La presi¨®n judicial a las empresas dificulta el plan soberanista de Puigdemont

La presi¨®n judicial sobre las empresas que trabajan para la Generalitat a?ade dificultades al plan independentista del president Carles Puigdemont. Los proveedores son conscientes de las posibles consecuencias penales de prestar servicios que, de una u otra forma, sirvan para impulsar el proc¨¦s. Algunas est¨¢n dispuestas a dar un paso atr¨¢s, e incluso renunciar a contratos p¨²blicos conflictivos, lo que puede suponer una traba adicional para desarrollar las ¡°estructuras de Estado¡± (como la Hacienda propia) e incluso la eventual organizaci¨®n de un refer¨¦ndum.

Unas 20 empresas (tecnol¨®gicas, consultoras y de ciberseguridad) se han visto forzadas a dar explicaciones a la fiscal¨ªa por contratos con el Gobierno catal¨¢n ligados, presuntamente, a dos de las ¡°estructuras de Estado¡± que la Generalitat pretende crear: la hacienda propia y los servicios de inteligencia. Se enfrentan a la advertencia de que, si no colaboran con la justicia, pueden cometer un delito de malversaci¨®n. Fuentes judiciales dan por descontada la colaboraci¨®n de las empresas ¡ªalgunas ya han aportado documentaci¨®n¡ª y creen que se abstendr¨¢n de asumir encargos que claramente impulsen el proceso independentista.

Fuentes de una multinacional afectada por esta situaci¨®n admiten a EL PA?S los riesgos y dan por hecho que las grandes firmas huir¨¢n del conflicto judicial. Se?alan, no obstante, que la f¨®rmula de trocear los encargos por parte de la Generalitat (diferentes proyectos se encajan como engranajes que acaban formando un sistema) abre la posibilidad de que peque?as firmas tecnol¨®gicas especializadas asuman el riesgo. ¡°Las empresas son una pieza, pero no ven el puzle¡±, se?ala un abogado al corriente de esos tr¨¢mites. Otros ejecutivos del sector son m¨¢s esc¨¦pticos con las consecuencias coercitivas de los trabajos de la Audiencia Nacional. ¡°A nosotros nos contratan por nuestro trabajo y ya est¨¢. No nos pueden pedir que tomemos posici¨®n¡±, dice uno.

Los recelos de las empresas (transformados ahora en miedo) vienen de lejos. Pero el 27 de julio de 2015 marc¨® un punto de inflexi¨®n. Artur Mas, entonces presidente catal¨¢n, present¨® su modelo de hacienda p¨²blica en un acto que varias empresas asistentes consideraron una ¡°encerrona¡±. Mas revel¨® los nombres de las firmas que hab¨ªan elaborado informes para el proyecto: KPMG, Deloitte, Everis o la escuela de negocios Esade. El contrato para elaborar el nuevo programa de gesti¨®n y recaudaci¨®n de impuestos de la Generalitat recay¨® sobre IBM.

Para entonces, la querella de la fiscal¨ªa contra Mas y dos de sus consejeras por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional estaba en punto muerto. Tras el verano, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a les cit¨® a declarar como imputados. La instrucci¨®n destap¨® el papel clave de las empresas. La Generalitat no hab¨ªa dejado la consulta en manos de voluntarios, sino que los trabajos materiales (inform¨¢tica, log¨ªstica) fueron ¡°encomendados principalmente a contratistas privados¡±, recoge la sentencia del 9-N que conden¨® a Mas a dos a?os de inhabilitaci¨®n.

Las lecciones del 9-N

El 9-N fue una lecci¨®n para todos. La Generalitat logr¨® sorprender a la fiscal¨ªa al adjudicar los trabajos para la consulta mediante ¡°contratos programa¡± con grandes empresas, de forma que pasaran inadvertidos. Hubo otros ¡°cordones sanitarios¡±, se?alan fuentes judiciales; por ejemplo, que los contratos fueron adjudicados por un ¨®rgano de la Generalitat (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n) y que las empresas subcontrataron, a su vez, algunos servicios.

Las empresas salieron indemnes y sus responsables solo declararon como testigos. En aquella ocasi¨®n, solo la multinacional T-Systems expres¨®, antes de la consulta, sus dudas sobre si deb¨ªa seguir adelante con los trabajos por el veto del Constitucional. ¡°Esa actitud m¨¢s vigilante es la que van a mantener a partir de ahora. No van a dar pasos en falso¡±, relata un abogado.

La fiscal¨ªa, por su parte, aprendi¨® que deb¨ªa anticiparse. ¡°Ha habido un cambio de estrategia. Ya no advierten solo a los pol¨ªticos sino a las empresas, que son clave¡±, explica un abogado consultado. El Gobierno catal¨¢n sospecha que las instituciones del Estado intentan que el proceso independentista muera por la ausencia de apoyo de las empresas proveedoras de la tecnolog¨ªa para crear las ¡°estructuras de Estado¡± y el propio refer¨¦ndum. ¡°Nosotros queremos hacer las cosas bien pero nos ponen palos en las ruedas; si no podemos hacerlo, ya veremos por culpa de qui¨¦n es¡±, alegan fuentes del Ejecutivo, que se mantiene firme en celebrar la consulta. La Generalitat sostiene que sus actuaciones se ajustan a derecho, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que ese refer¨¦ndum ser¨ªa ilegal.

A esas pesquisas, abiertas desde hace un a?o, se sumaron el pasado marzo las de la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a. El ministerio p¨²blico indaga si se han encomendado ya trabajos de preparaci¨®n del refer¨¦ndum anunciado para septiembre. A diferencia de lo que ocurri¨® en la causa del 9-N, la fiscal¨ªa no duda en hablar ahora de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, delito que, a diferencia de la desobediencia o la prevaricaci¨®n, conlleva penas de c¨¢rcel.