La Generalitat plantea a las el¨¦ctricas modificar la ley de pobreza energ¨¦tica

Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona ni el mundo municipalista han logrado que las el¨¦ctricas se avengan a firmar los convenios contra la pobreza energ¨¦tica establecidos en la ley 24/2015. Endesa y Gas Natural siempre han criticado la falta de seguridad jur¨ªdica de la norma y de ah¨ª que el Departamento de Empresa se plantee modificar un art¨ªculo para intentar seducirlas. El nuevo redactado, que est¨¢ siendo negociado con todas las Administraciones, acaba con el silencio administrativo aunque mantiene la obligaci¨®n de las empresas de preguntar a los servicios sociales antes de hacer un corte.

El cambio tambi¨¦n ser¨¢ consensuado con los promotores de la Iniciativa de Legislaci¨®n Popular (ILP) que dio origen a la ley, como la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE). Las Administraciones y los activistas tienen hoy una reuni¨®n prevista. Una portavoz de Empresa explic¨® que se trabaja para lograr acuerdos con las el¨¦ctricas pero no confirm¨® el alcance de la modificaci¨®n.

El Gobierno central recurri¨® el a?o pasado la parte de la ley que ten¨ªa que ver con la vivienda pero dej¨® inc¨®lume la relacionada con la pobreza energ¨¦tica. El articulado establece dos herramientas para luchar contra este problema que no han sido bien recibidas por las el¨¦ctricas.

Por un lado, est¨¢ el principio de precauci¨®n, que obliga a las comercializadoras a preguntar a los servicios sociales si un cliente es o no vulnerable antes de realizar un corte por impago. La ley dice que el Consistorio tiene 15 d¨ªas para tramitar un informe de exclusi¨®n social. Si no, ¡°se entiende que la unidad familiar se encuentra en situaci¨®n de riesgo¡±, establece el art¨ªculo nueve.

La Generalitat, dicen fuentes de la negociaci¨®n, plantea eliminar ese silencio administrativo y fijar un plazo m¨¢s generoso para la tramitaci¨®n. Esto, agregan las mismas fuentes, ir¨ªa acompa?ado de m¨¢s personal en los servicios sociales, lo cual ya est¨¢ presupuestado en los contratos programa. Del total de solicitudes de informe en Catalu?a, el 10% se rechazan; otro 10% se aprueban, y al resto se le mantiene el suministro por el silencio administrativo.

De otro lado, la ley 24/2015 pretende que Administraciones y compa?¨ªas firmen convenios que sufraguen ayudas a fondo perdido para pagar al menos el 50% de la factura de los pobres energ¨¦ticos y los programas para evitar el problema social. La ley no obliga a las el¨¦ctricas a suscribirlos, pues se trara de un acuerdo entre las partes.

Principio de precauci¨®n

La muerte de una anciana en Reus, a la que Gas Natural le hab¨ªa cortado la luz sin preguntar al Ayuntamiento y que los servicios sociales no ten¨ªa identificada como pobre energ¨¦tica, puso el foco en el principio de precauci¨®n. Muchos consistorios no pueden asumir la carga burocr¨¢tica de revisar los listados de cortes para confirmar los casos de vulnerabilidad y la tragedia demostr¨® que las empresas no cumpl¨ªan la ley, aduciendo una falta de un reglamento que lo desarrollara.

Los promotores de la ILP no ven claro el objetivo de la modificaci¨®n. Mar¨ªa Campuzano, portavoz de APE, ve un ataque al principio de precauci¨®n, que considera el modo apropiado para llegar a familias no usuarias de los servicios sociales.

Las empresas justifican que quieren evitar los casos de ¡°picaresca¡± y poner fin a la incertidumbre de no tener respuesta de los Consistorios. Las fuentes de la negociaci¨®n explican que si se cambia el art¨ªculo nueve, las el¨¦ctricas est¨¢n dispuestas a firmar los convenios fijados por la ley. Desde Endesa y Gas Natural aceptaron las conversaciones pero no entran en detalles. El cambio legislativo, de tirar adelante, se har¨ªa a trav¨¦s del tr¨¢mite de lectura ¨²nica en el Parlament.