El enchufe de una cu?ada de la presidenta de la Diputaci¨®n de Pontevedra, a juicio

El funcionario de Vigo Francisco Javier Guti¨¦rrez Or¨²e, jefe de servicio municipal de Emprego, ser¨¢ juzgado por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsedad documental en el supuesto enchufe de una cu?ada de la presidenta de la Diputaci¨®n de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, la socialista Carmela Silva. La familiar de Silva fue contratada durante cinco a?os en una concesionaria municipal sin que conste que fuera a trabajar.

En su escrito de acusaci¨®n, la fiscal Eva Calvete solicita para Guti¨¦rrez Or¨²e una condena de ocho a?os de c¨¢rcel, adem¨¢s de otra derivada de inhabilitaci¨®n por un per¨ªodo de tres d¨¦cadas para el desempe?o de empleo o cargo p¨²blico. Cuando se produjeron los hechos investigados, el funcionario era jefe del Servicio de Participaci¨®n y Atenci¨®n Ciudadana y Carmela Silva ya formaba parte del gobierno local.

En el auto de apertura de juicio dictado por la titular del juzgado n¨²mero 7 de Vigo, Carmen Garc¨ªa Campos, que instruye otras causas contra el gobierno local, tambi¨¦n se procesa a Ram¨®n Comesa?a, gerente de Imesapi, la empresa concesionaria municipal encargada de la gesti¨®n de los centros c¨ªvicos de la ciudad. Para ¨¦l, la fiscal pide siete a?os de prisi¨®n por los delitos de malversaci¨®n y falsedad documental.

Comesa?a, seg¨²n la fiscal¨ªa, actu¨® como cooperador necesario en la contrataci¨®n de Vanesa Falque, la cu?ada de Silva, en la citada concesionaria municipal entre 2008 y 2013. Las imputaciones contra Falque como beneficiaria del contrato y por un presunto tr¨¢fico de influencias fueron archivadas el pasado a?o por prescripci¨®n de los delitos investigados.

Sin embargo, la fiscal solicita que Vanesa Falque declare como testigo en el juicio, que a¨²n no tiene fecha, adem¨¢s del concejal de Participaci¨®n Ciudadana, el socialista Santos H¨¦ctor, y un apoderado de la firma Imesapi que fueron investigados inicialmente en esta misma causa pero quedaron al margen como imputados al decretar la jueza el sobreseimiento parcial de lo instruido.

La fiscal Eva Calvete cree que Francisco Javier Guti¨¦rrez, en su condici¨®n de jefe del Servicio de Participaci¨®n Ciudadana, actu¨® ¡°con la intenci¨®n fraudulenta¡± de que el Ayuntamiento de Vigo le diera un empleo a la cu?ada de Carmela Silva, ¡°con flagrante vulneraci¨®n de la legalidad¡±. Todo ello, subraya el ministerio p¨²blico, a pesar de que la empresa no necesitaba m¨¢s personal y sin que Imesapi fuera directamente su empleador. Seg¨²n consta en el sumario, el Ayuntamiento aprob¨® contratos menores consistentes en la elaboraci¨®n de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, que no consta que haya realizado Vanesa Falque y por las que pag¨® m¨¢s de 108.000 euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido "comentar" la apertura de juicio oral contra el funcionario por el supuesto enchufe a la cu?ada de su primera teniente de alcalde. Silva, por su parte, ha arremetido este mi¨¦rcoles contra el PP por sus cr¨ªticas tras la decisi¨®n de la juez. La presidenta de la Diputaci¨®n de Pontevedra ha advertido a la portavoz popular en la corporaci¨®n de Vigo, la exconselleira de Facenda Elena Mu?oz, "que tenga mucho cuidadito con lo que dice" y la acusado de "formar parte de un partido que no es un partido, es una asociaci¨®n para delinquir", informa Europa Press.

La causa judicial por el presunto enchufe de la familiar de Silva es el resultado de la segunda de las cuatro denuncias que interpuso contra el Ayuntamiento la plataforma Xuntos por Galicia ¨Ccorriente interna de Podemos-. La ¨²ltima, ya admitida a tr¨¢mite, tambi¨¦n va dirigida contra Guti¨¦rrez Or¨²e y el concejal ?ngel Rivas por la supuesta acumulaci¨®n de funciones del primero como jefe del servicio municipal de Participaci¨®n Ciudadana y del departamento de Desenvolvemento e Emprego para percibir 7.000 euros anuales m¨¢s de salario. Un acuerdo sobre el que ?ngel Rivas inform¨® favorablemente.

En el caso sobre el que se acaba de abrir juicio oral, la acusaci¨®n particular ejercida por la plataforma eleva a 28 a?os de prisi¨®n la petici¨®n de condena para el funcionario y 13 para el empleado de Imesapi. El juzgado los ha citado para que comparezcan la pr¨®xima semana para notificarles formalmente la apertura de juicio y los cargos que ha presentado contra ellos la fiscal¨ªa.