Madrid pagó 220 millones a patronal y sindicatos en cursos de formación
La crisis y el cambio de normativa han reducido las subvenciones para estos programas a 17,5 millones
La Comunidad de Madrid, entre 2009 y 2015, periodos en los que se sucedieron Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, concedió ayudas para la formación a sindicatos, patronal y asociaciones de lo más diverso por valor de más de 220 millones. UGT recibió 33 millones, CC?OO más de 30 y CEIM 45. La crisis económica y el cambio de la ley que regulaba estas subvenciones en 2015 provocaron una caída en picado del montante. Este a?o serán 17,5 millones para todos. Entidades como la Asociación Sindical de Salchicheros Independientes o la de Registradores de la Propiedad han dejado de recibir dinero público.
Hubo una época en la que los cursos de formación continua para empleados subvencionados por la Comunidad de Madrid gozaban de una salud excelente: en 2009 se llegaron a destinar a tal fin más de 57 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PA?S. Pero la cifra fue bajando a ritmo vertiginoso conforme se agudizaba la crisis económica, hasta descender a los 17,5 millones de este a?o. El sindicato UGT, por ejemplo, formó en 2012 a casi 15.000 personas en 834 cursos. En 2013, el número de alumnos bajó a 2.600 y las actividades a 133, y al a?o siguiente el dinero solo alcanzó para 779 personas.
El aumento del paro ha sido determinante en los últimos a?os debido a que el monto de la inversión que destina el Estado a los cursos de formación procede de las nóminas de los trabajadores y de los empresarios. Un portavoz de la Consejería de Economía y Empleo afirmó ayer que desde 2015, cuando se modificó la ley, los cursos ya no son adjudicados directamente a las asociaciones para que los impartan, sino a los centros de formación. Se evitan así intermediarios y la posibilidad de que subcontraten los cursos con terceros. Además, se ha anulado la formación por Internet, al detectarse numerosos fraudes en ella. Es lo que se conoce como caso Aneri.
Entre los cientos de asociaciones, agrupaciones, sindicatos, fundaciones, entidades unipersonales, autoescuelas o academias que recibieron dinero público para la formación, destacan algunas llamativas por su denominación. Entre ellas, la Asociación Sindical de Salchicheros Independientes de Madrid, de la que este periódico no ha conseguido respuesta. Este sindicato recibió en 2011 un total de 19.225 euros, cantidad inferior a la que llegó a la Asociación Sindical de Detallistas de Huevos, Aves y Caza (23.925 euros). La Sindical de los Salchicheros tiene su sede en el paseo de la Infanta Isabel, en las oficinas de Copyme (Confederación General de Peque?as y Medianas Empresas), donde se agrupan otras asociaciones empresariales y sindicales.
El sector de la alimentación también se vio beneficiado con estas ayudas a través de diversas organizaciones, como la Asociación Provincial de Empresarios de Churros y Patatas Fritas de Madrid, que ingresó 21.294 euros. La Asociación de Trabajadores Autónomos Detallistas de Productos de la Pesca y la Acuicultura de Frescos y Congelados ingresó en sus cuentas, con el fin de impartir cursos de formación, un total de 22.725 euros, cantidad muy alejada de los 108.975 euros que recibió su casi homónima Asociación de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados de la Comunidad Autónoma de Madrid. En 2010, estos últimos habían recibido otros 31.620 euros.
Curso de blanqueo
También los servidores públicos, como la Asociación de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa?a, resultó beneficiada. En 2010, obtuvo 24.480 euros para jornadas de formación. La Asociación de Receptores Mixtos de Madrid, en 2009, ingresó 34.400 euros, suma que ascendió a 53.955 euros un a?o después.
Esta entidad agrupa a los establecimientos que, teniendo una actividad concreta (papelerías, restaurantes, quioscos...), venden, además, productos de azar. José María Herrador es su presidente y confirma que recibieron esas cantidades, pero dice que fueron directamente a parar a una academia de Fuenlabrada, donde se impartieron “todos los cursos de formación presenciales, con gran éxito” y a una plataforma online, que los ofreció a través de la Red.
Entre los cursos ofertados se encontraban los denominados Blanqueo de Dinero, Manipulador de Alimentos o Técnicas de Posicionamiento de Páginas Web. Herrador se?ala que fueron de gran interés para los asociados y parados, porque estos temas forman parte de la actividad diaria de los receptores mixtos. “Estamos hablando de apuestas o de crear páginas en Internet para el sector, algo muy importante para nosotros”.
El listado oficial, que incluye cientos de nombres, menciona como receptores del dinero público, entre otros, a la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (101.947 euros en 2011), a la de Oficinas y Despachos y de Servicios Informáticos en General (129.009), a la de Carga Fraccionada (5.495), a la de Clínicas y Entidades sin Internamiento de la Comunidad (39.682 euros) y al Sindicato de Periodistas (44.400).
En la actualidad, los procedimientos de formación subvencionados por la Comunidad de Madrid se encuentran en pleno proceso de revisión debido a las supuestas irregularidades detectadas en el caso Aneri, que está en los tribunales.
CEIM: “Los procesos deben tener toda la transparencia”
“La formación no ha sido un ejemplo de éxito”, dice Juan Pablo Lázaro, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). El directivo afirma que es imprescindible la participación de patronal y sindicatos en el nuevo modelo de ense?anza que está en discusión, porque son los que están en contacto con las necesidades sectoriales. También pide que los procedimientos se lleven a cabo “con toda la transparencia del mundo”.
El secretario de Formación de CC?OO, Javier López, explica que su organización puede estar de acuerdo con el Gobierno en que “el sistema necesitaba una revisión”, pero tiene sus dudas sobre que la solución sea la libre concurrencia. López sostiene que el nuevo modelo ha propiciado la creación de empresas privadas, que conocen mejor los procedimientos para obtener los contratos. Estas expulsan a las universidades y centros de formación profesional (privados y públicos), aunque sean de peor calidad, a?ade.
En UGT también rechazan la modificación legislativa de 2015 que les impide participar en la gestión de la formación. Isabel Vilabella, secretaria de Formación del sindicato, indica que muchas empresas de formación les dicen que les cuesta conseguir alumnos, porque no tienen acceso directo al tejido empresarial. “Al final, la eliminación de patronal y sindicatos provoca que no esté llevando a cabo la formación adecuada, en el momento más necesario, cuando el trabajo escasea”, a?ade.
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