La Junta de Andaluc¨ªa acuerda comprar viviendas a bancos para evitar desahucios
El Consejo de Gobierno andaluz aprueba un proyecto de ley con una partida de 4 millones para 2017
La Junta de Andaluc¨ªa ha aprobado este martes el proyecto de ley de Tanteo y Retracto en Desahucios de Vivienda, que ofrece la posibilidad a la Administraci¨®n de comprar inmuebles de forma preferente a entidades financieras para proteger a las familias ante ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. Esta medida, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones para 2017, permitir¨ªa la adquisici¨®n de viviendas libres que se incorporar¨¢n al parque p¨²blico auton¨®mico.
La Junta calcula que podr¨ªan incluirse 200 inmuebles libres hasta el a?o 2020. "La ley en su conjunto nace para aportar nuevas garant¨ªas a los ciudadanos, reforzar las pol¨ªticas contra los desahucios y fortalecer el sistema de control de vivienda protegida", ha declarado el consejero de Fomento Felipe L¨®pez, despu¨¦s de ser aprobado en Consejo de Gobierno este proyecto de ley, inspirado en la normativa catalana.
La novedad de la medida incluye dos premisas clave: Por un lado, que la vivienda del banco debe cumplir condiciones similares a las de protecci¨®n oficial, como por ejemplo con un precio medio de 80.000 euros aproximados de precio de coste. Y por otro lado, que la persona o la familia que vaya a ser desahuciada deber¨¢ tener el perfil de especial protecci¨®n, como podr¨ªan ser; mayores de 65 a?os, menores de 35, discapacitados, familias en el umbral de la pobreza o v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero. "Se va a facilitar la permanencia de la familia afectada para que no pierdan su vivienda y pagando un alquiler social", ha aclarado L¨®pez sobre esta medida que comenz¨® a gestarse hace dos a?os en un grupo de trabajo en el que han participado 11 entidades financieras.
Para la ejecuci¨®n correcta de esta medida, la Junta depende del convenio firmado el pasado marzo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el que los jueces deben comunicar a los servicios sociales los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad y que incluso les permite suspender los procesos de desahucio.
El consejero ha asegurado que esta ley, que iniciar¨¢ su tramitaci¨®n parlamentaria en breve, est¨¢ lo "suficientemente blindada como para que el Gobierno del PP no la recurra", ha dicho en referencia a la ley de Funci¨®n Social de la Vivienda, promovida por Izquierda Unida en la anterior legislatura y pactada con el PSOE, que fue recurrida por el Gobierno central y suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.
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