El ¡®caso Llach¡¯ abre una brecha entre los funcionarios y la Generalitat
Los sindicatos piden un gesto del Gobierno catal¨¢n para proteger a los trabajadores p¨²blicos
Los sindicatos mayoritarios siguen esperando un gesto tranquilizador por parte de la Generalitat cuatro d¨ªas despu¨¦s de que trascendieran las declaraciones del diputado Llu¨ªs Llach (Junts pel S¨ª) sobre las sanciones a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jur¨ªdica. CC OO y UGT han pedido p¨²blicamente al Gobierno catal¨¢n que reafirme su compromiso de respetar y proteger la seguridad jur¨ªdica de los trabajadores p¨²blicos. El sindicato CATAC ha ido m¨¢s lejos y ya ha pedido por escrito explicaciones a la consejera de Gobernaci¨®n, Meritxell Borr¨¤s. De momento, nadie ha obtenido respuesta.
¡°No puede ser que un problema pol¨ªtico se vuelva un problema laboral¡±, se queja Carles Villalante, secretario de Pol¨ªtica Institucional de la Federaci¨®n de Empleados P¨²blicos de UGT. Los sindicatos mayoritarios recuerdan que son miembros del Pacto Nacional por el Refer¨¦ndum y por eso no entienden que sus dudas ante el choque de legitimidades no sean comprendidas o sean, directamente, malinterpretadas. ¡°Estamos recogiendo firmas del manifiesto y a favor del refer¨¦ndum y [coincidiendo con las declaraciones de Llach] nos gritan espa?olistas. No lo entendemos¡±, agrega Joan Maria Sent¨ªs, coordinador del ¨¢rea p¨²blica de CCOO.
Llach asegur¨® en varias conferencias p¨²blicas que ¡°en el momento que tengamos la ley de transitoriedad jur¨ªdica, ello obligar¨¢ a todos los funcionarios que trabajan y viven en Catalu?a. El que no la cumpla ser¨¢ sancionado. Se lo tendr¨¢n que pensar muy bien¡±.
Blindarse contra ¡°alegalidades¡±
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dise?a un protocolo para que los funcionarios que reciban una orden ¡°alegal¡± de cualquier Administraci¨®n puedan pedirla por escrito y negarse a ejecutarla. Es un mecanismo ya previsto en el decreto de la Generalitat de 1997 sobre funci¨®n p¨²blica: ¡°Si las ¨®rdenes, a su juicio, fueran contrarias a la legalidad, podr¨¢ solicitar su confirmaci¨®n por escrito, y, recibida esta, comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia al jefe superior, quien decidir¨¢. En ning¨²n caso se cumplir¨¢n ¨®rdenes que impliquen la comisi¨®n de delito¡±.
¡°M¨¢s que preocupados, los funcionarios est¨¢n cabreados¡±, dice Assumpta Barbens, portavoz de CATAC. ¡°Hemos soportado recortes, hemos hecho sacrificios y no se nos han devuelto todos nuestros derechos perdidos por la crisis y ahora se nos pone en el ojo de la pol¨¦mica¡±, puntualiza la l¨ªder sindical. ¡°Era un tema que antes parec¨ªa lejano pero que ahora nuestros afiliados te lo nombran en las conversaciones que tenemos, como ya pas¨® con la votaci¨®n del 9-N¡±, agrega Villalante.
Los sindicatos aseguran que ha habido conversaciones informales sobre el caso Llach ¡ªuna figura querida dentro del sindicalismo por su compromiso y que quieren disociar de la pol¨¦mica¡ª, pero insisten en la necesidad de explicaciones oficiales.
Una representaci¨®n de CATAC, por ejemplo, asisti¨® al pleno del Parlament para seguir una moci¨®n sobre los interinos. Barbens revel¨® que la consejera de Gobernaci¨®n Meritxell Borr¨¤s no dijo ni una palabra sobre el tema a pesar de que le entregaron un documento pidi¨¦ndole explicaciones. Tambi¨¦n han presentado una copia a trav¨¦s del registro.
¡°Depende de lo que nos diga sopesaremos solicitar una reuni¨®n¡±, agrega Barbens. Desde Gobernaci¨®n dicen que hasta ahora no han recibido ning¨²n tipo de petici¨®n formal de reuni¨®n. Una convocatoria de la Mesa de la Funci¨®n P¨²blica est¨¢ pendiente de agendar. ¡°Estaremos muy atentos y vigilantes a lo que pase en los pr¨®ximos d¨ªas¡±, explica Villalante.
La Intersindical Alternativa de Catalu?a (IAC), que agrupa a siete sindicatos de diferentes sensibilidades, a¨²n no ha tomado una postura oficial. El martes celebrar¨¢ una asamblea para ello. Otros ya la tienen clara, como la independentista Intersindical-CSC que, junto con la Asamblea Nacional Catalana, hace campa?a activa entre los funcionarios para tranquilizarlos sobre los efectos de una eventual independencia.
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