Cuesti¨®n de costes

Era el titular de portada de este diario el jueves 25 de mayo, a cuatro columnas: El Gobierno, dispuesto a todo para impedir el refer¨¦ndum. El subt¨ªtulo precisaba m¨¢s la idea: El Ejecutivo asegura que har¨¢ uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen mundial de la presencia de urnas en Catalu?a. En el desarrollo de la noticia, el clavo era remachado con insistencia: contra otro 9-N, el Gobierno ¡°utilizar¨¢ todos los medios¡±, ¡°haremos lo que haga falta para evitarlo¡±, etc¨¦tera.

Descontada la veracidad de la informaci¨®n, esta resulta m¨¢s inquietante que sorprendente. Inquietante, dado el car¨¢cter gen¨¦rico e indiscriminado de esas expresiones (¡°cualquier instrumento a su alcance¡±, ¡°todos los medios¡±, ¡°lo que haga falta¡±...) que, sin las apostillas propias de un Gobierno de la UE (instrumento democr¨¢tico, medios pac¨ªficos o proporcionados...) parecen m¨¢s propias del lenguaje amenazador y chulesco de un Erdogan o de un Putin.

Desde luego, algunas democracias occidentales han recurrido en ocasiones a medidas de excepci¨®n, incluyendo la suspensi¨®n del autogobierno de un territorio aut¨®nomo o un Estado federado. A lo largo del ¨²ltimo medio siglo, el gobierno brit¨¢nico suspendi¨® repetidamente la autonom¨ªa de Irlanda del Norte y disolvi¨® el Parlamento de Stormont; eso s¨ª, lo hizo en un conflicto armado que iba a acumular m¨¢s de 3.500 muertos. En octubre de 1970, el gobierno federal canadiense aplic¨® a la provincia del Quebec la llamada Ley sobre medidas de guerra y despleg¨® al ej¨¦rcito por Montreal; actuaba de este modo en respuesta a la escalada de actividades terroristas del Front de Lib¨¦ration du Qu¨¦bec (FLQ), que sumaba decenas de atentados con bomba, atracos, secuestros y un pu?ado de asesinatos.

Felizmente, tras casi seis a?os de trayecto y un buen n¨²mero de manifestaciones masivas, el proceso independentista catal¨¢n no ha provocado ni un herido. En estas condiciones, ?el crimen nefando de pretender la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum justificar¨ªa la aplicaci¨®n de los art¨ªculos 116 o 155 de la Constituci¨®n, o el recurso a las Fuerzas Armadas que insinu¨® recientemente la ministra Mar¨ªa Dolores de Cospedal? Ello, ?en el mismo Estado donde, durante los lustros m¨¢s sangrientos de ETA y pese a toda aquella teor¨ªa sobre ¡°el ¨¢rbol y las nueces¡±, a nadie ¡ªa nadie, ni siquiera a Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar o a Jaime Mayor Oreja¡ª se le ocurri¨® la posibilidad de suspender la autonom¨ªa del Pa¨ªs Vasco?

Seg¨²n la informaci¨®n aludida al principio de este art¨ªculo, al Gobierno de Mariano Rajoy le desazona el coste de imagen ¡°de las televisiones internacionales emitiendo noticias de que en una parte de Espa?a se organiza un refer¨¦ndum ilegal¡±. Es comprensible. Pero, a la vez, cabe suponer al Ejecutivo del PP consciente de que, seg¨²n cu¨¢les sean los medios empleados para impedirlo, el coste de imagen mundial puede ser a¨²n m¨¢s oneroso.

A los gobiernos extranjeros se les puede presionar con promesas, amenazas o intercambios de favores, seg¨²n explic¨® cumplidamente el exministro del ramo, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo. Las c¨¢maras legislativas ya resultan menos influenciables. Los medios de comunicaci¨®n y sus periodistas lo son menos todav¨ªa, y las opiniones p¨²blicas de tradici¨®n democr¨¢tica lo son muy poco.

Quiero decir que, seg¨²n mi modesto juicio, a las ciudadan¨ªas neerlandesa, o belga, o escandinavas, o suiza, o austr¨ªaca, o..., les costar¨ªa mucho entender que, para impedir a millones de personas pac¨ªficas el ejercicio del voto (legal, ilegal, simb¨®lico, vinculante o mediopensionista, pero el simple voto), se desplegasen masivamente por las calles catalanas fuerzas policiales o militares, y se bloqueara f¨ªsicamente el acceso a los centros de votaci¨®n, y se suspendiese ¡ªen bloque o por porciones¡ª el autogobierno catal¨¢n, y se proclamara el estado de alarma, de excepci¨®n o de sitio, restringiendo los derechos y libertades que constituyen el fundamento del acquis communautaire.

Porque todos estos escenarios hipot¨¦ticos ¡ªque, al parecer, el Gobierno tiene ya catalogados en un ¡°manual de actuaci¨®n¡± secreto¡ª tambi¨¦n aparecer¨ªan en las cadenas internacionales de televisi¨®n, y en las redes sociales, y en todas partes. A d¨ªa de hoy es inimaginable una actuaci¨®n pol¨ªtico-judicial-de fuerza como la que barajan desde la Moncloa sobre Catalu?a..., y que sea invisible. Ser¨ªa muy visible a nivel mundial y conllevar¨ªa una elevada factura de imagen para Rajoy, para el PP y para la marca Espa?a en todos los terrenos. Antes de actuar, pues, tendr¨¢n que echar cuentas.

Joan b. Culla i Clar¨¤ es historiador