la toma en consideraci¨®n de una proposici¨®n de ley presentada por Unidos Podemos, En marea y En Com¨² Podem (86 votos). La formaci¨®n equivalente a esta ¨²ltima en el Parlament de Catalunya hab¨ªa promovido otra propuesta en el mismo sentido, que fue aprobada sin m¨¢s oposici¨®n que la del PP y Ciudadanos. Con la iniciativa del Parlament, ya son siete los Parlamentos auton¨®micos que han instado al Congreso a que se derogue el castigo penal de la eutanasia, y en todos ellos se ha contado con el voto favorable del PSOE.

Es significativo que, inmediatamente despu¨¦s de rechazar la proposici¨®n de despenalizaci¨®n de la eutanasia, Ciudadanos haya presentado un proyecto de ley de cuidados paliativos, demasiado parecido a otro anterior de los socialistas, y ambos similares a leyes ya vigentes en la mayor parte de las Comunidades Aut¨®nomas.

Desde el siglo XIX, los c¨®digos penales regulaban la eutanasia como ayuda ejecutiva al suicidio, castigando con la misma pena que el homicidio al que auxilia al suicida hasta el extremo de causarle la muerte. En 1995 se modific¨® la regulaci¨®n existente desde hac¨ªa m¨¢s de 150 a?os. El nuevo C¨®digo Penal aten¨²a la pena de prisi¨®n, pero no la suprime, y a?ade una atenuaci¨®n extraordinaria para los casos en que se act¨²a por petici¨®n expresa, seria e inequ¨ªvoca del que desea morir, si ¨¦ste sufre una enfermedad grave que conducir¨ªa necesariamente a su muerte, o que le produce graves padecimientos permanentes dif¨ªciles de soportar. En estos casos, que son los caracter¨ªsticos de la eutanasia, tambi¨¦n hay pena de prisi¨®n, accesoria de inhabilitaci¨®n y antecedentes penales, aunque la prisi¨®n podr¨ªa ser inferior a dos a?os, y por ello evitarse la c¨¢rcel. Pero para eso hace falta que se produzca la afortunada circunstancia, siempre aleatoria, de que juzgue un tribunal extraordinariamente comprensivo y benevolente.

En el debate de 1995, el grupo Popular se pronunciaba a favor de mantener la severidad penal hist¨®rica, y el grupo de IU-IC propon¨ªa la total despenalizaci¨®n de la eutanasia. El grupo socialista opt¨® por un t¨¦rmino medio. Pena de prisi¨®n, pero m¨¢s corta. 22 a?os despu¨¦s, en el brev¨ªsimo debate del pasado mes de marzo, el grupo socialista mantiene su criterio de moderaci¨®n intermedia, pero con otros matices. A su juicio, no es un problema prioritario, y por ello aplaza sine die la regulaci¨®n del grav¨ªsimo conflicto ¨¦tico y democr¨¢tico que plantea la penalizaci¨®n de la eutanasia, esperando un posterior ¡°debate sosegado para alcanzar un consenso amplio¡±, no se sabe cu¨¢ndo.

Es inaceptable escudarse en la suficiencia de una legislaci¨®n sobre tratamientos paliativos para, as¨ª, evitar el problema de la necesaria despenalizaci¨®n de la eutanasia. No es lo mismo la eutanasia que la ayuda facultativa a morir sin dolor, a veces pedida anticipadamente por el paciente. Esta ayuda podr¨¢ regularse por una normativa estatal o auton¨®mica de cuidados paliativos efectiva, suficiente y generalizada. Pero no cabe esgrimir esa normativa para ocultar o eludir el problema de la ayuda a la muerte voluntaria. Quedar¨ªan fuera del ¨¢mbito de los tratamientos paliativos casos en que no hay inminencia de muerte como el de Ram¨®n Sampedro, magistralmente plasmado por Amen¨¢bar y Bardem en Mar adentro. Son supuestos de tetraplejias, de vidas mantenidas artificialmente en estado vegetativo, e incluso estados de decrepitud mental avanzada. Estos casos tambi¨¦n comportan padecimientos insoportables incluso si no hay grandes dolores f¨ªsicos. En estos casos, cuando el paciente ha expresado con antelaci¨®n, con plena lucidez, libertad y formalidad, su deseo de poner fin a su vida para acabar con su situaci¨®n, necesita una mano ajena porque ¨¦l, personalmente, no puede suicidarse. La criminalizaci¨®n de la eutanasia, sobre todo en tales supuestos, viola el derecho fundamental a la libertad de la persona que desea morir. La obligaci¨®n a soportar por el tiempo que le quede de vida, una existencia incompatible con su sentido de la dignidad. Por eso la criminalizaci¨®n de la eutanasia implica una condena irracional, innecesaria e inhumana.?

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal jefe del TSJC.